India y Pakistán chocan de nuevo en Cachemira con un nuevo giro: implicaciones de gran calado en la región del Sur de Asia. Estudio analítico: Parte-1

Inicio la primera parte de una serie de publicaciones sobre un elemento que cuenta con una potencialidad de redefinir el escenario del Sur de Asia.

Estos hechos no vienen solos en sí mismos. En términos generales, percibo una excesiva atención a la cuestión Xi Jinping versus Donald Trump. Pero lo cierto es que los aranceles de Donald Trump, ya lo explicaré detalladamente, buscan golpear objetivos en varias bases capitales para ellos, impedir su entrelazamiento con otros actores a los que Washington hace tiempo que está perdiendo. Así, si nos fijamos, podemos ver cómo las sanciones están golpeando a todas las divisas de Asia Oriental, y el punto intermedio del Sureste de Asia, además del sur de Asia podrían resultar ser un punto interesante, en lo que ya he mencionado anteriormente: crear cortocircuitos.

A lo largo de varias partes, publicaré un estudio analítico donde analizo tanto a Pakistán como a la India, además de China y Estados Unidos, y otros actores con peso específico en la región.

Empiezo por el hecho formal: el atentado del 22 de abril de 2025 y la reivindicación del mismo por el TRF, además de una primera aproximación a diferentes aspectos históricos, culturales, políticos, etcétera que marcan el conflicto.

A continuación, próximamente, iré publicando en forma de monografías diferentes aspectos que convienen ser tratados por separado para poder construir así una atinada radiografía del conjunto, en una deriva cuyo primer eslabón sería un nivel de hostilidades que se podría asemejar a lo visto entre estos actores en 1971.

A pesar de anunciarse una tregua y alto el fuego inmediato con la negociación de Estados Unidos entre la India y Pakistán, conviene que analicemos una serie de puntos clave, independientemente del giro de los acontecimientos.

El inicio formal desencadenante de los hechos: primer acercamiento

Los hecho son los siguientes: el martes, 22 de abril de 2025, se perpetraba el peor ataque contra civiles en valle de Baisaran, en la ciudad turística de Pahalgam, situada en el distrito de Anantnag, a unos 90 kilómetros al sureste de Srinagar, en Jammu y Cachemira, territorio bajo soberanía de la India, al asesinarse por lo menos 26 hombres y resultar heridas otras 17 personas al abrir fuego sobre ellas cuatro hombres armados con rifles automáticos que surgieron de repente de los bosques de alrededor.

Este ataque coincide con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, a la India, en el que el vicepresidente de Estados Unidos y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se comprometieron a aclarar todos los puntos conflictivos de cara a un nuevo acuerdo comercial bilateral para finales de año, con el objetivo declarado de aumentar el comercio hasta 500.000 millones de dólares en 2030. Vance también instó al Quad, con India, Japón y Australia, en los que Japón y Australia empiezan a situarse en unas posiciones contrarias a los deseos de Estados Unidos respecto a China, a aumentar el gasto en defensa y a conceder a Estados Unidos un mayor acceso al mercado de armamento, particularmente restando a Francia y Reino Unido, además de a Rusia. El vicepresidente de Estados Unidos subrayó la importancia de la colaboración entre Estados Unidos e India, tanto en términos comerciales como militares y de defensa. No obstante, hay algo que detecto en la retórica del establishment estadounidense, el que está cuajando en la administración Trump-II, y es algo que parecen no comprender: la India es un gigante religioso y nacionalista con una elevada concepción de sí misma y que aspira a un lugar entre los grandes del mundo. Empezando por el Indo-Pacífico, principal teatro del conflicto chino-estadounidense, pero es allí donde Delhi pretende consolidar su propia esfera de influencia, por no hablar de la dependencia de India respecto a China y Rusia en diferentes factores y elementos capitales, los cuales no pueden funcionar sin ellos ni ser sustituidos, por no hablar de las necesidades de India de mirar hacia Japón, la República de Corea o el espacio de la Unión Europea, entre otras iniciativas de la India. Sobre la India hablaré detalladamente, como actor, en una serie de documentos específicos.

Este atentado del 22 de abril de 2025 se produjo aproximadamente un mes antes del Amarnath Yatra, una importante peregrinación anual a un santuario hindú situado en Anantnag, cuya historia reciente, a partir de 2008, es uno de los factores a tener en cuenta, como mostraré a lo largo de este documento, más abajo.

Se trata del atentado en la India más trágico desde los tiroteos de noviembre en Mumbai en 2008, cuando Lashkar-e-Taiba alcanzó notoriedad mundial tras orquestar una serie de audaces atentados en Mumbai y sitiar la ciudad durante más de 60 horas. El ataque, que causó 166 muertos y más de 300 heridos, impactó el distrito financiero de la India y tuvo como objetivo intencional a occidentales, un centro cultural judío y símbolos de la creciente influencia internacional de la India. 

El ataque del pasado martes 22 de abril de 2025 en Baisaran quebró la relativa calma en la región, que cuenta con la reclamación de su soberanía por parte de Pakistán, y que ha venido experimentando un gran aumento de turistas durante los últimos años a medida que la insurgencia local de carácter anti-India se ha ido diluyendo.

El ataque ha sido reivindicado en su autoría por el Frente de Resistencia, el TRF, grupo fundado en 2019. En un mensaje publicado en Telegram, el TRF se opuso a la concesión de permisos de residencia a personas "foráneas", quienes, según sus críticos, podrían contribuir a que India cambie la demografía de la región en disputa, algo que también explicaré en un futuro documento. "En consecuencia, la violencia se dirigirá contra quienes intenten asentarse ilegalmente", declaran en su canal de Telegram.

Aunque los objetivos del ataque eran "turistas" (es decir, no residentes recién llegados que hacen de Cachemira su hogar), la elección precisamente de Telegram por parte del grupo para reivindicar la responsabilidad no resulta ninguna sorpresa para los que estamos monitoreando esa región del globo; de hecho, es frecuente llamar al TRF “el frente virtual” dentro del aparato de seguridad en Cachemira, porque así es como empezó. De hecho, el TRF expresó su resentimiento por el asentamiento de más de 85.000 "forasteros" en la región. Según el grupo islamista, "los individuos atacados no eran turistas comunes, sino hombres afiliados a agencias de seguridad indias". El TRF advirtió entonces: "Esto no es sólo una advertencia para Delhi, sino también para aquellos que apoyan sus cuestionables estrategias".

Tras la revocación unilateral de la autonomía parcial de Cachemira por parte del gobierno indio en agosto de 2019 e imposición de medidas drásticas que duraron meses, el grupo inició un proceso de consolidación en sus primeras fases mediante la publicación de mensajes en redes sociales, decantándose por Telegram como una de sus predilectas. Al reorganizar Cachemira, el gobierno de la India también extendió el estatus de residencia, que otorga derechos de propiedad de tierras y acceso a cuotas de empleo financiadas por el gobierno, a los no residentes, la supuesta justificación del ataque de Pahalgam.

La policía de Cachemira administrada por la India afirma haber identificado a cuatro sospechosos, dos de los cuales son paquistaníes.

Como resultado, las relaciones entre la India y Pakistán se han tensado.

La India suspendió el Tratado de las Aguas del Indo, firmado el 19 de septiembre de 1960 entre la India y Pakistán y negociado por el Banco Mundial, tratado que delimitó y fijó los derechos y obligaciones de ambos países respecto al uso de las aguas del sistema fluvial del Indo, otorgando el control de las aguas de los ríos occidentales, es decir: el Indo, el Jhelum y el Chenab a Pakistán; y el de los ríos orientales, es decir: el Ravi, el Beas y el Sutlej  a la India. La India permite usos específicos de los tramos occidentales, siempre que sean para fines que no alteren o provoquen pérdida de la masa de agua, como podría ser el caso de la energía hidroeléctrica.

Adicionalmente, la India informa a continuación de que cerraría la frontera entre Attari y Wagah, revocaría la mayoría de los visados emitidos a ciudadanos pakistaníes y expulsaría a varios diplomáticos militares pakistaníes.

En respuesta, Pakistán amenazó con suspender todos los acuerdos bilaterales entre los países, incluido el Acuerdo de Simla, el tratado de paz entre India y Pakistán, firmado el 2 de julio de 1972 en Shimla (India), después de la finalización de la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, que culminó con la derrota de Pakistán y la creación de Bangladesh, y que fue firmado por la primera ministra india, Indira Gandhi, y el presidente pakistaní, Zulfikar Ali Bhutto. El acuerdo tenía como objetivo normalizar las relaciones, establecer un marco bilateral para la resolución de disputas y prevenir futuros conflictos armados. Adicionalmente, Pakistán informa de que cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas indias y tomaría medidas recíprocas para cancelar visados y expulsar a diplomáticos militares, al tiempo que calificó la suspensión por parte de la India del Tratado de las Aguas del Indo como "un acto de guerra".

El conflicto de Cachemira

Descripción atendiendo a la geografía física, política y humana

Resulta este primer apartado clave para la comprensión del conflicto en sus dimensiones, de modo que lo llamaré el primer eslabón.

Así, Cachemira es la región geográfica más septentrional del subcontinente indio.

El topónimo ha experimentado variaciones en cuanto a su aplicación, ya que hasta mediados del siglo XIX, el término Cachemira hacia referencia tan solo al valle de Cachemira, situado en el norte de Jammu y Cachemira, una región de la Cachemira administrada actualmente por la India, y que está rodeado por las cordilleras del Himalaya, delimitado al suroeste por la cordillera de Pir Panjal y al noreste por la cordillera del Gran Himalaya, y que cuenta con unos 135 kilómetros de largo y unos 32 kilómetros de ancho, por el cual fluye el río Jhelum. Desde entonces, el término también ha llegado a abarcar un área mayor que incluye los territorios de Jammu y Cachemira y Ladakh, ambos bajo administración de la India; los territorios de Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán, administrados por Pakistán; y los territorios de Aksai Chin y la región del Trans-Karakoram, administrados por China. Cuenta con una superficie total de aproximadamente 222.200 kilómetros cuadrados.

Actualmente, presenta los siguientes límites políticos: con la Región Autónoma Uigur de Xinjiang al noreste y la Región Autónoma del Tíbet al este (ambas partes de China); con los estados indios de Himachal Pradesh y Punjab al sur; con Pakistán al oeste; y, con Afganistán al noroeste.

Cachemira es predominantemente montañosa, con valles profundos y estrechos y mesetas altas y áridas. Las llanuras relativamente bajas de Jammu y Poonch, en el suroeste, están separadas por las densamente arboladas estribaciones del Himalaya y la cordillera Pir Panjal del Himalaya Menor, de las más extensas, fértiles y densamente pobladas. El valle de Cachemira se puede localizar precisamente al norte a una altitud de unos 1600 metros, constituyendo la cuenca del curso superior del río Jhelum, y se puede hallar aquí la ciudad de Srinagar. Jammu y el valle se encuentran en Jammu y Cachemira, territorio administrado por la India, mientras que las tierras bajas de Poonch se encuentran, en su mayor parte, en Cachemira, territorio administrado por Pakistán.

Al noreste del valle de Cachemira tenemos la parte occidental del Gran Himalaya, con picos de 6.100 metros, y hasta de mayor altitud. Más al noreste hallamos la meseta de Ladakh, alta y montañosa, atravesada por el escarpado valle del río Indo, que fluye hacia el noroeste. A partir de aquí se extiende hacia el noroeste desde el Himalaya los picos de la cordillera del Karakórum, con el llamado K2 (monte Godwin Austen), que con sus 8.611 metros es el segundo pico más alto del mundo, después del Everest.

El clima de la región varía desde el subtropical en las tierras bajas del suroeste hasta alpino en las zonas de alta montaña. Las precipitaciones son variables; son más intensas en las zonas alcanzables por los vientos monzónicos al oeste y al sur de las grandes cordilleras, y sin embargo resultan escasas al norte y al este, donde predominan las condiciones continentales.

Los habitantes de la zona de Jammu son musulmanes al oeste e hindúes al este, y hablan hindi, punjabi y dogri. Los habitantes del Valle de Cachemira y las zonas pakistaníes son mayoritariamente musulmanes y hablan urdu y cachemir. La región escasamente poblada de Ladakh y sus alrededores alberga pueblos tibetanos que practican el budismo y hablan balti y ladakhi.

Aspectos históricos para comprender el conflicto

He aquí el segundo de los aspectos clave para comprender el conflicto.

La región de Cachemira ha sido objeto de disputa entre India y Pakistán desde la partición del subcontinente indio en 1947. Las porciones norte y oeste están administradas por Pakistán y comprenden tres áreas: Azad Cachemira, Gilgit y Baltistán; estos dos últimos forman parte de una única unidad administrativa que recibe actualmente el nombre de Gilgit-Baltistán, mientras que con anterioridad se le llamaba Áreas del Norte. India administra las porciones sur y sureste, Jammu y Cachemira y Ladakh, que se reorganizaron como territorios de la unión en 2019. Las porciones administradas por India y Pakistán están divididas por una "línea de control" acordada en 1972, aunque ninguno de los dos países la reconoce como frontera internacional.

Además, China comenzó a operar en la zona oriental de Cachemira en la década de 1950 y ha controlado la parte noreste de Ladakh (la parte más oriental de la región) desde 1962.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Empecemos por situarnos en las coordenadas históricas básicas, para lo cual nos debemos remontar a la época del Imperio maurya, del que hablé aquí, en el siglo III a.C., momento en que el emperador Ashoka difunde el budismo en la región. La asimilación es tan profunda que entre los siglos IX y XII d. C. la región parece haber alcanzado una considerable importancia como centro de la cultura hindú. Así, una serie de dinastías hindúes gobernaron Cachemira hasta 1346, cuando pasó a manos musulmanas, cuyo dominio sobre la región fue indiscutible durante casi cinco siglos, ante todo con la formación del Imperio Mogol de la India o Gran Mogol, un poderoso Estado túrquico islámico del subcontinente indio, que existió entre los siglos XVI y XIX, y que en su apogeo abarcó la mayor parte de los territorios actualmente correspondientes a la India, Pakistán y Bangladés, llegando a poseer zonas de Afganistán, Nepal, Bután y el este de Irán. En la región de Cachemira la dominación islámica terminó cuando Cachemira fue anexionada al reino sij del Punjab en 1819 y, posteriormente, al reino dogra de Jammu en 1846.

Este momento histórico resulta clave, pues será precisamente con la anexión al reino dogra de Jammu en 1846 cuando la región de Cachemira adquiere su forma contemporánea, mediante los tratados de Lahore y Amritsar al finalizar la Primera Guerra Sij, cuando el rajá Gulab Singh, gobernante doga de Jammu, fue nombrado maharajá, o príncipe gobernante, de un territorio bastante extenso aunque mal definido reino himalayo que queda ubicado en la ambigua ubicación geográfica que se recoge en la fórmula "al este del río Indo y al oeste del río Ravi". Para Gulab Singh, la confirmación del título sobre estos territorios montañosos supuso la culminación de casi un cuarto de siglo de campañas y negociaciones diplomáticas entre los pequeños reinos montañosos situados a lo largo de la frontera norte del imperio sij del Punjab.

El propósito de crear este estado principesco era ayudar a los británicos en su objetivo de poder salvaguardar su flanco norte en su avance hacia el Indo y más allá durante la última parte del siglo XIX, creando este estado que hay que verlo como parte de una compleja zona política de amortiguación interpuesta por los británicos entre su imperio en la India, y los imperios situados al norte de Rusia y China.

Dada la ambigüedad en la definición de los límites geográficos será ya a partir de este momento en el siglo XIX cuando se emprenden ciertos intentos para definir los límites territoriales, pero en muchos casos la naturaleza del país y la existencia de enormes extensiones sin asentamientos humanos permanentes impidieron una definición precisa, ya que, por citar un caso paradigmático, si nos situábamos en el extremo norte, la autoridad del maharajá no había ninguna sombra de duda de que se extendía hasta la cordillera del Karakórum, pero más allá se encontraba una zona discutible en las fronteras de las regiones de Turkistán y Xinjang, en plena Asia Central ya, cuya frontera jamás se llegó a fijar con precisión. Lo mismo sucedía con el trazado de la frontera donde esta zona al norte bordeaba la región conocida como Aksai Chin, que se halla al este, y se unía a la frontera mucho más conocida y fijada con una mayor seguridad y precisión con el Tíbet, que había servido durante siglos como frontera oriental de la región de Ladakh.

No será hasta la última década del siglo XIX cuando el trazado de las fronteras en el noroeste se aclaró en el momento en que el Imperio británico, en negociaciones con Afganistán y Rusia, delimitó las fronteras en la región del Pamir. En ese momento, Gilgit, que siempre se había considerado parte de Cachemira, pasó a constituirse por razones estratégicas como una administración especial en 1889 bajo la autoridad de un agente británico.

Estas debilidades manifiestas en su estructura y periferia no implicaron consecuencias con ningún riesgo mientras el Imperio británico garantizó la existencia del territorio, pero se manifestaron evidentes tras la retirada británica del sur de Asia en 1947.

Al fijarse los términos acordados por la India y Pakistán en la partición del subcontinente indio, los maharajás o gobernantes de los estados principescos, a los que ya he hecho mención, tuvieron derecho a optar por Pakistán o la India o, con ciertas reservas, a permanecer independientes. En el caso que nos ocupa, el maharajá de Cachemira, Hari Singh, fue de la opinión en un momento inicial de que si retrasaba su decisión y se mostraba ambiguo podría mantener la independencia de Cachemira, pero, pronto se vio inmerso en una serie de acontecimientos que incluyeron una revolución entre sus súbditos musulmanes a lo largo de las fronteras occidentales del estado y la intervención de tribus pastunes, cosa que le impulsó a firmar un Instrumento de Adhesión a la Unión India en octubre de 1947. A partir de este momento, Pakistán entra en la escena abiertamente, pues consideraba el estado de Cachemira como una extensión natural de Pakistán, al igual que la India, que pretendía confirmar el acto de adhesión firmado por el maharajá Hari Singh.

Así da lugar el primer conflicto por la región entre India y Pakistán que continuó durante 1948 y terminó, gracias a la intercesión de las Naciones Unidos, mediante un alto el fuego que entró en vigor en enero de 1949. En julio de 1949, la India y Pakistán definieron una línea de alto el fuego, que se convertiría en la llamada Línea de Control (Line of Control, LoC, en inglés) en el Acuerdo de Simla que data de 1972, y que dividía la administración del territorio de Cachemira. Considerada en su momento como una solución provisional, la partición a lo largo de esa línea sigue existiendo.

Así las cosas, dados los hechos históricos, a pesar de que antes de la partición de 1947 existía una clara mayoría musulmana en Cachemira y se podía demostrar de forma convincente su contigüidad económica, cultural y geográfica con la zona de mayoría musulmana del Punjab, los acontecimientos políticos durante y después de la partición dieron lugar a la división de la región de Cachemira. Pakistán pudo controlar un territorio que, aunque de carácter básicamente musulmán, estaba escasamente poblado, era relativamente inaccesible y estaba económicamente subdesarrollado. El grupo musulmán más numeroso, que se ubicaba en el valle de Cachemira, y que se estimaba en más de la mitad de la población de toda la región, se encontraba en el territorio administrado por la India, con sus antiguas vías de salida a través de la ruta del valle de Jhelum bloqueadas.

A partir de este momento se han hecho muchas propuestas para poder poner punto final a la disputa sobre Cachemira, pero lo cierto es que las tensiones entre ambos países después de la incursión de China en Ladakh en 1962 se manifestaron plenamente, llevando al estallido en 1965 de una nueva guerra entre la India y Pakistán. En septiembre de 1965 estableció un alto el fuego, seguido de un acuerdo firmado por ambas partes en Tashkent, actual Uzbekistán, a principios de enero de 1966, en el que se comprometían a intentar poner fin a la disputa por medios pacíficos. No obstante, los combates se reanudaron entre la India y Pakistán en 1971, en el marco de la guerra entre la India y Pakistán que dio lugar a la creación de Bangladesh, hasta ese momento llamado Pakistán oriental, pues fue la provincia oriental de Pakistán entre 1955 y 1971, reestructurada y renombrada a partir de la provincia de Bengala Oriental, y que decidió unirse a Pakistán en lugar de a la India, cuyos límites coinciden con los del Bangladesh actual, limitando con India y Birmania, con la costa en la Bahía de Bengala; de hecho, a los pakistaníes orientales se les conocía popularmente como "bengalíes pakistaníes", pues había que distinguir esta región del estado indio de Bengala Occidental (también conocido como "Bengala india"). Un acuerdo firmado en la ciudad india de Shimla en 1972 convirtió la línea de alto el fuego en línea de control y expresó la esperanza de que, en lo sucesivo, los países de la región pudieran vivir en paz entre sí. Se creía ampliamente que Zulfikar Ali Bhutto, que en aquel momento era el primer ministro de Pakistán, podría haber aceptado tácitamente la línea de control como frontera de facto, aunque más tarde lo negó. Tras la detención de Bhutto en 1977 y su ejecución en 1979, la cuestión de Cachemira volvió a convertirse en la principal causa de conflicto entre la India y Pakistán.

Han existido una serie de movimientos que han perseguido desde diferentes aproximaciones la unión de Cachemira con Pakistán o la independencia de la región tanto de la India como de Pakistán. Para hacer frente a estos movimientos y confrontar a las fuerzas pakistaníes a lo largo de la línea de control, el Gobierno de la Unión India ha mantenido una fuerte presencia militar en la zona, especialmente desde finales de la década de 1980. Hasta 2019, la presencia militar también tenía por objeto apoyar la integridad administrativa del estado de Jammu y Cachemira precisamente ante los movimientos que reclamaban el estatus de territorio de la Unión India para la región budista de Ladakh.

Es por la serie de reveses en los conflictos convencionales y por la falta de avances en el contexto del proceso democrático, y ante el contexto marcado a partir de la invasión soviética de Afganistán en 1979 y su ocupación hasta 1989, dando lugar al conflicto afgano-soviético, junto a los apoyos a grupos en la esfera del islam político que, a finales de la década de 1980 comenzaron a surgir organizaciones militantes en la región de Cachemira, algunas de las cuales hablaré en este documento para la comprensión de lo sucedido y posibles vinculaciones con el TRF. El objetivo de dichas organizaciones militantes no era otro que el de resistir el control del Gobierno de la Unión India. A principios de la década de 1990, la militancia se había convertido en una insurgencia, y la India emprendió una campaña de represión. La intensidad de los combates disminuyó a mediados de la década de 1990, aunque siguieron produciéndose actos violentos ocasionales.

Así, por ejemplo, es preciso señalar la zona de Kargil, al oeste de Kadakh, que ha sido con cierta frecuencia escenario de conflictos fronterizos, como el grave incidente desarrollado en 1999, cuando en su contexto, en mayo de ese año Pakistán intensificó los bombardeos de artillería en el sector de Kargil. Mientras tanto, el ejército indio descubrió que militantes se habían infiltrado en la zona india desde el lado pakistaní y habían establecido posiciones dentro y al oeste de la zona de Kargil. Se produjeron intensos combates que dieron lugar a la llamada Guerra de Kargil, desarrollada entre mayo y julio de 1999, y que se saldó con varios cientos de combatientes muertos en ambos bandos. El ejército indio logró recuperar la mayor parte de la zona del lado indio de la línea de control que había sido ocupada por los infiltrados. Las hostilidades terminaron finalmente cuando el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif dio garantías de que los infiltrados se retirarían.

No obstante, los bombardeos a través de la línea de control continuaron de forma intermitente hasta principios del siglo XXI, momento en que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en 2004. Posteriormente, las tensiones en la región disminuyeron y la India y Pakistán buscaron unas relaciones más cordiales en general y una mayor cooperación regional. En 2005 se inició un servicio limitado de autobuses de pasajeros entre Srinagar y Muzaffarabad, a ambos lados de la frontera, y, tras el devastador terremoto que azotó la región a finales de ese año, la India y Pakistán permitieron a los supervivientes y a los camiones que transportaban suministros de socorro cruzar en varios puntos a lo largo de la línea de control. Además, en 2008, ambos países abrieron por primera vez desde la partición de 1947 las fronteras para el comercio a través de la región de Cachemira; comenzaron a circular camiones con productos locales y manufacturados entre Srinagar y Muzaffarabad y entre Rawalkot (Pakistán) y Poonch (India).

Pero las tensiones han seguido estallando periódicamente en la región. En 2008 y de nuevo en 2010, se produjeron prolongadas protestas violentas por el control de un terreno utilizado por peregrinos hindúes que visitaban el santuario de la cueva de Amarnath, al este de Srinagar, después de que soldados indios mataran a tres aldeanos que, según ellos, eran militantes paquistaníes que intentaban infiltrarse a través de la línea de control. Una investigación posterior reveló que los soldados habían excedido sus facultades legales y el ejército indio admitió, en una rara ocasión, que había cometido una irregularidad.

Un punto especialmente disruptivo: la llegada del Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi al poder; la preeminencia de Hindutva

El siguiente momento de tensiones dio inicio después de que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) lograra unos extraordinarios resultados en las elecciones celebradas en toda la India en 2014, alcanzando una mayoría absoluta en la Lok Sabha, que es la cámara baja del parlamento indio, cosa que le permitió dar inicio a impulsar políticas en todo el país para promover el llamado Hindutva, una ideología política marcada por un tono etnonacionalista de derecha que define la identidad cultural de la India en términos del hinduismo y aspira a convertirla en un estado-nación abiertamente hindú, de la misma manera que se han seguido políticas similares, por ejemplo, en la deriva del Estado de Israel. El término Hindutva fue definido por primera vez a principios de la década de 1920 por un activista y político nacionalista indio llamado Vinayak Damodar Savarkar, y hoy día se asocia principalmente con el  el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), uno de los principales partidos políticos de la India, y con el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, la "Organización Nacional de Voluntarios"), una organización paramilitar nacionalista hindú de carácter apolítico. Los partidarios del Hindutva, que reciben el nombre de hindutvavadis, afirman defender a la importante población mayoritariamente hindú de la India y buscan redefinir la idea del secularismo  consagrada en la constitución india en términos de los derechos hindúes.

Es importante entender que Hindutva como ideología es algo distinto del hinduismo como religión (no todos los seguidores del hinduismo lo profesan), y la definición original de Savarkar lo considera una categoría étnica evitando una connotación religiosa específica. En la práctica actual, la ideología tiende a ser fuertemente prohindú y firmemente antimusulmana. Sin embargo, sus defensores suelen definir Hindutva en términos puramente culturales, como una "forma de vida".

Es en este contexto de 2014 en el que cabe comprender que el partidario de Hindutva, el Bharatiya Janata Party (BJP) incluyera la revocación del estatus especial de Jammu y Cachemira en su programa electoral. 

También en 2014 el BJP se había convertido en el segundo partido con mayor representación en la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira y formó un gobierno de unidad con el Partido Democrático Popular (PDP), ligeramente con algo más de representación en la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira, cuya plataforma se centraba en la implementación del autogobierno en Cachemira.

Cuando el gobierno del primer ministro Narendra Modi asumió el poder en 2014, ofreció una senda hacia la paz a Pakistán, invitando al entonces primer ministro pakistaní Nawaz Sharif y a otros líderes del sur de Asia a su toma de posesión. Modi incluso visitó a Sharif en su cumpleaños en 2015.

Sin embargo, las relaciones entre India y Pakistán se han deteriorado desde entonces.

Tras lo cual llegó un período de crecientes tensiones, que estalló en disturbios en julio de 2016 después de que el comandante de un grupo militante islámico fuera asesinado en una operación de las fuerzas de seguridad indias: India llevó a cabo los llamados "ataques quirúrgicos" dentro de la Cachemira administrada por Pakistán en respuesta a un ataque contra una instalación del ejército indio en Uri.  El Gobierno de la Unión de la India, dominado a nivel nacional por el BJP, comenzó a ejercer un mayor control sobre el estado de Jammu y Cachemira por motivos de seguridad nacional y lanzó una campaña de represión contra los militantes. A finales de 2018, el Gobierno de la Unión disolvió el Gobierno de Jammu y Cachemira y comenzó a gobernar directamente el estado después de que el BJP abandonara la coalición de unidad del estado de Jammu y Cachemira llevándolo a su colapso.

Llegamos al siguiente ciclo electoral, y se repite la promesa electoral del BJP de derogar el Artículo 370 de la Constitución de la India en el programa electoral del BJP para las elecciones a la Cámara baja de la India, Lok Sabha, de 2019; y esta vez, el BJP, como veremos más abajo, cumplió aprovechando el contexto que se le deparó. Adicionalmente, se requiere un documento específico que analice de una forma adecuada tanto el BJP como su ascenso al poder, y sus fundamentos principales, además de interesante simbiosis con la extrema derecha occidental.

Otros aspectos necesarios para mejorar nuestra percepción de los hechos

Estamos, pues, ante los elementos más directos que explican la aparición de hasta tres grupos, entre los cuales se halla el TRF, y a los que hay que sumar el PAFF y la JKGF, particularmente cuando en febrero de 2019 Cachemira vivió su mayor conflicto en décadas.

El 14 de febrero de 2019, un terrorista suicida, Adil Ahmad Dar, que era un joven cachemir local del distrito de Pulwama, vinculado al grupo separatista islamista yihadista Deobandi con base en Pakistán y activo en Cachemira, que persigue separar a Cachemira de la India y fusionarla con Pakistán, llamado Jaish-e-Mohammed (literalmente, "Ejército de Mahoma"; abreviado como JeM).

El yihadismo Deobandi es una interpretación militante y política del islam que se basa en las enseñanzas del movimiento Deobandi, que se originó en el subcontinente indio en el siglo XIX.

Así, Deobandi fue el nombre que recibieron los eruditos musulmanes (ʿulamāʾ) asociados con el movimiento reformista indopaquistaní centrado en la escuela religiosa (dār al- ʿulūm) de Deoband, una ubicación situada en el mundo rural a unos 144 kilómetro aproximadamente al noreste de Delhi, en lo que hoy es el distrito de Saharanpur en Uttar Pradesh, India.

Como tal, fue fundada en 1867, y resultó ser la escuela fue pionera en la transmisión de las ciencias religiosas mediante la organización del personal y la instrucción siguiendo el modelo de las escuelas coloniales británicas. Perseguían el objetivo como escuela de preservar las enseñanzas de la fe en un periodo de dominio no musulmán y cambios sociales considerables, manteniendo a los musulmanes dentro de un estándar de práctica individual correcta. Para ello era fundamental la creación de una clase de eruditos religiosos, los llamados ʿulamā, con una formación oficial y apoyo popular que ejercieran de imanes, guardianes y administradores de mezquitas y tumbas, predicadores, muftíes, guías espirituales, escritores y editores de obras religiosas.

El plan de estudios de la escuela incluía el estudio del arte de recitar el Qurʾān (es decir, tajwīd, que es un conjunto de pautas a partir de las cuales recitar el Qurʾān, y que realmente no es un término coránico, pues más bien es el sistema fundamental de reglas para la pronunciación correcta del Corán tal como se entendía que había sido revelado al profeta Mahoma; o bien, qirāʾāt, que son las ciencias de las “lecturas” coránicas), de la traducción (tarjama) y del comentario del Qurʾān (ya sea tafsīr y uṣūl-i tafsīr como Jalālayn; Shāh Walī Allāh, al-Fawz al-kabīr; al-Bayḍāwī, Anwār; e Ibn Kathīr, Tafsīr). En su primer centenario, en 1967, Deoband contaba con casi 10.000 graduados, entre ellos varios centenares procedentes de países extranjeros.

Los primeros deobandis se asociaron con un cambio de énfasis de las ciencias racionales (al-ʿulūm al-ʿaqliyya) a las ciencias reveladas o tradicionales (al-ʿulūm al-naqliyya) del Corán y, por encima de todas las cosas, del ḥadīth, siguiendo en todo ello a Shāh Walī Allāh Dihlavī (1702-1763), cuyo comentario coránico, que hacía hincapié en el significado claro del Corán, fue muy influyente y cuya traducción del Corán al persa estimuló nuevas traducciones a la lengua indoaria urdu, entre ellas dos realizadas por sus hijos. También se han comprometido firmemente con la tradición jurídica hanafí, una de las cuatro escuelas de pensamiento (madhabs) o jurisprudencia (fiqh) dentro del islam sunní. Los deobandis se encontraban entre los ʿulamāʾ que aprovecharon las nuevas imprentas litográficas para difundir ampliamente los textos sagrados y los materiales vernáculos.

La devoción de los Deobandis por el Corán no era meramente académica, pues también utilizaban secciones del Corán para ʿamaliyyāt, es decir, prescripciones de determinadas oraciones y lecturas destinadas a garantizar objetivos concretos.

La escuela central, así como las escuelas Deobandis de todo el subcontinente indio, siguen enseñando a muchos estudiantes. La corriente apolítica dentro de la enseñanza de la escuela ha tomado forma para muchos en el movimiento pietista, ahora transnacional, movimiento pietista conocido desde la década de 1920 como Tablīghī Jamāʿat; el movimiento ha apreciado especialmente los escritos populares de Mawlānā Muḥammad Zakariyyā Kandhalavī (1897-1982), entre ellos el Faḍāʾil-i Qurʾān (1930) y su discusión de cuarenta ḥadīth.

El movimiento Deobandi experimentó tres oleadas de yihad armada, teniendo su origen la primera de ellas dentro del contexto de la Rebelión india de 1857. A fines de 1979, la frontera entre Pakistán y Afganistán se convirtió en el centro de la tercera ola del movimiento yihadista Deobandi, que fue alimentada por la guerra soviética-afgana. Contó con el apoyo y patrocinio del presidente de Pakistán, Zia-ul-Haq, y su expansión tuvo lugar a través de varias madrasas como Darul Uloom Haqqania y Jamia Uloom-ul-Islamia. El partido político de ideología Deobandi, panislamista y en posiciones propias del conservadurismo social y la extrema derecha, además de sostén del presidente de Pakistán Zia-ul-Haq y sus políticas, fundado en 1980, el Jamiat Ulema-e-Islam (S), brindó apoyo político. Militantes entrenados de la frontera entre Pakistán y Afganistán participaron en la yihad afgana y luego formaron varias organizaciones, incluido el Talibán, constituyéndose en el ejemplo más exitoso del yihadismo Deobandi, que establecieron el gobierno islámico en Afganistán. De hecho, el líder del Jamiat Ulema-e-Islam (S), Sami-ul-Haq, de ahí "(S)" en su nomenclatura, es considerado el "padre de los talibanes".

Para comprender un poco mejor el origen y evolución de la visión Deobandi se hace necesario que comprendamos el compromiso de la política religiosa pastún de la Provincia Fronteriza del Noroeste con la búsqueda de una sociedad y un Estado gobernados por líderes religiosos, algo que preexistió y se mantuvo durante el periodo colonial, prolongándose en el periodo nacional, predominantemente a través de los Ulamā conocidos como Deobandis.

Ulamā, hablando en rigor, resulta ser el plural de ʿalīm, es decir, aquel que posee la cualidad ʿilm, o lo que se entiende por conocimiento, saber, ciencia en el sentido más amplio, y además en un alto grado (mubālag̲h̲a). En el uso, sin embargo, el singular aceptado de ʿulamāʾ es ʿālim. Ambos singulares hallan su reflejo en el texto sagrado y pueden usarse de Allāh y del hombre; pero el plural ʿulamaʾ sólo aparece dos veces en el Ḳurʾān y allí de los hombres (xxvi. 197; xxxv. 25). El plural ʿālimūn aparece cuatro veces: dos de Allāh (xxi. 52, 81) y dos de hombres (xii. 44; xxix. 42).

Estos Ulamā tomaron su título de la madrasa Darul Ulum Deoband, situada en las Provincias Unidas del norte de la India, y saltaron a la fama al defender los intereses musulmanes en la colonial Provincia Fronteriza del Noroeste. Tras la partición del subcontinente indio y la creación de Pakistán en 1947, las Provincias Unidas permanecieron en la India, separando a los eruditos pakistaníes formados en Deoband de los teólogos Deobandis indios y, de hecho, de la propia escuela. Pero estos ulama siguieron llamándose Deobandis y fueron fundamentales para el éxito de la demanda de la declaración constitucional de Pakistán como Estado islámico, y lograron que el islam influyera en la legislación nacional y provincial desde sus puestos en el Parlamento. Cada vez mejor organizados y financiados, los ulama Deobandi de la Provincia Fronteriza del Noroeste establecieron madrasas y mezquitas en la provincia, reforzando el dominio de la religión y su propia autoridad. Cuando comenzó la resistencia afgana a la ocupación soviética en los primeros momentos de la misma, una parte de la organización de la resistencia que trabajaba en el exilio en Peshawar se inclinó hacia las instituciones Deobandi, atrayendo a los ulama Deobandi de la Provincia Fronteriza del Noroeste hacia la yihad. Manteniendo los vínculos con los combatientes afganos incluso después de la retirada de los soviéticos, los Deobandis de la Provincia Fronteriza del Noroeste contribuyeron y alentaron la organización emergente de los talibanes, convirtiéndose en defensores de su versión reaccionaria del islam.

Sobre la cuestión Deobandi y otros aspectos vinculados con ella también se hará preciso un documento específico que trabaje estos puntos, pues es complejo y lleno de matices, y conviene huir de simplificaciones. Por tal motivo conviene que publique en próximas fechas un documento a propósito de este particular.

De modo que, una vez establecido este necesario comentario básico, nos volvemos a situar en el atentado del 14 de febrero de 2019, donde murieron, además de Adil Ahmar Dar, 40 miembros de la Fuerza Policial de Reserva Central de la India, siendo el ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en tres décadas. Con un difícil ciclo electoral a la vista, el Gobierno indio, liderado por el BJP, se vio presionado por sus seguidores para que tomara medidas enérgicas en respuesta.

Días más tarde, el 26 de febrero de 2019 la India ordenó el ataque aéreo de la Fuerza Aérea India (FAI) en Balakot, enviando aviones de combate a través de la línea de control de Cachemira por primera vez en cinco décadas y, posteriormente, afirmó haber llevado a cabo ataques aéreos contra el mayor campo de entrenamiento del grupo militante. Pakistán negó la afirmación, alegando que los aviones habían atacado un campo vacío. Al día siguiente, 27 de febrero de 2019 Pakistán derribó dos aviones indios en su espacio aéreo y capturó a un piloto, y llevó a cabo mediante la Fuerza Aérea de Pakistán (FAP) seis ataques aéreos en varios puntos de Jammu y Cachemira dentro de la llamada Operation Swift Retort. Sin embargo, a pesar del agravamiento de la situación, tanto la India como Pakistán tenían la intención de evitar una escalada, pues es así como cabe entenderse la ofensiva lanzada por Pakistán contra los militantes en su territorio, con detenciones, el cierre de numerosas escuelas religiosas y la promesa de actualizar su legislación vigente. En mayo de 2019, el BJP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones indias, ampliando su representación en la cámara baja del Parlamento.

El 6 de agosto de 2019, el Gobierno de la Unión cumplió la promesa electoral del BJP y tomó medidas para poner fin a la autonomía de Jammu y Cachemira, que quedaba garantizada hasta su derogación en 2019 precisamente por el artículo 370 y el artículo 35A de la Constitución de la India, que otorgaba un estatus especial y un alto grado de autonomía. Desde el principio el artículo 370 se consideró divisivo debido a los privilegios otorgados a Jammu y Cachemira.

Efectivamente, dos meses después de la reelección del primer ministro Narendra Modi y del triunfo del BJP, ambas Cámaras del parlamento de la India aprobaron una resolución que derogaba los Artículos 370 y 35A. El presidente indio, Ram Nath Kovind, pasaba a emitir una orden que declaraba que el Artículo 370 dejaría de operar, excepto una cláusula que decía que todas las disposiciones de la Constitución india se aplicarían plenamente a Jammu y Cachemira.

Según el Artículo 370, la Constitución de la India solo se aplicaba parcialmente al estado de Jammu y Cachemira; la mayoría de las demás disposiciones no eran aplicables, mientras que un pequeño número eran parcialmente aplicables o se aplicaban con modificaciones. En términos generales, los privilegios especiales otorgados a Jammu y Cachemira eran:

• El derecho a su propia constitución, redactada por su propia asamblea constituyente.
• Los poderes del gobierno central sobre Jammu y Cachemira se limitaban a los temas de defensa, asuntos exteriores y comunicaciones.
• Otros poderes constitucionales del gobierno central podrían aplicarse a Jammu y Cachemira sólo con el consentimiento del gobierno estatal .
• La conformidad del gobierno estatal estaría condicionada a la ratificación de la asamblea constituyente del estado.
• El artículo 370 sólo podría ser derogado o modificado por recomendación de la asamblea constituyente del estado.

En 1954, una segunda orden presidencial impulsó el Acuerdo de Delhi y se encargó de implementar las disposiciones financieras que se habían debatido. Se añadió el Artículo 35A a la Constitución, cosa que permitió a la legislatura de Jammu y Cachemira definir a los "residentes permanentes" de su propio estado. Según el Artículo 35A, solo los residentes permanentes podían comprar tierras, votar y postularse a cargos públicos. Los empleos públicos y las prestaciones estatales, como la atención médica gratuita, también se restringieron a los residentes permanentes. Estas disposiciones fueron duramente criticadas por ser discriminatorias, incluso contra la población femenina de Jammu y Cachemira, a quienes se les podía negar la residencia permanente si contraían matrimonio fuera del estado.

El 26 de enero de 1957 entró en vigor la Constitución de Jammu y Cachemira, que contenía esta declaración como punto de cierre constitucional y garantía:

“El Estado de Jammu y Cachemira es y será parte integral de la Unión de la India”.

La asamblea constituyente de Jammu y Cachemira, tras haber logrado su objetivo, se había disuelto un día antes. Esta disolución constituyó la base de varias peticiones presentadas ante los tribunales durante las décadas siguientes, cuestionando la legalidad de ciertas leyes. Estas peticiones argumentaban que, sin el consentimiento de la asamblea constituyente, no se podían modificar las leyes ni las disposiciones constitucionales relacionadas con Jammu y Cachemira, por lo establecido en el artículo 370 de la constitución de la India.

Con el tiempo, los Artículos 370 y 35A se volvieron cada vez más divisivos, pues se daba un descontento generalizado por los privilegios otorgados a Jammu y Cachemira y la restricción a la compra de tierras solo para residentes permanentes. Así, en el año 2008, la controversia sobre la transferencia de tierras de Amarnath desató nuevos disturbios en un estado devastado por décadas de violencia. En mayo de ese año, el gobierno central, liderado en aquel momento por el Congreso Nacional Indio, y el gobierno de Jammu y Cachemira llegaron a un acuerdo para transferir casi 100 acres de tierras forestales a la junta del templo de la cueva de Amarnath, un importante santuario hindú en el valle de Cachemira y lugar de peregrinación anual. El terreno estaba destinado a ser utilizado como refugios temporales e instalaciones para peregrinos.

La agitación comunitaria estalló en todo el estado de Jammu y Cachemira, con líderes separatistas que se oponían a la asignación de tierras a hindúes en una zona de mayoría musulmana, argumentando que afectaría la composición demográfica que precisamente se pretendía proteger a través del Artículo 370 y la ampliación del artículo 35A. El gobierno de Jammu y Cachemira revocó su decisión de asignar las tierras, cosa que provocó nuevas protestas, esta vez de los residentes hindúes de la región de Jammu. La controversia de Amarnath mantuvo a Jammu y Cachemira en un estado de agitación durante los años siguientes: ocasionalmente se produjeron estallidos de violencia, y la propuesta de construir una carretera hacia el santuario desencadenó en más protestas, así como preocupaciones ambientales.

Bien, queda la cuestión de cómo asegurar la derogación del Artículo 370 partiendo de la disolución de la asamblea constituyente de Jammu y Cachemira en 1957, pues recordemos que sin el consentimiento de la asamblea constituyente, el Artículo 370 no podía modificarse de ninguna manera. Para poder sortear esta disposición tan clara pasó a emitirse una orden presidencial el 5 de agosto de 2019, en la que el término "asamblea constituyente" en el Artículo 370 pasaba a definirse como "asamblea legislativa", porque, dado que Jammu y Cachemira aún carecían de un órgano legislativo elegido, el Parlamento de la India pasó a funcionar temporalmente como su legislatura y utilizó ese tecnicismo, en nombre de Jammu y Cachemira, para recomendar la derogación del artículo 370. Una vez hecho esto, fue el parlamento de la India el que promulgó una legislación separada por la cual el estado fue rebajado el estatus del estado al de "territorio de la Unión", lo que permitía al gobierno de la India el control total sobre la gobernanza del nuevo "territorio de la Unión"; y, por último, se preparó legislación que dividía en dos el nuevo territorio de la Unión: el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira por un lado; y, por el otro, el territorio de la Unión de Ladakh.

Después de que el Tribunal Supremo confirmara la constitucionalidad de la maniobra en 2023 y afirmara la gobernanza de Jammu y Cachemira como territorio de la Unión, se celebraron elecciones para reconstituir la Asamblea Legislativa de Jammu y Cachemira en 2024. Cuando el órgano legislativo se reunió de nuevo tras las elecciones, Jammu y Cachemira se unieron a Delhi y Puducherry como los únicos territorios de la Unión con parlamentos elegidos. La policía y el orden público, que antes de 2018 eran administrados de forma autónoma por Jammu y Cachemira, quedaron bajo el control directo del Gobierno de la Unión.

La derogación del artículo 370 resultó tan controvertida como su misma existencia. La intención declarada del Gobierno del BJP al dejar sin efecto la disposición no era otra que buscar la integración plena de Jammu y Cachemira en la India, hacer frente a la insurgencia y el separatismo en la región y mejorar el desarrollo. No obstante, se puede argumentar que el motivo final, además de lo expuesto, era alterar la demografía de la región, de mayoría musulmana. Al eliminar la definición de «residentes permanentes», se permitió a todos los ciudadanos indios comprar tierras en Jammu y Cachemira, lo que permitió la entrada de personas no cachemiras en el territorio de la Unión, lo que podría significar que más hindúes se trasladaran a la región de mayoría musulmana.

Y, efectivamente, el turismo en Jammu y Cachemira se disparó después de que el Gobierno de la Unión tomara el control de la seguridad en el territorio de la Unión y realizara esfuerzos concertados para desarrollar las infraestructuras turísticas y aumentar el número de visitantes a la región, algo que constituye un punto clave en la reivindicación del atentado del pasado 22 de abril de 2025.

Y, por supuesto, las críticas también se dirigieron al proceso por el que se logró la derogación y a la supresión de la condición de estado de Jammu y Cachemira.

Aunque la violencia en el territorio de la Unión disminuyó significativamente a principios de la década de 2020, precisamente estos hechos acaecidos el 22 de abril de 2025 convierten a la región en testigo de un ataque sin precedentes

El otro actor en la región: China

China nunca había aceptado los acuerdos fronterizos negociados por los británicos en el noreste de Cachemira. Esta situación se mantuvo tras la toma del poder por el Partido Comunista de China en 1949, aunque el nuevo Gobierno pidió a la India, sin éxito, que iniciara negociaciones sobre la frontera.

Por sintetizar, diremos que tras el establecimiento de la autoridad china en el Tíbet y su reafirmación en la zona de Xinjang, las fuerzas chinas penetraron en el noreste de Ladakh. Esta acción tiene lugar principalmente porque les permitía construir una carretera militar a través de la meseta de Aksai Chin, cuyas obras finalizaron en 1956-1957, y lograr así mejorar las comunicaciones entre Xinjiang y el Tíbet occidental; además, daba a China el control de los pasos de la región entre la India y el Tíbet. El descubrimiento tardío de esta carretera por parte de la India provocó enfrentamientos fronterizos entre ambos países que culminaron en la guerra chino-india de octubre de 1962. China ocupa la parte nororiental de Ladakh desde el conflicto. La India se negó a negociar con China el trazado de la frontera de Ladakh en esta zona, y el incidente contribuyó de manera significativa a la ruptura diplomática entre ambos países, que no comenzó a sanar hasta finales de la década de 1980. En las décadas siguientes, China trabajó para mejorar sus relaciones con la India, pero no se ha llegado a ninguna solución sobre la disputada frontera de Ladakh, estallando tensiones entre ambos actores. Sobre este particular, y dado que debo trabajar la cuestión en un documento específico sobre las tensiones entre la India y China a partir de 2020 opto por detener aquí el comentario, apuntando a las relaciones entre Pakistán y China también como un factor que conviene seguir, de la misma manera en que se unen esos intereses junto a los rusos en Afganistán.

La mediación de Naciones Unidas

Hasta el momento la Organización de las Naciones Unidas ha venido llevando un papel consultivo en los esfuerzos para el mantenimiento de la paz y el orden en la región de Cachemira a partir de las primeras tensiones tras la independencia y partición de la India británica a partir de 1947.

Fue la India quien llevó la cuestión de la adhesión ya mencionada más arriba de la adhesión del estado principesco de Jammu y Cachemira, con el meollo de la cuestión en el punto en que el maharajá apuesta por la carta de la India por sus intereses tras un proceso en el que buscó su fortalecimiento y el de sus propios intereses, aunque estamos ante un territorio en ese momento con una tendencia histórica clara con el eje en el Islam y una continuidad económica y estructural con el Pakistán por el otro. En este contexto se aprueba la resolución en sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 39 en 1948 que establece la Comisión de las Naciones Unidas para la India y Pakistán, con la finalidad de investigar los desafíos y tratar de mediar entre ambos actores. Después del cese del fuego y de las hostilidades también se establece el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán, cuya finalidad es la supervisión de la línea de alto el fuego.

Tras la creación de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y Pakistán, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba entonces la resolución 47, con fecha de 21 de abril de 1948, para imponer un alto el fuego inmediato y exigir al Gobierno de Pakistán que garantice la retirada del estado de Jammu y Cachemira de los miembros de tribus y ciudadanos pakistaníes no residentes de forma habitual y que hubieran entrado en el estado de Jammu y Cachemira con la finalidad de combatir; mientras que al Gobierno de la India se le insta a reducir sus fuerzas a un número mínimo, tras lo cual debería celebrarse un plebiscito que dirimiera la cuestión sobre la adhesión del estado de Jammu y Cachemira a la India o a Pakistán. A continuación llegó la resolución 51 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirmaba el contenido de las resoluciones 39 y 47. Será a partir de la resolución y del alto el fuego que se alcance, eso sí, un acuerdo de tregua y, finalmente, al acuerdo de Karachi.

La India empezó a exigir un trato asimétrico a ambos países en los acuerdos de retirada, considerando a Pakistán como "agresor", mientras que Pakistán insistía en la paridad. Los mediadores de la ONU tendieron a la paridad, lo cual no satisfizo a India. Finalmente, la retirada nunca se llevó a cabo; la India insistió en que Pakistán debía retirarse primero, y Pakistán sostuvo que no había garantías de que la India se retirara después. El acuerdo entre ambos países sobre el proceso de desmilitarización resultó ser imposible. Las resoluciones 80, 91, 96 y 98 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insisten en la línea de intentar la desmilitarización.

Entre 1953 y 1957 la cuestión de la Cachemira entre la India y Pakistán no formó parte de la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero tanto la India como Pakistán siguieron sus propias agendas con implicaciones para el mismo. Así, Pakistán se integró en la Organización del Tratado del Sudeste de Asia, una organización internacional para la defensa colectiva de la región que tuvo vigencia en ese momento, y en la Organización del Tratado Central, organización que agrupó a Reino Unido, Turquía, Irak, la antigua Persia y el propio Pakistán. A su vez, el nacionalismo indio y sus movimientos empezaron a sentirse con fuerza en India a partir de 1954, con organizaciones como el partido político de ideología hindutva como Bhartiya Jana Sangha y su acción militante para exigir la integración de Jammu y Cachemira en la India como brazo político del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización paramilitar de la derecha nacionalista de la India, del que parte como alma mater toda una pléyade de organiaciones de la llamada Sangh Parivar, que quiere decir en hindi "familia Sangh", que desarrollaron una presencia que influyó decisivamente todas las facetas de la sociedad india, y que incluye al propio Bharatiya Janata Party (BJP) del actual primer ministro de la India, Narendra Modi.

Tal y como he mencionado más arriba, el 26 de enero de 1957 entró en vigor la Constitución de Jammu y Cachemira, que contenía esta declaración como punto de cierre constitucional y garantía:

“El Estado de Jammu y Cachemira es y será parte integral de la Unión de la India”.

Este acto fue el detonante que llevó a Pakistán a apelar al Consejo de las Naciones Unidas. De este arco histórico, que se fija en 1957 viene la resolución 122 del Consejo de las Naciones Unidas, que recuerda a las partes implicadas las anteriores resoluciones, a lo que sigue el rechazo de un proyecto de resolución conjunto mediante veto soviético del 20 de febrero de 1957. Tras la cual llegarán las resoluciones 123 y 126 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que solicitan al presidente del Consejo de Seguridad que examine con las partes cualquier propuesta que sirva para contribuir a la solución del conflicto.

El siguiente marco abarcaría los años 1962 a 1972, y da inicio el día 1 de enero de 1962, cuando Pakistán solicita reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a lo que la India afirma que dicha reunión no era necesaria. El 1 de febrero de 1962 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia deliberaciones sobre la cuestión de Cachemira entre la India y Pakistán, abarcando particularmente entre el 27 de abril y el 22 de junio de 1962.

Justo después de la mencionada Segunda Guerra de Cachemira, que vio la aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas números 209, 210, 211, 214 y 215 en las que se exige un alto el fuego y que los representantes de la India y Pakistán se reúnan con un representante del Secretario General. El conflicto acabó con la firma, tal y como he explicado, de la Declaración de Tashkent, mediada por la Unión Soviética y eludiendo a las Naciones Unidas, dada la postura de la India respecto a la Organización de las Naciones Unidas. La resolución de la cuestión del Pakistán oriental con la aparición de Bangladesh tras la Guerra Indo-pakistaní de 1971, que conoció las resoluciones números 303 y 307 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las que se insta al cese de las hostilidades entre los contendientes, tal y como he comentado, y el ya mencionado acuerdo de Simla de 1972 hacen que la India empiece a endurecer su postura de rechazo a la mediación de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la cuestión de la Cachemira.

Desde 1972 en adelante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dejado de aprobar resoluciones sobre la cuestión de Cachemira entre la India y Pakistán. Esto ha implicado que Pakistán de forma independiente y a través de, por ejemplo, la Organización para la Cooperación Islámica, siga planteando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuestiones sobre este particular. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas se han venido pronunciado a lo largo de estas décadas sobre el particular.

Así, cabe señalar los dos informes publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que abordan un estudio de los derechos humanos en la Cachemira que es administrada por la India y la Cachemira que es administrada por Pakistán.

El primero de los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cuyo frente se hallaba Zeid Ra'ad Al Hussein, y fue publicado el 14 de junio de 2018. Cabe destacar lo siguiente:

• El informe se centra principalmente en la situación de los derechos humanos en el estado indio de Jammu y Cachemira desde julio de 2016 (cuando estallaron manifestaciones grandes y sin precedentes después de que las fuerzas de seguridad indias mataran al líder de un grupo armado) hasta abril de 2018.
• Las fuerzas de seguridad indias utilizaron una fuerza excesiva que provocó asesinatos ilegítimos y un número muy elevado de heridos, citando el informe estimaciones de la sociedad civil de que hasta 145 civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad entre mediados de julio de 2016 y finales de marzo de 2018, y hasta otros 20 civiles fueron asesinados por grupos armados en el mismo período.
• Una de las armas más peligrosas utilizadas contra los manifestantes en 2016, y que señala el informe que en ese momento todavía emplean las fuerzas de seguridad, fue la escopeta de perdigones. Según cifras oficiales, 17 personas murieron por perdigones entre julio de 2016 y agosto de 2017, y 6.221 resultaron heridas por perdigones metálicos entre 2016 y marzo de 2017. Organizaciones de la sociedad civil creen que muchas de ellas han quedado ciegas, ya sea parcial o totalmente.
• “La impunidad por las violaciones de derechos humanos y la falta de acceso a la justicia son desafíos clave en materia de derechos humanos en el estado de Jammu y Cachemira”, afirma el informe, señalando que la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Cachemira) de 1990 (AFSPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira de 1978 (PSA, por sus siglas en inglés) han “creado estructuras que obstruyen el curso normal de la ley, impiden la rendición de cuentas y ponen en peligro el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
• La AFSPA prohíbe el procesamiento del personal de las fuerzas de seguridad a menos que el gobierno indio otorgue permiso previo para procesarlo. «Esto otorga a las fuerzas de seguridad una inmunidad virtual frente al procesamiento por cualquier violación de derechos humanos. En los casi 28 años de vigencia de la ley en Jammu y Cachemira, el gobierno central no ha otorgado ni un solo procesamiento a personal de las fuerzas armadas», señala el informe.
• También existe una impunidad casi total para las desapariciones forzadas o involuntarias, y hay pocos avances hacia la investigación creíble de las denuncias, incluso sobre supuestos lugares de fosas comunes en el valle de Cachemira y la región de Jammu.
• La impunidad crónica por la violencia sexual también sigue siendo una preocupación clave en Cachemira. Un caso emblemático es la violación masiva de Kunan-Poshpora ocurrida hace 27 años, cuando, según los sobrevivientes, soldados violaron en grupo a 23 mujeres. «Los intentos de buscar justicia se han visto denegados y bloqueados a lo largo de los años en diferentes niveles», afirma el informe.
• El informe también señala evidencia de que los grupos armados que han operado en Jammu y Cachemira desde finales de la década de 1980 han cometido una amplia gama de abusos contra los derechos humanos, incluyendo secuestros y asesinatos de civiles, así como violencia sexual. A pesar de que el Gobierno de Pakistán niega cualquier apoyo a estos grupos, el informe señala que varios expertos han concluido que el ejército pakistaní continúa apoyando sus operaciones a lo largo de la Línea de Control.
• El informe también examina diversas violaciones de derechos humanos en la Cachemira administrada por Pakistán que, según el informe, son de diferente calibre o magnitud y de naturaleza más estructural. Además, el informe señala que las restricciones a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación en Azad Jammu y Cachemira y en Gilgit-Baltistán han limitado la capacidad de obtener información sobre la situación.
• Entre los problemas que destaca el informe se encuentra la relación constitucional de estos dos "territorios distintos" con Pakistán. Azad Jammur y Cachemira ha estado bajo el control efectivo de Pakistán a lo largo de toda su historia. Las autoridades federales pakistaníes también tienen pleno control sobre todas las operaciones gubernamentales en Gilgit-Baltistán, y, según se informa, existen agencias federales de inteligencia desplegadas en ambas regiones.
• El impacto de las operaciones antiterroristas pakistaníes en los derechos humanos se detalla en el informe, que señala la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU por la "definición muy amplia de terrorismo establecida en la Ley Antiterrorista". El informe cita a una respetada ONG nacional que descubrió que cientos de personas habían sido encarceladas en virtud de la Ley en Gilgit-Baltistán y que esta se estaba utilizando para atacar a residentes locales que planteaban problemas relacionados con los derechos humanos.
• El informe señaló que las fuerzas de seguridad indias han continuado llevando a cabo arrestos y detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones bajo custodia de presuntos militantes y sus presuntos simpatizantes civiles, y que, en general, gozan de impunidad.
• El informe señala que militantes de ambos lados de la frontera recurrieron a tácticas de intimidación y miedo, y que militantes del lado pakistaní han asesinado a defensores pro-India.
• Entre sus recomendaciones, el informe insta a la India y al Pakistán a respetar plenamente sus obligaciones en materia de derecho internacional en materia de derechos humanos en la Cachemira administrada por la India y la administrada por el Pakistán, respectivamente.
• Se señala que la India debe derogar urgentemente la Ley de Protección de los Derechos de los Ciudadanos (AFSPA); establecer investigaciones independientes, imparciales y creíbles para investigar todos los asesinatos de civiles desde julio de 2016 y todos los abusos cometidos por grupos armados; y brindar reparación y rehabilitación a todas las personas heridas y a las familias de quienes murieron en el contexto de las operaciones de seguridad. Asimismo, la Ley de Protección de los Derechos de los Ciudadanos (PSA) debe modificarse para garantizar su conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y todas las personas en detención administrativa deben ser acusadas o puestas en libertad de inmediato.
• El informe insta a Pakistán a poner fin al uso indebido de la legislación antiterrorista para perseguir a quienes participan en actividades políticas y civiles pacíficas y a quienes expresan su disidencia. Deben enmendarse las secciones de la constitución provisional de Azad Jammu y Cachemira que limitan los derechos a la libertad de expresión y opinión, así como a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Todo activista político, periodista y otras personas condenadas por expresar pacíficamente sus opiniones deben ser puestas en libertad de inmediato. Las constituciones de Azad Jammu y Cachemira y Gilgit-Baltistán también deben enmendarse para poner fin a la criminalización de los musulmanes ahmadíes.   

Pakistán dio su apoyo ampliamente al informe, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de una investigación internacional. En comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pakistán negó cualquier equivalencia con lo que estaba sucediendo en ambos lados de la Línea de Control; el informe también afirmó que "las violaciones en esta área [pakistaní] son ​​de diferente calibre o magnitud y de naturaleza más estructural". Mientras que, en contraste, el informe detallaba abusos significativos en la Cachemira administrada por la India, que abarcaban desde violencia sexual, uso excesivo de la fuerza, tortura y desapariciones forzadas. 

La respuesta de la India tomó el siguiente cariz:

Los medios de comunicación indios también negaron cualquier similitud entre lo que estaba sucediendo en ambos lados, tildando el informe de "estúpido", y aprovechando para calificar al gobierno de Modi de "ingenuidad", mientras que Zeid Raad Al Hussein, Alto Comisionado de los Derechos Humanos en aquel momento, se sugiere en este otro artículo desde la India que es un "islamista" y se le acusa de seguir la línea de Pakistán. Oficialmente, la India rechazó el informe, calificándolo de violación de su "soberanía e integridad territorial", además de ser una "recopilación selectiva de información en gran parte no verificada" que se publicó con sesgo y prejuicios. El portavoz oficial de la India también afirmó que entidades como "Azad Jammu y Cachemira" y "Gilgit-Baltistán" no existían. 

No obstante, tal y como recuerda el propio informe, hay poca información disponible sobre Azad Jammu y Cachemira y Gilgit-Baltistán, cosa que hizo que el equipo encargado de la redacción del informe tuviera serias dificultades a la hora de acceder a información de ambos lados, teniendo que confiar los informes de varios oenegés, comisiones de derechos humanos tanto de la India como de Pakistán, y organizaciones tales como Human Rights Watch, ver este enlace y este otro enlace; The Hindu, RSF y el Centro para la Libertad de Expresión han destacado su preocupación por la libertad de prensa en la India, especialmente en Cachemira; y, Amnistía Internacional con este artículo y este otro artículo.

En concreto, cito textualmente el informe de RSF:

Los medios de comunicación de la India han caído en un estado de emergencia no oficial desde que Narendra Modi llegó al poder en 2014 y propició un espectacular acercamiento entre su partido, el BJP, y las grandes familias que dominan los medios. El magnate Mukesh Ambani, del grupo Reliance Industries y amigo personal del primer ministro, posee más de 70 medios de comunicación seguidos por al menos 800 millones de indios. La adquisición del canal NDTV a finales de 2022 por Gautam Adani, magnate también cercano a Modi, marcó el fin del pluralismo en los medios tradicionales. En los últimos años también se ha visto el auge de los "medios Godi" (un juego de palabras con el nombre de Modi y la palabra para "perros falderos"), medios que mezclan populismo y propaganda pro-BJP. Mediante la presión y la influencia, se está cuestionando el antiguo modelo indio de prensa pluralista. El primer ministro critica duramente a los periodistas, considerándolos "intermediarios" que contaminan su relación directa con sus simpatizantes. Los periodistas indios que critican duramente al gobierno son objeto de campañas de acoso por parte de troles respaldados por el BJP.

Y añade:

La libertad de prensa no se menciona como tal en la constitución, pero está protegida por el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, los gobiernos nunca han rehuido el uso de leyes de la era colonial, como las relacionadas con la sedición, la difamación y las actividades antiestatales, para reprimir a los medios de comunicación. Las leyes antiterroristas se utilizan cada vez más contra los periodistas. El principal partido de la oposición, el Congreso Nacional Indio, y otros partidos regionales también han utilizado disposiciones legales contra periodistas con fines de intimidación y como represalia. Modi ha introducido varias leyes nuevas que otorgarán al gobierno un poder extraordinario para controlar los medios de comunicación, censurar noticias y silenciar a los críticos, incluida la  Ley de Telecomunicaciones  de 2023, el proyecto de Ley de Servicios de Radiodifusión (Regulación) de 2023  y la  Ley de Protección de Datos Personales Digitales de 2023.

Merece subrayarse la forma en que se hace:

Los medios de comunicación de la India se financian principalmente con ingresos publicitarios, cuya principal fuente es el gobierno: bajo el gobierno de Narendra Modi, se han gastado miles de millones de dólares de fondos públicos en publicidad. Tanto el gobierno central como los estatales presionan a los medios para que censuren su contenido mediante esta financiación, de la que dependen muchos pequeños medios de comunicación. Si bien, por un lado, el gobierno ha reforzado su control sobre los medios estatales y privados, la propiedad de los medios se ha concentrado en gran medida en manos de unos pocos conglomerados, en su mayoría aliados del gobierno, como lo demuestra la toma de poder del grupo Adani. Este conglomerado multinacional, liderado por Gautam Adani, un estrecho aliado de Modi con intereses en el desarrollo portuario, la energía y la minería, tomó el control de NDTV, uno de los últimos bastiones del periodismo crítico. 

Al respecto se añade lo siguiente:

La gran diversidad de la sociedad india no se refleja en el panorama mediático. La profesión periodística, especialmente en puestos directivos, sigue siendo prerrogativa de los hombres hindúes de castas superiores, un sesgo que repercute en los enfoques y temas de los artículos e informes. (...) La ideología nacionalista hindú [Hindutva, esta aclaración entre corchetes es mía] está cobrando fuerza. La mayoría de los medios de comunicación, especialmente en hindi, dedican una parte significativa de su tiempo de emisión a noticias religiosas, a veces incitando abiertamente al odio hacia los musulmanes.

La forma en que se gestiona a los medios de comunicación o periodistas que no son afines con las líneas de la "Hindutva" es también interesante:

Con un promedio de tres o cuatro periodistas asesinados en relación con su trabajo cada año, India es uno de los países más peligrosos del mundo para los medios. Los periodistas que critican al gobierno son sometidos rutinariamente a acoso en línea, intimidación, amenazas y ataques físicos, así como a procesos penales y arrestos arbitrarios. Pueden ser víctimas de violencia, por parte de oficiales de policía y activistas políticos, así como de grupos criminales y funcionarios locales corruptos. Los defensores de Hindutva, la ideología de la extrema derecha hindú, llaman a la venganza popular contra los críticos tildados de "traidores" y "antinacionales". Aterradoras campañas coordinadas de odio y llamamientos al asesinato se llevan a cabo en las redes sociales, campañas especialmente violentas cuando se dirigen a mujeres periodistas, cuyos datos personales se divulgan. La situación también sigue siendo muy preocupante en Cachemira, donde los periodistas a menudo son acosados ​​por la policía y los paramilitares, y algunos son sometidos a la llamada detención "provisional" durante varios años.

Sobre la cuestión de Cachemira, a la que se hace referencia en este informe de RSF, pueden verse a lo largo de estos años este artículo, este otro artículo, este otro artículo más y, por último, este artículo.

A su vez, también desde RSF, con actualización con fecha 14 de junio de 2024, tenemos la constatación de que las nuevas autoridades, tanto federales como provinciales de Pakistán, son llamados a abordar los "signos de un alarmante deterioro de la libertad de prensa desde que asumieron el cargo", con "asesinatos de periodistas, una desaparición forzada, detenciones arbitrarias, censura y bloqueo de las redes sociales".

Por tal motivo, desde este artículo publicado en Dawn me voy a permitir señalar dos párrafos:

El hecho de que India esté indignada por la terminología "incorrecta" y critique el informe por utilizar los términos "grupos armados", además de "Azad Cachemira" y "Gilgit-Baltistán", es otro intento de desviar la atención de las cuestiones reales de derechos humanos que aborda el informe.

(...)

El rechazo de la India al informe debe verse no sólo como un rechazo a la investigación de la ONU, sino como un rechazo a todas las investigaciones y documentación de los abusos de los derechos humanos por parte de los organismos de control indios e internacionales.

La misma autora del artículo de Dawn hace las siguientes consideraciones:

Si bien el uso excesivo de la fuerza observado en Cachemira bajo control indio ciertamente no se refleja en Azad Jammu y Cachemira, los lugareños tienen sus quejas.

La prohibición de libros y la disidencia, particularmente cuando se trata de opiniones y aspiraciones políticas de los habitantes de Azad Cachemira, es un problema importante en la región.

Tener que jurar lealtad a Pakistán y a la ideología de la adhesión de Jammu y Cachemira a Pakistán —en contradicción con la postura oficial de Pakistán sobre la autodeterminación de Cachemira— antes de poder presentarse a elecciones o ejercer un cargo público ciertamente margina a los cachemires que tienen una visión diferente de la Cachemira por la que quieren vivir y luchar.

Estas cuestiones, a menudo de naturaleza "estructural", como ha destacado la ONU (ya que están incorporadas en la constitución provisional de Azad Jammu y Cachemira), han aumentado a lo largo de los años la frustración y la agonía de muchos habitantes de Azad Cachemira.

El segundo informe, titulado "Actualización de la situación de los derechos humanos en la Cachemira administrada por la India y la Cachemira administrada por Pakistán de mayo de 2018 a abril de 2019" se publicó el 8 de julio de 2019, bajo la jefatura de Michelle Bachelet, y vemos que las conclusiones resultan ser similares respecto a las continuas violaciones de los derechos humanos en Cachemira.

Se subrayan los siguientes puntos:

• El segundo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la Cachemira administrada por la India y la Cachemira administrada por Pakistán abarca el período comprendido entre mayo de 2018 y abril de 2019.
• El 14 de junio de 2018, el ACNUDH publicó un primer informe sobre la situación de los derechos humanos en la Cachemira administrada por la India y la Cachemira administrada por Pakistán. Ese informe se centró en las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, en particular el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad indias, que provocó numerosas víctimas civiles, detenciones arbitrarias, impunidad por violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos por grupos armados presuntamente apoyados por Pakistán. El informe también examinó la situación de los derechos humanos en la Cachemira administrada por Pakistán y concluyó que las violaciones de los derechos humanos en esa zona eran de carácter más estructural, entre ellas las restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación institucional de los grupos minoritarios y la utilización indebida de las leyes antiterroristas para perseguir a opositores políticos y activistas. El informe formuló una amplia serie de recomendaciones a los Gobiernos de la India y Pakistán y también instó al Consejo de Derechos Humanos a que examinara las conclusiones del informe, incluida la posibilidad de establecer una comisión internacional de investigación para llevar a cabo una investigación independiente y exhaustiva de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Cachemira.
• El 10 de septiembre de 2018, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos, durante su 39º período de sesiones, de que las conclusiones y recomendaciones del informe de la OACDH «no habían dado lugar a mejoras significativas, ni siquiera a debates abiertos y serios sobre la forma de abordar las graves cuestiones planteadas». Además, ni la India ni el Pakistán habían adoptado medidas concretas para facilitar al ACNUDH el acceso incondicional a sus respectivos lados de la línea de control. La Alta Comisionada también informó a los Estados miembros de que el ACNUDH continuaría su labor de vigilancia y presentación de informes sobre Cachemira.
• Como se señala en el informe de 2018, la cantidad y la calidad de la información disponible sobre la Cachemira administrada por la India contrasta significativamente con la de la Cachemira administrada por Pakistán. A pesar de los importantes retos, las oenegés, los defensores de los derechos humanos y los periodistas pueden operar en el estado indio de Jammu y Cachemira, generando documentación sobre las violaciones de los derechos humanos que se cometen allí. Las restricciones a las libertades de expresión, opinión, reunión pacífica y asociación en Azad Jammu y Cachemira y Gilgit-Baltistán han limitado la capacidad de los observadores, incluido el ACNUDH, para evaluar la situación de los derechos humanos en esas zonas.
• Desde la publicación del primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Cachemira, la coalición política que gobernaba el estado indio de Jammu y Cachemira se disolvió y fue sustituida por un gobierno federal directo, también conocido como gobierno del gobernador. En la Cachemira administrada por Pakistán, una sesión conjunta del Consejo de Azad Jammu y Cachemira (AJK) y la Asamblea Legislativa de Azad Jammu y Cachemira aprobó el 1 de junio de 2018 la 13ª enmienda a la Constitución provisional de Azad Jammu y Cachemira. Del mismo modo, las autoridades pakistaníes también han promulgado algunas reformas en Gilgit-Baltistán. Las tensiones entre la India y Pakistán se intensificaron tras el atentado suicida perpetrado el 14 de febrero de 2019 en Pulwama, cuando un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo alcanzó un convoy de las fuerzas de seguridad indias, causando la muerte de 40 soldados de la Fuerza Policial de Reserva Central, una unidad paramilitar federal ampliamente desplegada en la Cachemira administrada por la India.
• El informe criticó las medidas de control de multitudes de la India en la región, afirmando que las fuerzas de seguridad indias utilizaban regularmente escopetas, aunque no se utilizan en ningún otro lugar del país, así como las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y la inmunidad legal de las fuerzas de seguridad.
• El informe criticó además las operaciones de acordonamiento y registro de 2017, que permiten diversas violaciones de derechos humanos, como la intimidación física y las agresiones, la invasión de la privacidad, las detenciones arbitrarias e ilegales, los castigos colectivos y la destrucción de propiedad privada por parte de las fuerzas de seguridad indias.
• El informe también condenó la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, afirmando que seguía siendo un obstáculo clave para la rendición de cuentas.
• El informe mencionaba que la población de Gilgit-Baltistán se veía privada de numerosos derechos humanos fundamentales y que los miembros de partidos políticos nacionalistas e independentistas, así como los periodistas, sufrían amenazas y acoso político.
• Es importante destacar que también insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del que tanto la India como Pakistán son actualmente miembros,  a “considerar… el posible establecimiento de una comisión de investigación para realizar investigaciones internacionales independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Cachemira”.
• Cabe destacar que se relata el período de mayo de 2018 a abril de 2019, y que, por consiguiente, también se refiere al ataque suicida con bomba de Pulwama que mató a unos 40 agentes de seguridad indios y cómo condujo a una mayor tensión en Cachemira en medio de una tensión adicional en las relaciones entre India y Pakistán.

Esta actualización en forma de segundo informe también implicó protestas de las India, rechazándolo y tildándolo de ser un receptáculo de una mentalidad llena de prejuicios, y afirmando que legitima el terrorismo, entre otras cosas que declaró Raveesh Kumar, en aquel momento portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

Por su parte, Pakistán acogió con satisfacción el segundo informe o "Actualización" del primero, que pide la creación de una “comisión de investigación” para investigar las violaciones de los derechos humanos en Cachemira.

Sin embargo, Pakistán se opuso al informe que establecía un paralelismo entre la situación en Jammu y Cachemira y el “entorno prevaleciente en Azad Jammu y Cachemira y Gilgit-Baltistán”. A la que añadió que,

“A diferencia de la Cachemira bajo ocupación de la India, que es la zona más militarizada del mundo, Azad Jammu y Cachemira y Gilgit-Baltistán permanecen abiertos a los visitantes extranjeros” (...) “La única solución a la disputa de Jammu y Cachemira es otorgar al pueblo de Jammu y Cachemira ocupado por la India el legítimo derecho a la autodeterminación, reconocido por numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual es esencial para la seguridad y la estabilidad del sur de Asia y más allá”.

Hasta aquí la primera parte de esta serie de documentos sobre este particular.

Les insto a seguir estas publicaciones con sumo interés.

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