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El pasado 27 de agosto de 2022, Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, hacía el siguiente anuncio en su cuenta de Twitter:
I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022
I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk
A este anuncio se llegó tras las conversaciones mantenidas durante este mes de agosto, habiéndose fijado una fecha límite en el 1 de septiembre, tras ser cambiada la anterior fecha límite del 1 de agosto.
Las tensiones entre Serbia y Kosovo estallaron el mes de agosto particularmente cuando Priština dijo que obligaría a los serbios que viven en el norte, que cuentan con el respaldo de Belgrado, que no reconoce las instituciones de Kosovo desde su declaración unilateral de independencia de Serbia en 2008, a comenzar a usar placas de matrículas de automóviles emitidas en Priština.
Serbia todavía considera legalmente a Kosovo como parte integral de su territorio. La prorrusa Belgrado afirma no haber provocado tensiones y conflictos allí, y acusa a Priština de pisotear los derechos de la minoría serbia. Recordemos que los serbios étnicos representan el 5% de los 1,8 millones de habitantes de Kosovo, que es 90% de etnia albanesa. De modo que en el norte de Kosovo hay de facto una doble administración: serbia y kosovar. Tras la independencia de Kosovo en 2008, Belgrado mantuvo instituciones paralelas, comisarías, tribunales, ayuntamientos, etc. Desde su llegada al poder, el gobierno de Albin Kurti en 2021 ha querido establecer un equilibrio de poder con Serbia para acabar con este sistema, en nombre del principio de "reciprocidad", y con ello afirmar la soberanía.
La situación se calmó después de que el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea, acordase posponer la aplicación de la ley en lo que respecta a las matrículas hasta el 1 de septiembre de 2022, y las fuerzas de paz de la OTAN, o KFOR, presentes desde junio de 1999, supervisasen la eliminación de los controles de carretera establecidos por los serbios. Esto sucedía dentro del marco que vino fijado el año pasado por el anuncio del representante especial de la Unión Europea para el diálogo entre Serbia y Kosovo, Miroslav Lajčák, del acuerdo entre Belgrado y Priština para una desescalada en la frontera común.
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