Instituto Symposium

Documento de trabajo

ISSN 2938-0758

Marzo de 2026

Daniel Martín Menjón

Lecciones desde Canadá para una gobernanza global renovada

Nota metodológica

El presente documento adopta un enfoque analítico mixto que combina tres estrategias metodológicas complementarias, cuya explicitación responde a la necesidad de transparencia en los protocolos de investigación.

En primer lugar, el estudio emplea el análisis del discurso político como herramienta para examinar las rupturas retóricas y conceptuales que señalan transformaciones en el orden internacional. El discurso de Mark Carney en Davos (20 de enero de 2026) constituye el punto de entrada analítico no porque se le atribuya causalidad autónoma sobre los procesos que describe, sino porque articula de forma excepcionalmente lúcida una ruptura epistémica — el abandono del relato de un orden basado en reglas por parte de un líder del G7 — que cristaliza tendencias documentadas por la literatura académica durante al menos una década. El protocolo de análisis discursivo sigue las orientaciones de Fairclough (2003) sobre análisis crítico del discurso, atendiendo simultáneamente al texto (elecciones léxicas, metáforas, intertextualidad), a la práctica discursiva (condiciones de producción y recepción del discurso) y a la práctica social (las relaciones de poder que el discurso reproduce o transforma).

En segundo lugar, el documento se fundamenta en una revisión sistemática de literatura académica interdisciplinar que abarca fuentes en castellano, inglés, francés, alemán y otras lenguas. Los criterios de selección bibliográfica priorizan las obras publicadas en editoriales universitarias de referencia y en revistas indexadas con revisión por pares, sin excluir la literatura gris institucional (informes de organismos internacionales, think tanks y centros de investigación) cuando resulta imprescindible para documentar procesos en curso que la literatura académica aún no ha absorbido plenamente. Se ha procurado que el aparato bibliográfico refleje la pluralidad epistemológica que el propio argumento reivindica, incluyendo contribuciones de la escuela anglosajona de relaciones internacionales, la tradición francófona de Bertrand Badie, la Ordnungspolitik alemana de Herfried Münkler, la autonomía relacional latinoamericana de Russell y Tokatlian, la teoría relacional china de Qin Yaqing, y las voces del feminismo y la decolonialidad representadas por Tickner, Enloe, Mignolo y Quijano, entre otros. Las referencias siguen las normas de la séptima edición de la American Psychological Association (APA 7.ª ed.).

En tercer lugar, el documento utiliza el estudio de caso comparativo como estrategia analítica principal. Canadá funciona como caso primario de estudio — un país del G7 que, enfrentado simultáneamente a la hostilidad de su principal socio comercial y a la fragmentación del multilateralismo, ha optado por una combinación de realismo basado en valores, diversificación estratégica y diplomacia de potencia media — complementado por casos secundarios de referencia que incluyen a la Unión Europea (como actor sui generis de poder normativo y regulatorio), Australia (como potencia media aliada que enfrenta dilemas similares de cobertura estratégica), y referencias puntuales a Indonesia, Corea del Sur, Turquía y las potencias medias latinoamericanas. La selección del caso canadiense responde a criterios de relevancia analítica, no a una pretensión de representatividad estadística: el objetivo es la generalización teórica (Yin, 2018), no la inferencia causal.

Limitaciones reconocidas. El presente estudio opera dentro de restricciones que deben explicitarse. Primera, el sesgo temporal: el análisis se concentra en el período 2024-2026, un lapso demasiado breve para evaluar la consolidación o el fracaso de las estrategias de potencia media que se examinan. Segunda, el sesgo de las fuentes: pese al esfuerzo por incorporar perspectivas no occidentales, el aparato bibliográfico refleja inevitablemente el predominio de la producción académica anglófona, un desequilibrio que la disciplina de las relaciones internacionales aún no ha corregido de manera satisfactoria. Tercera, la tensión entre diagnóstico y prescripción: el documento transita entre el análisis descriptivo-explicativo y la formulación de propuestas normativas, una dualidad que exige cautela epistemológica para no confundir lo que es con lo que debería ser. Cuarta, la observación de que un marco analítico centrado en Estados y élites corre el riesgo de reproducir la lógica que dice criticar: este documento analiza el fin de un orden construido por élites occidentales utilizando predominantemente los instrumentos conceptuales de esas mismas élites, una contradicción que se mitiga — pero no se elimina — mediante la incorporación de perspectivas críticas feministas, decoloniales y del Sur Global en los capítulos 11 a 13. Quinta, la pregunta: ¿es la propuesta de un nuevo orden articulado por potencias medias otra «ficción conveniente» producida por académicos e institutos de estudios globales, o una estrategia viable con condiciones, recursos y obstáculos identificables? Las conclusiones del capítulo 15 intentan responder a esta pregunta con la mayor honestidad analítica posible.

Introducción

El 20 de enero de 2026, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, subió al estrado del Foro Económico Mundial de Davos para pronunciar un discurso que, en menos de cuarenta minutos, alteró los términos del debate sobre el futuro del orden internacional. Bajo el título «Principled and Pragmatic: Canada’s Path», Carney describió la arquitectura multilateral construida tras la Segunda Guerra Mundial como «a pleasant fiction» — una ficción conveniente — cuya utilidad había expirado ante la evidencia de que las grandes potencias se eximían de sus obligaciones «when convenient» y que las reglas comerciales se aplicaban de forma asimétrica (Prime Minister of Canada, 2026). La formulación no era meramente retórica: el adjetivo «pleasant» connota complicidad colectiva en el mantenimiento de una ilusión que beneficiaba a quienes participaban en ella, lo que distingue esta declaración de un mero diagnóstico de fracaso institucional.

El presente documento examina las implicaciones teóricas y prácticas de esa ruptura discursiva. Su argumento central sostiene que el desmoronamiento del orden liberal internacional — proceso que Cooley y Nexon (2025) consideran ya consumado — no conduce necesariamente al caos, sino que abre un espacio de agencia para las potencias medias, entendidas no como categoría residual en la jerarquía de poder sino como actores capaces de articular coaliciones, preservar bienes públicos globales y proponer arquitecturas institucionales alternativas. Canadá, bajo el liderazgo de Carney, ofrece un caso de estudio particularmente revelador: un país del G7 que, enfrentado simultáneamente a la hostilidad de su principal socio comercial y a la fragmentación del multilateralismo, ha optado por una combinación de realismo basado en valores, diversificación estratégica y diplomacia de potencia media que desafía las predicciones tanto del neorrealismo clásico como del liberalismo institucional ortodoxo.

El análisis se despliega en siete partes. La primera establece el marco teórico mediante una genealogía del concepto de orden liberal internacional, una lectura detallada del discurso de Davos y un examen de la geoeconomía como nuevo campo de confrontación entre Estados. La segunda parte aborda la teoría de las potencias medias y su aplicación al caso canadiense,. La tercera parte analiza la Unión Europea como actor estratégico, con atención particular a los informes Draghi y Letta, la aceleración de la defensa europea y los modelos de integración demoicrática. La cuarta parte examina tres vectores de transformación sistémica que cualquier análisis del orden internacional debe abordar: la revolución tecnológica y el capitalismo de vigilancia, la crisis climática como vector geopolítico estructurante, y el populismo como erosión democrática endógena. La quinta parte integra el paradigma de la seguridad humana con las perspectivas feministas, poscoloniales y del Sur Global que resultan indispensables para cualquier propuesta de gobernanza genuinamente global. La sexta parte examina la reforma institucional y la gobernanza de los espacios comunes globales — océanos, Ártico y espacio exterior —. La séptima parte sintetiza las conclusiones y formula propuestas con condiciones específicas, recursos necesarios y obstáculos identificables, sometiendo la viabilidad del argumento al escrutinio que merece.

Metodológicamente, el documento combina el análisis del discurso político con la revisión sistemática de literatura académica interdisciplinar, incorporando fuentes en castellano, inglés, francés, alemán y otras lenguas, complementado por un estudio de caso comparativo cuyo diseño y limitaciones se explicitan en la nota metodológica precedente. Las referencias siguen las normas de la séptima edición de la American Psychological Association. Se ha procurado que el aparato bibliográfico refleje la pluralidad epistemológica que el propio argumento reivindica, incluyendo contribuciones de tradiciones académicas diversas — desde el institucionalismo liberal de Ikenberry hasta la colonialidad del poder de Quijano, desde la Ordnungspolitik alemana hasta la autonomía relacional latinoamericana —. Esta diversidad no es un ejercicio decorativo sino una exigencia epistemológica: un documento que diagnostica el fin de un orden construido desde Occidente no puede analizar ese fin exclusivamente con las herramientas conceptuales de Occidente.

PARTE I

MARCO TEÓRICO Y DIAGNÓSTICO

Capítulo 1. El orden liberal internacional: genealogía, crisis y resiliencia

1.1. Genealogía de un concepto disputado

La noción de un orden internacional fundamentado en normas, instituciones y valores liberales posee una genealogía intelectual que se remonta, al menos, al proyecto de paz perpetua formulado por Immanuel Kant en 1795. En su célebre opúsculo, Kant propuso una federación de Estados libres —un foedus pacificum— que, sin constituir un gobierno mundial, establecería las condiciones para la superación gradual de la guerra como instrumento de la política (Bohman y Lutz-Bachmann, 1997). La recepción contemporánea de Kant oscila entre quienes leen su propuesta como un federalismo incremental y quienes la interpretan como una confederación voluntaria, pero en ambos casos el legado kantiano ha proporcionado el sustrato filosófico sobre el que se ha edificado la arquitectura institucional de posguerra.

El tránsito de la filosofía a la práctica institucional se produjo en dos oleadas históricas decisivas. La primera, asociada al internacionalismo wilsoniano de 1919, cristalizó en la Sociedad de Naciones y en la aspiración a un sistema de seguridad colectiva que, como es sabido, fracasó ante la retirada estadounidense y el ascenso de los totalitarismos. La segunda oleada, incomparablemente más exitosa, tuvo lugar entre 1944 y 1951 con la creación del sistema de Bretton Woods, las Naciones Unidas, el Plan Marshall, la OTAN y el GATT. Como documenta Steil (2013) en su reconstrucción minuciosa de la conferencia de Bretton Woods, la arquitectura financiera internacional no fue el resultado de un consenso benigno sino de una pugna geopolítica entre Estados Unidos y el Reino Unido en la que la visión de Harry Dexter White prevaleció sobre la de John Maynard Keynes, estableciendo la hegemonía del dólar como piedra angular del nuevo sistema.

G. John Ikenberry ha proporcionado la formulación teórica más influyente de este orden. En su obra seminal After Victory (2001), Ikenberry argumentó que los órdenes internacionales construidos tras grandes guerras adquieren estabilidad cuando la potencia hegemónica acepta autolimitar su poder mediante instituciones que proporcionan voz y previsibilidad a los Estados subordinados. Su artículo de 2018 en International Affairs, «The End of Liberal International Order?», reconoció que el orden atravesaba una crisis sin precedentes, pero insistió en distinguir entre la crisis del liderazgo estadounidense y la crisis del orden liberal propiamente dicho (Ikenberry, 2018). Esta distinción se desarrolló con mayor amplitud en A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global Order (Ikenberry, 2020), donde trazó la historia del internacionalismo liberal a lo largo de doscientos cincuenta años y sostuvo que la crisis contemporánea es fundamentalmente una crisis de gobernanza americana del orden, no del orden en sí mismo. Más recientemente, Ikenberry (2024) ha actualizado su posición en «Liberal Statecraft and the Problems of World Order», publicado en el número especial de la Oxford Review of Economic Policy coordinado por Susskind y Vines, donde examina cómo las democracias liberales pueden reformular sus estrategias ante la competición geopolítica sin abandonar los principios institucionales que sustentan su ventaja comparativa.

1.2. La tesis de la resiliencia y sus críticos

La posición de Ikenberry no es unánime ni siquiera dentro del campo liberal. Deudney e Ikenberry (2018) articularon la versión más robusta de la tesis de la resiliencia en «Liberal World: The Resilient Order», publicado en Foreign Affairs, donde argumentaron que las bases institucionales del orden liberal son más profundas de lo que suponen sus críticos: están entrelazadas con los intereses de innumerables actores estatales y no estatales, cuentan con precedentes históricos de recuperación tras crisis anteriores y, crucialmente, no enfrentan un modelo alternativo coherente. Este argumento constituye el contraargumento más poderoso a cualquier tesis de declive y, por tanto, resulta ineludible para un análisis riguroso.

Desde el realismo, John Mearsheimer (2019) ofreció la refutación más sistemática en «Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order», publicado en International Security. Para Mearsheimer, el orden liberal fue siempre un fenómeno contingente vinculado al momento unipolar de la posguerra fría; su expansión —mediante la promoción de la democracia, la integración económica y la ampliación institucional— generó las contradicciones que hoy lo corroen, desde el ascenso de potencias revisionistas hasta la reacción nacionalista en las propias democracias occidentales. Patrick Porter (2020), en The False Promise of Liberal Order: Nostalgia, Delusion and the Rise of Trump, radicalizó esta lectura al argumentar que el orden no fue construido sobre un liderazgo benigno sino sobre la coerción, y que la nostalgia por un pasado idealizado impide comprender la naturaleza real de las relaciones de poder internacionales.

El número especial de International Organization publicado con motivo del septuagésimo quinto aniversario de la revista, editado por Lake, Martin y Risse (2021), constituye la evaluación colectiva más autorizada del estado del campo. La introducción de los editores clarificó qué es exactamente «liberal», «internacional» y «ordenado» en el concepto de orden liberal internacional, una distinción analítica cuya ausencia ha generado confusión persistente. Börzel y Zürn (2021) identificaron una transición del «multilateralismo liberal» (lo que denominaron OLI I) a un «liberalismo posnacional» (OLI II) en el que las contestaciones provienen no solo de potencias revisionistas sino de movimientos sociales que consideran insuficiente la dimensión democrática del orden existente. Adler-Nissen y Zarakol (2021) analizaron cómo las luchas por el reconocimiento —el deseo de los Estados de ver afirmada su identidad y estatus— corroen el orden desde dentro, un mecanismo distinto tanto de la competición material como de la contestación normativa. Farrell y Newman (2021) examinaron la «cara de Jano» del orden informacional liberal, demostrando cómo las normas de apertura que definen al orden liberal en el ámbito digital pueden ser instrumentalizadas contra los propios Estados liberales. Y Búzás (2021) introdujo una dimensión habitualmente ausente del debate: el racismo incrustado (embedded racism) en las instituciones liberales internacionales, una perspectiva cuya relevancia se desarrolla con mayor amplitud en el capítulo octavo del presente documento.

1.3. El fin de la hegemonía americana y el orden antiliberal

Cooley y Nexon (2020) desplazaron el foco del debate con Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global Order, donde sostuvieron que el orden internacional global no es sinónimo de la hegemonía estadounidense y que, por tanto, el declive de esta última no implica necesariamente el colapso del primero. Su distinción entre hegemonía y orden permitió conceptualizar un escenario —cada vez más plausible— en el que las instituciones liberales persisten pero sin el respaldo del poder que las creó. En enero de 2025, los propios autores radicalizaron su posición en un artículo publicado en Foreign Affairs bajo el título «Trump’s Antiliberal Order: How America First Undercuts America’s Advantage», donde afirmaron que «la presidencia de Trump no pondrá fin al llamado orden liberal internacional, por la simple razón de que este ya ha terminado» (Cooley y Nexon, 2025). Lo que emerge en su lugar no es el caos sino un orden antiliberal en el que Estados Unidos emplea su poder no para sostener instituciones multilaterales sino para maximizar ventajas bilaterales mediante la coerción económica.

Esta lectura conecta directamente con la formulación de Carney en Davos. Si el orden liberal era una «ficción conveniente» —un relato que todos aceptaban porque resultaba útil—, la novedad del momento presente reside en que la potencia que más se beneficiaba de esa ficción ha decidido abandonarla. La pregunta que estructura el resto de este documento no es, por tanto, si el orden liberal puede restaurarse —la evidencia sugiere que no, al menos en su forma anterior—, sino qué tipo de orden puede construirse en su ausencia y qué papel corresponde a las potencias medias en esa construcción.

1.4. Perspectivas no occidentales: más allá del canon anglosajón

Cualquier diagnóstico del orden liberal internacional que aspire a la validez global debe incorporar las voces de quienes nunca experimentaron ese orden como liberal ni como ordenado. Amitav Acharya (2017) propuso el concepto de «mundo múltiplex» (multiplex world) como alternativa tanto al unipolarismo liberal como al multipolarismo competitivo, describiendo un orden caracterizado por múltiples modernidades, liderazgo compartido y vías de gobernanza diversas. En su obra más reciente, The Once and Future World Order (Acharya, 2025), argumentó que los fundamentos del orden mundial moderno emergieron no en la Europa de Westfalia sino en Sumeria hacia el 2500 a. C., una tesis que desestabiliza la narrativa eurocéntrica sobre la que se construye toda la discusión sobre el «orden liberal».

Desde la academia china, Yan Xuetong (2019) desarrolló en Leadership and the Rise of Great Powers una teoría del «realismo moral» según la cual la calidad del liderazgo —específicamente la autoridad moral, concepto que conecta con la tradición confuciana del wang dao— constituye el factor decisivo en el ascenso y la caída de las grandes potencias. Qin Yaqing (2018), por su parte, ofreció en A Relational Theory of World Politics una alternativa ontológica radical al racionalismo occidental: una concepción de la gobernanza como relación antes que como gestión basada en reglas, fundamentada en la dialéctica del zhongyong (中庸) que privilegia la armonía procesual sobre la resolución definitiva de contradicciones. Estas contribuciones no son meras curiosidades académicas sino propuestas teóricas serias que desafían los supuestos fundacionales del campo de las relaciones internacionales tal como se practica en las universidades occidentales.

Capítulo 2. El discurso de Davos como punto de inflexión

2.1. Contexto, texto y subtexto

Mark Carney pronunció «Principled and Pragmatic: Canada’s Path» el 20 de enero de 2026, en la quincuagésima sexta reunión anual del Foro Económico Mundial, tras ser presentado por Larry Fink, presidente y director ejecutivo (Chairman and CEO) de BlackRock y copresidente interino del Foro Económico Mundial. La elección del presentador no era casual: Fink encarna la intersección entre finanzas globales y gobernanza climática que Carney —exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, exenviado especial de Naciones Unidas para la financiación climática— ha transitado a lo largo de su carrera. El discurso se produjo en un momento de máxima tensión entre Ottawa y Washington: apenas cuatro días antes, el 16 de enero, Carney había firmado en Pekín un acuerdo preliminar con China que Estados Unidos interpretó como una provocación, y la amenaza de aranceles punitivos estadounidenses sobre las exportaciones canadienses era inminente.

La cita textual más significativa del discurso merece reproducción exacta en su contexto inmediato: «Tonight, I’ll talk about a rupture in the world order, the end of a pleasant fiction, and the beginning of a harsh reality where geopolitics — where the large, main power — is submitted to no limits, no constraints» (Prime Minister of Canada, 2026). La expresión «pleasant fiction» —ficción conveniente o agradable— constituye el núcleo retórico del discurso. El adjetivo «pleasant» implica que la ficción no era simplemente falsa sino que resultaba placentera para quienes participaban en ella, lo que connota una complicidad colectiva: todos sabían que el relato del orden basado en reglas era «partially false», que «the strongest would exempt themselves when convenient» y que «trade rules were enforced asymmetrically», pero preferían mantener la ilusión porque los beneficios de hacerlo superaban los costes de confrontar la realidad.

Carney invocó explícitamente a Václav Havel y su ensayo de 1978 «The Power of the Powerless», estableciendo un paralelismo entre la resistencia de los disidentes checoslovacos al sistema soviético y la posición de las potencias medias contemporáneas frente a la hegemonía coercitiva. La referencia a Tucídides y la declaración de que «la nostalgia no es una estrategia» completaron un marco retórico que combinaba realismo clásico con voluntarismo político. Carney adoptó explícitamente el concepto de «realismo basado en valores» acuñado por el presidente finlandés Alexander Stubb, una formulación que intenta superar la dicotomía entre idealismo y realismo mediante la defensa pragmática de principios en un entorno hostil.

2.2. La solidaridad de las potencias medias como estrategia

La dimensión más innovadora del discurso residió en su llamamiento a la acción colectiva de las potencias medias. Carney declaró que «middle powers must act together because if we’re not at the table, we’re on the menu» (World Economic Forum, 2026), una formulación que traduce a lenguaje coloquial la lógica teórica del equilibrio institucional: en ausencia de una potencia hegemónica comprometida con el multilateralismo, las potencias medias deben crear sus propias coaliciones para evitar la marginalización. Propuso un «tercer camino» entre la sumisión a un hegemón y la competición solitaria, articulado en torno a la diversificación comercial, la cooperación en defensa entre aliados democráticos y la defensa selectiva de las instituciones multilaterales que aún conservan funcionalidad.

Las reacciones internacionales confirmaron el impacto del discurso. Stubb lo calificó como «one of the best speeches we’ve heard here in Davos this week». Bob Rae, embajador de Canadá ante las Naciones Unidas, escribió en Policy Magazine que el discurso «will now define the response of the world to the erratic excesses of the hegemons» y lo comparó en importancia con la Gray Lecture de Louis St. Laurent en 1947, considerada el acta fundacional de la política exterior internacionalista de Canadá. Stewart Patrick (2026), del Carnegie Endowment for International Peace, publicó «Carney’s Remarkable Message to Middle Powers», describiéndolo como «la primera vez que el líder de un aliado cercano de Estados Unidos tuvo el valor de plantarse ante el presidente Donald Trump». La respuesta de Trump fue característica: «Canada lives because of the United States… Remember that, Mark», seguida de la revocación de la invitación de Carney a su Consejo de Paz. Nesrine Malik ofreció en The Guardian una perspectiva crítica necesaria al señalar que Carney reconocía la falsedad del orden «once the rot reached his own door», insinuando que el descubrimiento era tardío para quienes habían sufrido las asimetrías del sistema durante décadas.

Capítulo 3. Geoeconomía e interdependencia armada

3.1. De la geopolítica a la geoeconomía

El concepto de geoeconomía fue articulado por Edward Luttwak (1990) en su influyente artículo «From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce», publicado en The National Interest, donde argumentó que, con el fin de la Guerra Fría, la lógica del conflicto se expresaría crecientemente a través de la gramática del comercio. Durante tres décadas, esta intuición permaneció relativamente marginal en la disciplina de las relaciones internacionales, dominada por paradigmas que separaban analíticamente la esfera de la seguridad de la esfera económica. La irrupción de las sanciones como instrumento primario de política exterior, la instrumentalización de las cadenas de suministro y la militarización de las interdependencias financieras han devuelto la geoeconomía al centro del análisis estratégico.

Robert Blackwill y Jennifer Harris (2016) proporcionaron en War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, publicado por Belknap Press de Harvard University Press, la primera taxonomía sistemática de las herramientas geoeconómicas: política comercial, política de inversión, sanciones económicas, política cibernética, ayuda al desarrollo, política financiera y energética. Su argumento central —que Estados Unidos recurría con demasiada frecuencia al instrumento militar cuando el «monedero» podía ser más eficaz que el «fusil»— resultó profético a la luz de los acontecimientos posteriores. Mark Leonard (2021) acuñó en The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict, publicado por Bantam Press, el concepto de «desapaciguamiento» (unpeace) para describir un estado intermedio entre la paz y la guerra en el que las conexiones globales que se suponía promotoras de cooperación se convierten en vectores de conflicto. Leonard identificó tres «imperios de conectividad» —el estadounidense, el chino y el europeo— cada uno con lógicas de poder distintas pero igualmente capaces de instrumentalizar las interdependencias.

3.2. La interdependencia armada: Farrell y Newman

La contribución teórica más influyente en este campo proviene de Henry Farrell y Abraham Newman, cuyo artículo «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion» (2019), publicado en International Security, identificó dos mecanismos mediante los cuales los Estados explotan las estructuras de red de tipo hub-and-spoke que caracterizan la economía global: el «efecto panóptico», que permite a los Estados situados en los nodos centrales de las redes vigilar los flujos de información y transacciones, y el «efecto punto de estrangulamiento» (chokepoint effect), que les permite interrumpir o condicionar el acceso a esas redes. El sistema SWIFT de mensajería financiera, los cables submarinos de fibra óptica y las plataformas tecnológicas estadounidenses constituyen ejemplos paradigmáticos de nodos cuya centralidad otorga poder coercitivo asimétrico.

Farrell y Newman (2023) ampliaron este marco analítico en Underground Empire: How America Weaponized the World Economy, publicado por Henry Holt and Company en Estados Unidos y por Allen Lane en el Reino Unido, donde narraron cómo Estados Unidos «se deslizó sonámbulo hacia una nueva lucha por el imperio» al descubrir y explotar progresivamente la centralidad de sus redes financieras y tecnológicas. La obra, galardonada con el Arthur Ross Book Award, documenta cómo la instrumentalización de las interdependencias ha generado efectos de retroalimentación que amenazan con fragmentar la economía global en bloques tecnológicos y financieros rivales. Su volumen colectivo The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence (Brookings, 2021), con contribuciones de Mastanduno, Goddard, Carpenter y Narlikar, extendió el marco a múltiples ámbitos sectoriales.

3.3. Sanciones, dólar y alternativas monetarias

Agathe Demarais (2022) ofreció en Backfire: How Sanctions Reshape the World Against U.S. Interests, publicado por Columbia University Press, el análisis más completo de las consecuencias no deseadas de las sanciones económicas, demostrando que su uso excesivo no solo erosiona su eficacia sino que incentiva activamente la creación de infraestructuras financieras alternativas. Barry Eichengreen (2011) proporcionó en Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System la referencia canónica sobre la hegemonía del dólar, un privilegio que más recientemente ha analizado en relación con la geopolítica contemporánea (Eichengreen, 2024). La cuestión de la desdolarización, acelerada tras la congelación de los activos del banco central ruso en febrero de 2022, ha generado una literatura creciente que incluye el análisis de Clayton, Dos Santos, Maggiori y Schreger (2025) sobre la estrategia distintiva de internacionalización del yuan en American Economic Review y los estudios sobre la iniciativa de pagos transfronterizos de los BRICS como alternativa a SWIFT.

3.4. La nueva economía de la política industrial

El retorno de la política industrial constituye una de las transformaciones más significativas del panorama geoeconómico contemporáneo. Dani Rodrik anticipó este giro con su análisis del «trilema de la globalización» en The Globalization Paradox (2011), donde argumentó que la hiperglobalización, la soberanía nacional y la política democrática son mutuamente incompatibles: solo dos de las tres pueden coexistir simultáneamente. Más recientemente, Rodrik ha propuesto el concepto de «productivismo» como marco alternativo tanto al neoliberalismo como al proteccionismo, articulado inicialmente en un documento de trabajo de la Kennedy School de Harvard (Rodrik, 2023) y desarrollado como capítulo en Sparking Europe’s New Industrial Revolution (Bruegel Blueprint 33, 2023). El artículo de Juhász, Lane y Rodrik (2024), «The New Economics of Industrial Policy», publicado en Annual Review of Economics, constituye la revisión académica definitiva del resurgimiento de la política industrial, documentando cómo los Estados han abandonado el consenso anti-intervencionista que dominó la disciplina económica durante cuatro décadas.

Rodrik y Walt (2024) extendieron este análisis al ámbito de las relaciones internacionales en «How to Construct a New Global Order», publicado en la Oxford Review of Economic Policy, donde argumentaron que un nuevo orden global debe partir del reconocimiento de que los países tienen «modelos de capitalismo» diversos y legítimos, y que las instituciones internacionales deben acomodar esa diversidad en lugar de imponer convergencia. Roberts y Lamp (2021) ofrecieron en Six Faces of Globalization: Who Wins, Who Loses, and Why It Matters un meta-marco analítico que identifica seis narrativas en competencia sobre la globalización —desde el establishment hasta el populismo de derechas, pasando por el geoeconomismo y el ambientalismo—, una herramienta conceptual particularmente útil para situar los distintos diagnósticos sobre el orden liberal.

El concepto de «policrisis» —la interacción simultánea y mutuamente amplificadora de múltiples crisis sistémicas— ha sido formalizado académicamente por Homer-Dixon et al. (2024) en «Global Polycrisis: The Causal Mechanisms of Crisis Entanglement», publicado en Global Sustainability por Cambridge University Press. Esta noción resulta analíticamente superior a la mera enumeración de crisis porque captura los mecanismos causales mediante los cuales la crisis climática, la fragmentación geoeconómica, la inestabilidad financiera y la erosión democrática se refuerzan mutuamente, generando una complejidad sistémica que desborda la capacidad de respuesta de las instituciones existentes.

PARTE II

POTENCIAS MEDIAS Y EL CASO CANADIENSE

Capítulo 4. Teoría de las potencias medias: evolución y debates contemporáneos

4.1. Orígenes y enfoques clásicos

La categoría de «potencia media» ha recorrido un largo camino desde su formulación inicial en el contexto de la planificación del orden de posguerra. Canadá y Australia fueron los primeros Estados en reivindicar explícitamente este estatus durante las negociaciones que condujeron a la creación de las Naciones Unidas, como documenta Adam Chapnick (2005) en The Middle Power Project: Canada and the Founding of the United Nations, publicado por UBC Press. Chapnick argumentó, no obstante, que la idea de potencia media terminó perjudicando a la diplomacia canadiense al generar expectativas desproporcionadas y una identidad nacional excesivamente dependiente del reconocimiento internacional.

Cooper, Higgott y Nossal (1993) establecieron en Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order, igualmente publicado por UBC Press, la definición conductual que ha dominado el campo durante tres décadas: las potencias medias se definen no por atributos materiales fijos sino por patrones de comportamiento característicos, especialmente la propensión a buscar soluciones multilaterales, a ejercer la «diplomacia de nicho» y a actuar como constructores de coaliciones y mediadores en las instituciones internacionales. Esta definición conductual tenía la virtud de liberar el concepto de la rigidez de las clasificaciones basadas exclusivamente en indicadores cuantitativos —PIB, población, gasto militar—, pero introducía un problema de circularidad: si una potencia media es aquella que se comporta como potencia media, el concepto pierde poder explicativo.

4.2. La distinción de Jordaan y el debate sobre la vigencia del concepto

Eduard Jordaan (2003) introdujo una distinción fundamental entre potencias medias «tradicionales» y «emergentes» en su artículo «The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers», publicado en Politikon: South African Journal of Political Studies (vol. 30, n.º 1, pp. 165-181). Las primeras —Canadá, Australia, los Países Bajos, los países nórdicos— son democracias consolidadas, relativamente igualitarias internamente, que operan dentro del orden liberal existente y buscan reformarlo incrementalmente. Las segundas —Sudáfrica, Brasil, Turquía, Indonesia— son democracias más recientes o incompletas, con mayores desigualdades internas, que aspiran a una revisión más profunda de las estructuras de gobernanza global. Esta distinción, aunque criticada por su binarismo, capturó una tensión real que los enfoques anteriores habían ignorado.

Sin embargo, el propio Jordaan (2017) cuestionó radicalmente la vigencia de su propia categoría en «The Emerging Middle Power Concept: Time to Say Goodbye?», publicado en South African Journal of International Affairs. Su argumento fue que el concepto había perdido precisión analítica al expandirse para incluir a Estados tan diversos que la categoría carecía ya de coherencia interna. Robertson y Carr (2023) radicalizaron esta crítica en «Is Anyone a Middle Power? The Case for Historicization», publicado en International Theory, donde propusieron abandonar el concepto como categoría analítica vigente y sustituirlo por un enfoque historicista que atienda a las condiciones específicas bajo las cuales determinados Estados adoptan —o abandonan— comportamientos asociados al estatus de potencia media. Efstathopoulos (2023), en cambio, argumentó en Australian Journal of International Affairs que el concepto puede revitalizarse si se conecta con los debates de las Relaciones Internacionales Globales (Global IR) sobre la agencia de los actores no hegemónicos, explorando vías alternativas hacia la capacidad de influencia que no se reducen al modelo occidental de diplomacia multilateral.

4.3. Cobertura, autonomía relacional y el momento presente

La teoría de la cobertura (hedging) ha proporcionado un marco analítico complementario para comprender el comportamiento de los Estados que no se alinean inequívocamente con ninguna gran potencia. Cheng-Chwee Kuik (2008), en su artículo fundacional publicado en Contemporary Southeast Asia y galardonado con el premio Michael Leifer, definió la cobertura como un comportamiento de búsqueda de seguro bajo condiciones de alta incertidumbre, identificando las respuestas de Malasia y Singapur ante el ascenso de China como casos paradigmáticos. Kuik y Nur Shahadah Jamil (2024) actualizaron este marco en «The Feasibility and Future of Middle-State Hedging», publicado en East Asian Policy, evaluando la viabilidad contemporánea de las estrategias de cobertura en un entorno de creciente presión para la alineación.

Desde América Latina, Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian (2002) formularon el concepto de «autonomía relacional» en «De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur», publicado en Perfiles Latinoamericanos. A diferencia de la autonomía clásica —concebida como capacidad de acción independiente frente a las grandes potencias—, la autonomía relacional reconoce que la capacidad de agencia se construye en relación con otros actores y que la inserción estratégica en redes internacionales puede ampliar, no reducir, los márgenes de maniobra. Esta contribución latinoamericana resulta particularmente pertinente para comprender la estrategia canadiense bajo Carney, que combina la confrontación selectiva con Washington con la diversificación de vínculos económicos y de seguridad.

El «momento de las potencias medias» ha sido documentado por Stewart Patrick (2026) en un análisis publicado por el Carnegie Endowment for International Peace, donde constató que el orden basado en reglas ha «muerto y ha sido enterrado» y que las potencias medias están respondiendo con una combinación sin precedentes de autonomía estratégica y coordinación minilateral. Patrick catalogó los desarrollos de 2025 que ilustran esta tendencia: el Tratado sobre Pandemias adoptado sin la participación de Estados Unidos, la COP30 que produjo veintinueve acuerdos sin representación estadounidense y la cumbre del G20 en Johannesburgo que procedió sin Washington. Stephen Nagy (2025), del CDA Institute, complementó este análisis identificando un «interregno del orden internacional» en el que las potencias medias invierten crecientemente en arreglos minilaterales —AUKUS, el Quad, acuerdos bilaterales de seguridad— más que en foros exclusivos de potencias medias como MIKTA.

Capítulo 5. Canadá como laboratorio estratégico

5.1. De Trudeau a Carney: continuidad y ruptura

Mark Carney asumió el cargo de primer ministro de Canadá el 14 de marzo de 2025, tras ganar la dirección del Partido Liberal el 9 de marzo con el 85,9 por ciento de los votos, sucediendo a Justin Trudeau. La transición entre ambos líderes combinó elementos de continuidad institucional —Carney heredó el aparato burocrático y la red diplomática de un gobierno liberal que llevaba una década en el poder— con una ruptura de estilo y sustancia estratégica. Donde Trudeau había cultivado una imagen de multilateralismo amable y diplomacia de valores, Carney introdujo un tono más transaccional, anclado en su experiencia como banquero central y gestor de crisis financieras, y una disposición explícita a confrontar tanto a Washington como a Pekín cuando los intereses canadienses lo exigieran.

Es imprescindible clarificar la cronología de los instrumentos de política que se analizan en este capítulo. El documento de defensa «Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada’s Defence» fue presentado el 8 de abril de 2024 por el primer ministro Justin Trudeau y el ministro de Defensa Bill Blair en la base de Trenton, Ontario, once meses antes de que Carney asumiera el poder. Atribuir este documento al gobierno Carney constituye un error que la presente edición corrige. No obstante, el gobierno Carney no se limitó a heredar la política de defensa de su predecesor sino que la amplió radicalmente. El 25 de junio de 2025, en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, Carney anunció un compromiso de gasto en defensa del cinco por ciento del PIB para 2035 —tres coma cinco por ciento destinado a requisitos fundamentales de defensa — lo que la OTAN denomina «core defence requirements» y el gobierno canadiense «core military capabilities», es decir, expansión de las Fuerzas Armadas canadienses y modernización del equipamiento militar — y uno coma cinco por ciento a gasto adyacente a la defensa—, una cifra que representaría aproximadamente ciento cincuenta mil millones de dólares anuales y que constituye el compromiso de defensa más ambicioso en la historia canadiense desde la década de 1950. Esta cifra no debe confundirse con el objetivo del dos por ciento del PIB establecido por la OTAN, que Canadá superaría ampliamente de cumplirse el compromiso de Carney.

5.2. El acuerdo con China: precisiones necesarias

El instrumento firmado entre Canadá y China el 16 de enero de 2026 durante la visita de Carney a Pekín —la primera de un primer ministro canadiense desde 2017— requiere una caracterización precisa. Se trata de un «Preliminary Agreement-in-Principle to Address Economic and Trade Issues between Canada and the People’s Republic of China», según la denominación oficial de Global Affairs Canada. No es un tratado de libre comercio, ni un acuerdo comercial integral, sino un acuerdo preliminar de principio que aborda cuestiones económicas y comerciales específicas. Sus términos incluyen la admisión de cuarenta y nueve mil vehículos eléctricos chinos anuales con un arancel del seis coma uno por ciento, reducido desde el cien por ciento impuesto previamente, y la reducción de los aranceles chinos sobre la canola canadiense de aproximadamente el ochenta y cinco por ciento a aproximadamente el quince por ciento.

Carney fue explícito en descartar cualquier interpretación más amplia del acuerdo. El 26 de enero de 2026, declaró ante la prensa: «We have commitments under CUSMA not to pursue free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no intention of doing that with China or any other non-market economy» (CNBC, 2026). La diferencia entre un acuerdo preliminar de principio y un tratado de libre comercio no es meramente terminológica sino categórica: el primero es un instrumento puntual y reversible; el segundo implica una transformación estructural de la relación económica bilateral. Confundir ambas categorías compromete la credibilidad analítica de cualquier evaluación de la política exterior canadiense.

5.3. La academia canadiense y la reflexión estratégica

La reflexión académica canadiense sobre el papel internacional del país ha experimentado un vigor notable en los últimos años. Roland Paris (2019), de la Universidad de Ottawa, se preguntó en un influyente ensayo publicado por Chatham House si las potencias medias podían «salvar el orden liberal mundial», concluyendo que su capacidad de acción estaba condicionada por la disposición de Estados Unidos a tolerar —o al menos a no sabotear activamente— las iniciativas multilaterales. En un registro más teórico, Paris (2020) examinó en International Organization cómo las ideas heredadas sobre la soberanía —específicamente el «derecho a dominar» de las grandes potencias— plantean desafíos contemporáneos al orden mundial que trascienden la mera distribución de capacidades materiales.

Jennifer Welsh (2016), de la Universidad McGill y exasesora especial del secretario general de Naciones Unidas para la Responsabilidad de Proteger, trazó en The Return of History: Conflict, Migration and Geopolitics in the 21st Century, basada en sus prestigiosas Massey Lectures para CBC, un panorama de las fuerzas —conflicto étnico, migración masiva, rivalidad entre grandes potencias— que habían vuelto a situar la historia en el centro de la política internacional tras la «pausa» posterior a 1989. Stephen Saideman, director de la Canadian Defence and Security Network en la Universidad Carleton, publicó junto con Auerswald y Lagassé Overseen or Overlooked: Legislators, Armed Forces, and Democratic Accountability (Stanford University Press, 2025), una obra comparativa sobre la supervisión parlamentaria de las fuerzas armadas que resulta directamente pertinente para evaluar la rendición de cuentas democrática de los compromisos de defensa asumidos por Carney.

El Centre for International Governance Innovation (CIGI) ha contribuido al debate con su proyecto «Canada at Economic War», lanzado en enero de 2025 y codirigido por Raquel Garbers y Aaron Shull, que analiza la vulnerabilidad canadiense ante la guerra económica con una sofisticación analítica que supera la de muchos informes gubernamentales. El proyecto parte de la premisa de que Canadá se encuentra ya en una situación de confrontación económica con su principal socio comercial y que las herramientas conceptuales y operativas disponibles para gestionar esa confrontación son insuficientes. Asimismo, Agatha Kratz y el equipo de Rhodium Group han documentado en su informe de diciembre de 2025 que, pese a los discursos de «reducción del riesgo» (de-risking) europeos y norteamericanos, la dependencia de insumos críticos procedentes de China no ha disminuido sino que ha aumentado, un hallazgo que contextualiza las dificultades estructurales de la diversificación que Canadá intenta emprender.

PARTE III

LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR ESTRATÉGICO

Capítulo 6. Autonomía estratégica y competitividad europea

6.1. Los informes Draghi y Letta: diagnóstico y prescripción

Dos documentos de referencia publicados en 2024 han reconfigurado el debate sobre la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión Europea. El primero, presentado por Mario Draghi en septiembre de 2024 bajo el título «The Future of European Competitiveness», cuantificó la brecha de inversión europea en una cifra que produjo un impacto político inmediato: entre setecientos cincuenta mil y ochocientos mil millones de euros anuales de inversión adicional —equivalentes a aproximadamente el cuatro coma siete al cinco por ciento del PIB de la Unión—, necesarios para que Europa recupere competitividad frente a Estados Unidos y China en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la energía limpia, la biotecnología y la defensa. El Draghi Observatory del European Policy Innovation Council (EPIC) constató que, en septiembre de 2025, solo el once coma dos por ciento de las trescientas ochenta y tres recomendaciones del informe habían sido plenamente implementadas, con disparidades sectoriales significativas: el transporte alcanzó un veintiséis coma ocho por ciento de implementación y las materias primas críticas un treinta y tres coma tres por ciento, mientras que las tecnologías limpias y la digitalización registraron los peores resultados.

El segundo documento, elaborado por Enrico Letta y titulado «Much More Than a Market: Speed, Security, Solidarity», fue presentado el 17 de abril de 2024 y propuso una reconfiguración del mercado interior europeo en torno a tres ejes: una «quinta libertad» —la libre circulación del conocimiento, que se añadiría a las cuatro libertades clásicas de mercancías, servicios, personas y capitales—, un «vigésimo octavo régimen» de derecho empresarial europeo que permitiría a las empresas operar bajo un marco jurídico único sin necesidad de armonizar las legislaciones nacionales, y la movilización de los treinta y tres billones de euros en ahorro privado europeo mediante una Unión de Ahorro e Inversiones. La complementariedad entre ambos informes es reveladora: donde Draghi cuantificó la magnitud del problema, Letta identificó los instrumentos institucionales para abordarlo.

6.2. La aceleración de la defensa europea

El gasto europeo en defensa ha aumentado un treinta por ciento desde 2021, pero este incremento cuantitativo no se ha traducido aún en un salto cualitativo en capacidades ni en cooperación. Sven Biscop (2024) argumentó en «European Defence: No Zeitenwende Yet», publicado en Defence and Peace Economics, que el apoyo sin precedentes a Ucrania no ha generado el impulso esperado en la cooperación defensiva europea: los Estados miembros han priorizado las adquisiciones nacionales sobre la compra conjunta y las inversiones en capacidades militares propias sobre la construcción de una arquitectura de defensa verdaderamente integrada.

El plan ReArm Europe/Readiness 2030, anunciado el 19 de marzo de 2025, aspira a movilizar hasta ochocientos mil millones de euros adicionales en gasto de defensa hasta 2030, estructurados en tres pilares: la flexibilidad fiscal mediante la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, que liberaría aproximadamente seiscientos cincuenta mil millones; el instrumento SAFE (Security Action for Europe) de ciento cincuenta mil millones en préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión; y la ampliación del crédito del Banco Europeo de Inversiones. La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) cuenta actualmente con setenta y cinco proyectos activos —ochenta y tres en total incluyendo ocho cerrados—, con la participación de veintiséis Estados miembros (todos excepto Malta), tras la sexta oleada aprobada el 27 de mayo de 2025. El Fondo Europeo de Defensa dispone de un presupuesto de aproximadamente siete mil trescientos millones de euros en el marco financiero 2021-2027, ampliado a unos ocho mil millones tras la revisión intermedia. Un dato particularmente significativo es que Canadá se convirtió en el primer país no europeo en unirse al instrumento SAFE, en un acuerdo formalizado en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2026, lo que ilustra la convergencia entre las estrategias de potencia media canadiense y europea que constituye uno de los argumentos centrales de este documento.

6.3. Regulación como poder: el efecto Bruselas

Anu Bradford (2020) acuñó en The Brussels Effect: How the European Union Rules the World el concepto que designa la capacidad de la Unión Europea de proyectar poder global a través de la regulación unilateral: empresas de todo el mundo adoptan los estándares europeos no porque estén legalmente obligadas a hacerlo fuera de la jurisdicción comunitaria sino porque el coste de mantener sistemas duales supera el de la convergencia hacia la norma más exigente. En Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology (Bradford, 2023), galardonado con el premio Stein Rokkan, Bradford identificó tres modelos regulatorios digitales en competencia —el estadounidense, orientado al mercado; el chino, dirigido por el Estado; y el europeo, basado en derechos— atrapados en una rivalidad que configura el futuro de la gobernanza tecnológica global.

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento UE 2024/1689), en vigor desde el 1 de agosto de 2024, constituye la expresión más ambiciosa del efecto Bruselas en el ámbito tecnológico. Su aplicación escalonada establece plazos diferenciados: las prohibiciones de sistemas de riesgo inaceptable —como la puntuación social y la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos— son efectivas desde el 2 de febrero de 2025; las obligaciones para los modelos de inteligencia artificial de propósito general entraron en vigor el 2 de agosto de 2025; y el grueso de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026. La Ley de Materias Primas Críticas (Reglamento UE 2024/1252), en vigor desde el 23 de mayo de 2024, complementa esta arquitectura regulatoria con objetivos cuantificados para 2030: el diez por ciento de extracción doméstica, el cuarenta por ciento de procesamiento, el veinticinco por ciento de reciclaje y un máximo del sesenta y cinco por ciento de dependencia respecto a un solo tercer país en cualquier fase de la cadena de suministro. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) entró en su fase definitiva el 1 de enero de 2026, tras una fase transitoria iniciada en octubre de 2023, obligando a los importadores de cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno a adquirir certificados correspondientes a las emisiones incorporadas, con primera fecha de entrega el 30 de septiembre de 2027.

Capítulo 7. Federalismo, demoicracia y modelos de integración

7.1. Raíces intelectuales del federalismo europeo

La idea de una unión política europea posee una genealogía intelectual que antecede en más de un siglo a la creación de las Comunidades Europeas. Claude-Henri de Saint-Simon y Augustin Thierry publicaron en octubre de 1814, en vísperas del Congreso de Viena, De la réorganisation de la société européenne, ou De la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l’Europe en un seul corps politique, en conservant à chacun son indépendance nationale, una obra que proponía la unión política de Europa mediante un parlamento común, preservando la independencia nacional de cada pueblo. Se trata del primer proyecto federal europeo moderno, directamente verificable en la edición digitalizada de la Bibliothèque nationale de France (ark:/12148/bpt6k83331f). Daniel Elazar (1987) proporcionó en Exploring Federalism la teoría general del federalismo como «combinación de autogobierno y gobierno compartido», trazando una tradición que se remonta a los pactos bíblicos y atraviesa a Althusius, Proudhon y los fundadores de la república americana.

7.2. Demoicracia: una unión de pueblos, no de un pueblo

Kalypso Nicolaïdis ha desarrollado el concepto de «demoicracia» —neologismo deliberado que se escribe con «i» para distinguirlo de «democracia»— como marco normativo para comprender la naturaleza específica de la Unión Europea. Donde la democracia presupone un demos singular, la demoicracia parte de la existencia de múltiples demoi (pueblos) que «gobiernan juntos pero no como uno solo» (Nicolaïdis, 2013). Su artículo «European Demoicracy and Its Crisis», publicado en JCMS: Journal of Common Market Studies, constituye la formulación más citada de esta propuesta. Cheneval y Nicolaïdis (2017) profundizaron en «The Social Construction of Demoicracy in the European Union», publicado en European Journal of Political Theory, argumentando que la demoicracia no es un ideal abstracto sino una práctica socialmente construida que se manifiesta en los mecanismos de reconocimiento mutuo, subsidiariedad y condicionalidad que estructuran el derecho europeo.

Schimmelfennig y Winzen (2020) documentaron en Ever Looser Union? Differentiated European Integration la tendencia creciente hacia la integración diferenciada —geometrías variables, cooperaciones reforzadas, cláusulas de exclusión— que caracteriza a la Unión Europea contemporánea, una tendencia que la demoicracia permite conceptualizar como rasgo constitutivo y no como defecto del modelo. Luuk van Middelaar (2013, 2019) ofreció en The Passage to Europe y Alarums and Excursions una lectura narrativa magistral de cómo la Unión Europea ha transitado de una comunidad basada en reglas a una comunidad que improvisa respuestas políticas ante crisis sucesivas, un proceso que ha fortalecido paradójicamente su capacidad de acción colectiva aunque haya erosionado la elegancia de su diseño institucional.

7.3. Habermas y la constelación posnacional

Jürgen Habermas ha sido el filósofo político que con mayor persistencia ha reflexionado sobre las condiciones de legitimidad de la gobernanza más allá del Estado nación. En The Postnational Constellation: Political Essays (2001; original alemán: Suhrkamp, 1998), Habermas argumentó que la globalización económica ha vaciado de contenido la soberanía democrática estatal y que solo la creación de instituciones posnacionales dotadas de legitimidad propia puede recuperar la capacidad de la política para domesticar los mercados. En The Crisis of the European Union: A Response (2012), aplicó este marco a la crisis del euro y propuso una constitucionalización del derecho internacional europeo que superara el déficit democrático de la Unión. Su artículo «The Crisis of the European Union in the Light of a Constitutionalization of International Law», publicado en European Journal of International Law (2012), desarrolló los fundamentos jurídico-filosóficos de esta propuesta, distinguiendo entre una federación de Estados nación —que la Unión Europea ya no es— y un Estado federal europeo —que tampoco es ni aspira a ser—, para proponer un tertium que combine elementos de ambos modelos.

Anne-Marie Slaughter (2004) complementó esta perspectiva desde el funcionalismo jurídico en A New World Order, donde argumentó que la gobernanza global no requiere instituciones jerárquicas supranacionales sino redes transgubernamentales de reguladores, jueces y legisladores que cooperan a través de las fronteras sin necesidad de un gobierno mundial. Este modelo de «gobernanza en red» describe con notable precisión el funcionamiento real de muchos ámbitos de la regulación europea y global, desde la cooperación entre bancos centrales hasta la armonización regulatoria en materia de competencia y protección de datos.

PARTE IV

VECTORES DE TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

Capítulo 8. Tecnología, capitalismo de vigilancia y soberanía digital

8.1. La revolución tecnológica como transformación del orden internacional

Cualquier análisis del declive del orden liberal internacional que omita la revolución tecnológica como vector de transformación sistémica resulta analíticamente incompleto. La tecnología no es una variable exógena que impacta sobre un orden preexistente, sino un factor constitutivo de la reconfiguración del poder global que opera simultáneamente en tres niveles: redistribuye las capacidades materiales entre Estados y actores no estatales, transforma las estructuras de conocimiento y vigilancia que sustentan la gobernanza, y genera nuevas formas de dependencia y vulnerabilidad que redefinen el significado mismo de la soberanía.

La contribución seminal de Susan Strange (1988) resulta aquí indispensable. En States and Markets, Strange distinguió entre el poder relacional — la capacidad de A de obligar a B a hacer lo que de otro modo no haría — y el poder estructural — la capacidad de moldear los marcos dentro de los cuales todos los actores operan — e identificó cuatro estructuras primarias: seguridad, producción, finanzas y conocimiento. La cuarta estructura — el control sobre los modos autoritativos de interpretación y comunicación — adquiere en la era digital una centralidad que Strange solo pudo intuir. En The Retreat of the State (1996), Strange argumentó que la autoridad estatal se había filtrado «hacia arriba, lateralmente y hacia abajo» debido a la internacionalización de la producción, la revolución de los mercados financieros y la revolución del conocimiento. Tres décadas después, esta tesis se ha radicalizado: no solo el Estado ha perdido autoridad sino que nuevos actores — las corporaciones tecnológicas globales — han adquirido un poder estructural que rivaliza con el de los Estados más poderosos en la estructura del conocimiento y, crecientemente, en las de producción y finanzas.

8.2. Capitalismo de vigilancia y colonialismo de datos

Shoshana Zuboff (2019) proporcionó en The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power la conceptualización más influyente de la nueva forma de acumulación capitalista basada en la extracción de datos conductuales. Zuboff nombra el «capitalismo de vigilancia» como un sistema en el que las corporaciones tecnológicas reclaman unilateralmente la experiencia humana como materia prima, convirtiéndola en «excedente conductual» que alimenta algoritmos de inteligencia de máquina para producir «productos de predicción» comercializados en «mercados de futuros conductuales». Las dinámicas competitivas impulsan a estas corporaciones más allá de la predicción hacia la modificación activa del comportamiento. El «poder instrumentario» que Zuboff identifica — operando no mediante la violencia totalitaria del Estado sino mediante una arquitectura digital ubicua que denomina «Big Other» — constituye una concentración de conocimiento y poder en corporaciones privadas sin precedentes históricos, amenazando la autonomía y la democracia a escala global.

Nick Couldry y Ulises Mejías (2019) ofrecieron en The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism una perspectiva complementaria pero analíticamente distinta. Donde Zuboff enmarca el capitalismo de vigilancia como una forma nueva de acumulación, Couldry y Mejías argumentan que la dataficación pervasiva constituye una nueva fase de apropiación colonial-capitalista que extiende la lógica extraccionista longeva del capitalismo — convirtiendo ahora la vida humana misma en mercancía —. Su concepto de «colonialismo de datos» establece un paralelismo estructural con el colonialismo histórico: así como este apropió tierra, cuerpos y recursos naturales, el colonialismo digital apropia relaciones sociales, afectos y patrones de comportamiento. Este marco resulta particularmente pertinente para el análisis del orden internacional porque aborda directamente las asimetrías de poder entre el Norte y el Sur Global: las comunidades del Sur se convierten en proveedoras de datos — materia prima — sin participar en la elaboración de las reglas que rigen su extracción, en una reproducción digital de las relaciones de dependencia centro-periferia que la teoría de la dependencia latinoamericana describió hace medio siglo.

Kate Crawford (2021) radicalizó este análisis en Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, donde argumentó que la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente, sino una tecnología de extracción que opera en tres niveles simultáneos: desde los minerales extraídos de la tierra (litio, cobalto, tierras raras), hasta el trabajo extraído de trabajadores mal pagados (los anotadores de datos del Mechanical Turk, los moderadores de contenido en condiciones de precariedad), hasta los datos tomados de la actividad humana (la recolección no autorizada de imágenes faciales, la captura masiva de contenido textual para entrenar modelos de lenguaje). Crawford demuestra que la IA centraliza el poder en un número reducido de corporaciones y Estados, acelerando dinámicas de gobernanza antidemocrática, y que sus costes — energéticos, ambientales, laborales — son invisibilizados por una narrativa de progreso y eficiencia que oculta relaciones de explotación.

8.3. La soberanía digital como campo de confrontación geopolítica

La competición tecnológica entre Estados Unidos y China ha transformado la soberanía digital en un eje central de la rivalidad geopolítica. Anu Bradford (2023) identificó en Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology tres modelos regulatorios en competencia: el estadounidense, orientado al mercado y favorable a la innovación corporativa con mínima intervención estatal; el chino, dirigido por el Estado y orientado al control social y la competitividad estratégica; y el europeo, basado en derechos fundamentales y orientado a la protección del individuo. Estos tres «imperios digitales» compiten por exportar sus marcos regulatorios, generando una fragmentación normativa que Farrell y Newman (2019) conceptualizaron como la instrumentalización de la interdependencia digital: el control sobre los nodos centrales de las redes tecnológicas globales — cables submarinos, centros de datos, sistemas operativos, plataformas de computación en la nube — otorga a los Estados situados en esos nodos una capacidad de vigilancia (el «efecto panóptico») y de interrupción (el «efecto punto de estrangulamiento») que transforma las infraestructuras de conectividad en armas geoeconómicas.

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento UE 2024/1689), la legislación más ambiciosa del mundo en materia de regulación de la IA, ilustra el intento europeo de proyectar poder normativo en el ámbito digital mediante el «efecto Bruselas». Su enfoque basado en el riesgo — prohibiendo las aplicaciones de riesgo inaceptable, regulando estrictamente las de alto riesgo y dejando libertad a las de riesgo bajo — aspira a convertirse en estándar global, del mismo modo que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 2016 reconfiguró las prácticas de tratamiento de datos en todo el mundo. El Pacto Digital Global, adoptado el 22 de septiembre de 2024 como anexo al Pacto para el Futuro de Naciones Unidas, añade una capa multilateral a esta gobernanza fragmentada, aunque sus instrumentos — el Panel Científico Internacional sobre IA y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA — carecen de poder vinculante.

8.4. Implicaciones para las potencias medias

Para las potencias medias como Canadá, la revolución tecnológica plantea un dilema estratégico que la doctrina clásica de las potencias medias no contempló: en un mundo donde el poder estructural reside crecientemente en las corporaciones tecnológicas y en los Estados que las albergan, ¿cómo puede un Estado intermedio preservar su autonomía digital sin caer en el proteccionismo tecnológico ni en la dependencia estratégica? La respuesta canadiense — combinando la regulación europea basada en derechos con la estrategia de minerales críticos que posiciona a Canadá como proveedor alternativo a China (Government of Canada, 2022; Hira, 2025) — sugiere que las potencias medias pueden encontrar nichos de influencia en la cadena de valor tecnológica global sin aspirar a competir frontalmente con las superpotencias tecnológicas. Como argumentó Katharina Pistor (2019) en The Code of Capital, la codificación jurídica es el mecanismo fundamental mediante el cual los activos adquieren valor y las desigualdades se perpetúan; en consecuencia, el poder normativo — la capacidad de escribir las reglas que gobiernan los activos digitales — puede resultar tan decisivo como la capacidad de producir los activos mismos.

Capítulo 9. La crisis climática como vector estructurante del orden internacional

9.1. Del medio ambiente a la geopolítica climática

La crisis climática ha trascendido su condición de problema medioambiental para convertirse en un vector estructurante del orden internacional que reconfigura simultáneamente las relaciones de poder entre Estados, las cadenas de valor globales, los flujos migratorios y la legitimidad de las instituciones de gobernanza. Esta transformación exige un tratamiento analítico que supere la compartimentación disciplinar entre los estudios de seguridad, la economía política internacional y la ciencia ambiental.

El Informe de Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluyó la seguridad ambiental entre las siete dimensiones de la seguridad humana, anticipando por tres décadas la centralidad que la crisis climática adquiriría en el debate sobre el orden internacional. Sin embargo, la integración analítica de la geopolítica climática en la teoría de las relaciones internacionales ha sido tardía e insuficiente. La disciplina ha tendido a tratar el cambio climático como una «amenaza no tradicional» que se añade al catálogo de problemas sin alterar las categorías fundamentales de análisis — Estado, poder, soberanía, orden — cuando, en realidad, la crisis climática transforma cada una de esas categorías.

9.2. Justicia climática y distribución global de cargas

La dimensión de justicia distributiva de la crisis climática resulta analíticamente inseparable de la cuestión del orden internacional. Henry Shue (2014) articuló en Climate Justice: Vulnerability and Protection la distinción fundacional entre las «emisiones de subsistencia» de los pobres y las «emisiones de lujo» de los afluentes, argumentando que los tratados climáticos deben cargar más pesadamente sobre los países ricos industrializados, responsables históricos de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Simon Caney (2005) formalizó esta intuición mediante una aplicación de la teoría de la justicia cosmopolita al reparto de cargas climáticas, argumentando que todos los seres humanos tienen igual valor y derecho a un entorno seguro, independientemente de su nacionalidad — un principio que, de tomarse en serio, exigiría una redistribución masiva de recursos desde el Norte hacia el Sur Global que las instituciones existentes no están diseñadas para canalizar —.

La tensión entre justicia climática y competitividad económica se expresa con particular agudeza en el diseño del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que entró en su fase definitiva el 1 de enero de 2026. Concebido para evitar la «fuga de carbono» — el desplazamiento de la producción emisora hacia jurisdicciones con regulación menos exigente —, el CBAM ha sido criticado desde el Sur Global como una barrera comercial unilateral disfrazada de política ambiental que penaliza a los países en desarrollo sin compensar adecuadamente sus necesidades de industrialización. Esta crítica conecta directamente con la observación de Ha-Joon Chang (2002) de que los países industrializados «patearon la escalera» al prescribir a los países en desarrollo las políticas de libre mercado que ellos mismos nunca practicaron durante sus procesos de industrialización.

9.3. La transición energética como revolución geopolítica

Thijs Van de Graaf y Benjamin Sovacool (2020) argumentaron en Global Energy Politics que la transición energética en curso es tan geopolíticamente transformadora como las transiciones de la madera al carbón y del carbón al petróleo. Daniel Yergin (2020) complementó esta perspectiva en The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations, examinando cómo la revolución del shale, el ascenso de China y la transición energética remodelan simultáneamente la geopolítica global. El Handbook on the Geopolitics of the Energy Transition editado por Hafner y Tagliapietra (2022) para Edward Elgar proporcionó el primer tratamiento comprehensivo de las múltiples dimensiones de esta reconfiguración: la rivalidad sino-estadounidense por la cadena de valor de las energías renovables, las respuestas de los petroestados ante la devaluación progresiva de sus activos fósiles, la geopolítica de los minerales críticos necesarios para la electrificación, y la gobernanza emergente de la economía del hidrógeno.

La geopolítica de los minerales críticos constituye el nexo más directo entre la transición energética y la reconfiguración del orden internacional. La Canadian Critical Minerals Strategy (Government of Canada, 2022) identificó treinta y cuatro minerales críticos — seis de ellos prioritarios: litio, grafito, níquel, cobre, cobalto y elementos de tierras raras — y posicionó a Canadá como alternativa segura a las cadenas de suministro dominadas por China, que controla aproximadamente el sesenta por ciento del procesamiento mundial de minerales críticos y entre el setenta y el noventa por ciento de la capacidad de refinado de tierras raras. Anil Hira (2025) argumentó en el International Journal que los minerales estratégicos críticos moldearán la geopolítica del siglo XXI como el petróleo moldeó la del siglo XX — una tesis que, de confirmarse, otorga a Canadá una posición geoestratégica sin precedentes en la nueva economía energética —.

9.4. Canadá en la encrucijada climática

La posición de Canadá en la geopolítica climática es estructuralmente ambivalente. Como segundo país del mundo por extensión territorial y poseedor de la tercera mayor reserva probada de petróleo (las arenas bituminosas de Alberta), Canadá es simultáneamente uno de los mayores emisores per cápita de gases de efecto invernadero del mundo desarrollado y uno de los países más estratégicamente posicionados para la transición energética. Esta ambivalencia se expresa en la política doméstica canadiense como una tensión irreconciliable entre las provincias productoras de hidrocarburos (Alberta, Saskatchewan) y las provincias que impulsan la electrificación (Quebec, Columbia Británica), una fractura que condiciona cualquier compromiso climático federal.

El gobierno Carney ha intentado gestionar esta tensión mediante lo que puede describirse como una «geopolítica de la diversificación energética»: mantener la producción de hidrocarburos como fuente de seguridad energética para las democracias aliadas mientras acelera simultáneamente la estrategia de minerales críticos como vector de posicionamiento en la nueva economía verde. La coherencia de esta estrategia dual es discutible — y discutida en la academia canadiense —, pero su lógica es inteligible: en un mundo donde la transición energética avanza a velocidades diferentes en diferentes regiones, un país que dispone tanto de recursos fósiles como de minerales para la transición puede maximizar su influencia jugando en ambos tableros simultáneamente.

9.5. La crisis climática y el futuro de la gobernanza multilateral

La COP30, celebrada en Belém (Brasil) en noviembre de 2025, produjo veintinueve acuerdos sin la participación de Estados Unidos — un dato que ilustra tanto la resiliencia como la fragilidad de la gobernanza climática multilateral —. La resiliencia, porque la arquitectura del Acuerdo de París permitió que el proceso avanzara sin la principal potencia emisora histórica; la fragilidad, porque la ausencia de Washington reduce drásticamente la credibilidad de los compromisos financieros necesarios para la adaptación en el Sur Global. La iniciativa del G7 Climate Club, inspirada en la propuesta académica de Nordhaus (2015) pero sustancialmente atenuada en su implementación — carente tanto de un precio armonizado del carbono como de aranceles punitivos a los no miembros —, representa un intento de gobernanza climática minilateral que puede complementar o socavar el multilateralismo del Acuerdo de París dependiendo de su diseño y evolución.

Para las potencias medias, la gobernanza climática ofrece un ámbito de influencia particularmente prometedor. Los países que combinan credibilidad diplomática, capacidad técnica y legitimidad como mediadores entre el Norte y el Sur — Canadá, los países nórdicos, Corea del Sur, Chile — pueden desempeñar un papel de bisagra en las negociaciones climáticas que su peso material por sí solo no justificaría. La alianza entre Canadá y la UE en materia de comercio de hidrógeno verde, certificación de minerales críticos y financiación climática conjunta ilustra cómo las potencias medias y los bloques regulatorios pueden articular coaliciones funcionales que operan tanto dentro como fuera del marco multilateral formal.

Capítulo 10. Populismo, erosión democrática y crisis de legitimidad

10.1. El enemigo "interior" del orden liberal

Si los capítulos anteriores han examinado las presiones externas sobre el orden liberal internacional — la competición geopolítica, la instrumentalización de las interdependencias, la revolución tecnológica y la crisis climática —, el presente capítulo aborda su erosión desde dentro, aunque con el combustible que viene especialmente de Estados Unidos y Rusia: el auge del populismo y la crisis de legitimidad democrática que socavan los fundamentos domésticos sobre los que cualquier orden internacional liberal debe sustentarse. Dedicaré un documento especial para analizar esta cuestión, añadiendo al análisis también la República Popular de China. La relación entre populismo y orden internacional no es tangencial sino constitutiva: un orden que se define como «liberal» presupone que los Estados que lo integran son democracias funcionales capaces de sostener compromisos multilaterales; cuando esos Estados experimentan procesos de desdemocratización interna, el andamiaje exterior se debilita desde sus cimientos.

10.2. La anatomía del populismo contemporáneo

Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2017) proporcionaron la definición fundacional del populismo como una «ideología thin-centered» — delgada, poco elaborada — que divide la sociedad en dos campos homogéneos y antagónicos: «el pueblo puro» frente a «la élite corrupta», y que argumenta que la política debe ser una expresión directa de la volonté générale del pueblo. Como ideología delgada, el populismo no tiene contenido programático propio sino que se adhiere siempre a un huésped ideológico: el socialismo en la izquierda (Chávez, Morales, Podemos), el nacionalismo en la derecha (Le Pen, Orbán, Trump). Esta definición tiene una implicación crucial que Mudde y Rovira Kaltwasser desarrollaron en su volumen comparativo de 2012: el populismo mantiene una «relación ambivalente» con la democracia, sirviendo simultáneamente como correctivo (al dar voz a grupos excluidos del proceso político) y como amenaza (al socavar el pluralismo, los derechos de las minorías y los controles institucionales que distinguen a la democracia liberal de la tiranía de la mayoría).

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) documentaron en How Democracies Die el mecanismo específico mediante el cual el populismo erosiona las democracias contemporáneas: no mediante golpes militares — el modo clásico de muerte democrática en el siglo XX — sino mediante la erosión gradual de las instituciones desde dentro por líderes electos que utilizan mandatos democráticos para desmantelar los controles que limitan su poder. Identificaron dos «barandillas blandas» esenciales para la supervivencia democrática: la tolerancia mutua — la aceptación de los rivales políticos como legítimos — y la indulgencia institucional — el ejercicio de autocontención en el uso de poderes legales —. Cuando ambas barandillas se erosionan, las democracias entran en una espiral de polarización y desconfianza institucional que puede conducir a su colapso sin que se produzca ningún evento dramático equivalente a un golpe de Estado. Los cuatro indicadores de comportamiento autoritario que propusieron — rechazo de las reglas democráticas, negación de la legitimidad de los oponentes, tolerancia de la violencia y disposición a restringir libertades civiles — constituyen una herramienta diagnóstica ampliamente adoptada por la ciencia política comparada.

10.3. Democracia iliberal y liberalismo antidemocrático

Yascha Mounk (2018) profundizó en The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It el diagnóstico de la desconsolidación democrática liberal, argumentando que los dos componentes de la democracia liberal — el gobierno popular y la protección de derechos individuales — se están separando en dos patologías simétricas: la «democracia iliberal», donde se celebran elecciones pero sin protección efectiva de derechos (Orbán en Hungría, Erdoğan en Turquía), y el «liberalismo antidemocrático», donde instituciones tecnocráticas gobiernan sin un input popular genuino (la gobernanza de la zona euro durante la crisis de deuda). Tres motores estructurales alimentan esta desconsolidación: el estancamiento de los niveles de vida de las clases medias en las democracias avanzadas, la diversificación étnica rápida de sociedades históricamente homogéneas que alimenta una reacción identitaria, y la revolución de las redes sociales que ha terminado con el papel de filtro de las élites — lo que Levitsky y Ziblatt llaman el gatekeeping — sobre el discurso público.

La convergencia entre populismo y erosión democrática no es un fenómeno exclusivo de ninguna región. El volumen comparativo de Mudde y Rovira Kaltwasser (2012), Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy?, documentó la simultaneidad del fenómeno en contextos tan diversos como Bélgica, Canadá, la República Checa, Austria, Venezuela, Perú, Bolivia y Eslovaquia, sugiriendo que las condiciones estructurales que alimentan el populismo — desigualdad, crisis de representación, desconfianza institucional — son sistémicas y no locales.

10.4. Populismo y orden internacional: la erosión desde los cimientos

La conexión entre la erosión democrática doméstica y el debilitamiento del orden internacional opera mediante varios mecanismos causales. Primero, los líderes populistas tienden a rechazar los compromisos multilaterales como restricciones ilegítimas a la soberanía popular — la retirada estadounidense del Acuerdo de París, del Pacto Mundial para la Migración y del acuerdo nuclear con Irán bajo Trump 1.0 constituyen los ejemplos más evidentes —. Segundo, la polarización interna reduce la capacidad de los Estados para sostener políticas exteriores coherentes a través de los ciclos electorales, erosionando la credibilidad de los compromisos internacionales. Tercero, el auge del nacionalismo económico alimenta la fragmentación geoeconómica analizada en el capítulo 3, convirtiendo las interdependencias en armas y las cadenas de suministro en instrumentos de coerción.

Wolfgang Streeck (2014) proporcionó en Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism el marco más penetrante para comprender las raíces económicas de esta doble crisis. Su argumento de que los gobiernos occidentales han «comprado tiempo» sucesivamente — mediante la inflación (años setenta), la deuda pública (años ochenta), la deuda privada (años noventa y dos mil) — para diferir la contradicción fundamental entre capitalismo y democracia conecta la crisis del orden internacional con sus fundamentos domésticos de un modo que los análisis exclusivamente sistémicos no captan. Su concepto de Estados atrapados entre el Staatsvolk (pueblo ciudadano, que demanda protección social y participación democrática) y el Marktvolk (pueblo acreedor, que demanda estabilidad financiera y rendimientos del capital) ilumina por qué las democracias liberales se muestran incapaces de responder simultáneamente a las demandas populares y a los imperativos del capitalismo financiero global — y por qué esa incapacidad alimenta el resentimiento populista que erosiona las instituciones desde dentro —.

10.5. Implicaciones para la estrategia de las potencias medias

Para las potencias medias que aspiran a articular un nuevo orden basado en reglas, el populismo constituye un obstáculo de primer orden cuya naturaleza es diferente de los obstáculos externos. No se trata de un adversario geopolítico al que pueda confrontarse mediante coaliciones o instrumentos de disuasión, sino de una dinámica endógena que erosiona la capacidad misma de los Estados democráticos para sostener compromisos multilaterales duraderos. La estrategia canadiense bajo Carney — que combina una retórica de confrontación con la gran potencia (Estados Unidos bajo Trump) y una apelación a la solidaridad de las potencias medias — solo es viable en la medida en que las propias potencias medias mantengan la cohesión democrática interna necesaria para sostener esos compromisos. Australia bajo los Laboristas y Canadá bajo los Liberales pueden coordinar estrategias de cobertura (hedging); Australia bajo un gobierno populista y Canadá bajo presión populista no pueden. La fragilidad democrática interna es, así, el talón de Aquiles de cualquier estrategia de potencia media.

PARTE V

SEGURIDAD HUMANA Y PERSPECTIVAS DESDE EL SUR GLOBAL

Capítulo 11. Seguridad humana: del paradigma estatal a la protección de las personas

11.1. El giro paradigmático: de la seguridad del Estado a la seguridad de las personas

El concepto de seguridad humana representó, en el momento de su formulación, la contestación más ambiciosa al paradigma estato-céntrico que había dominado los estudios de seguridad durante la Guerra Fría. El Informe de Desarrollo Humano 1994 del PNUD, cuyo principal arquitecto intelectual fue Mahbub ul Haq, reorientó la seguridad desde la defensa territorial del Estado hacia la protección centrada en las personas, articulando el nuevo paradigma en torno a dos principios complementarios tomados de las Cuatro Libertades de Roosevelt: la «libertad del miedo» (freedom from fear) y la «libertad de la necesidad» (freedom from want). El informe identificó siete dimensiones de la seguridad humana — económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política — cuya interdependencia exige respuestas que trascienden las capacidades de cualquier Estado individual y que desborda las categorías analíticas de los estudios de seguridad tradicionales.

Amartya Sen proporcionó los fundamentos filosóficos de este paradigma. En Development as Freedom (1999), argumentó que el desarrollo debe entenderse no como crecimiento del PIB sino como expansión de las libertades reales que las personas disfrutan — la capacidad de llevar vidas que tienen razón para valorar —. Su enfoque de las capacidades define la pobreza como privación de libertades sustantivas e identifica cinco «libertades instrumentales» — libertades políticas, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora — cuya interacción constituye el marco normativo del desarrollo humano. La observación de Sen de que «ninguna hambruna ha ocurrido jamás en una democracia funcionante» ilustra cómo las libertades políticas sirven como protecciones instrumentales contra catástrofes que los regímenes autoritarios son incapaces de prevenir. En su contribución posterior al Routledge Handbook of Human Security (Sen, 2014), articuló por qué la seguridad humana complementa pero trasciende el desarrollo humano, enfatizando su enfoque distintivo en los «riesgos negativos» — las privaciones súbitas y las vulnerabilidades — que requieren protección más allá de la promoción de capacidades. Sen copresidió la Commission on Human Security (junto con Sadako Ogata), cuyo informe de 2003 Human Security Now operacionalizó el concepto como la protección del «núcleo vital de todas las vidas humanas en formas que mejoran las libertades humanas y la realización humana».

11.2. Nuevas guerras, nuevas inseguridades

Mary Kaldor (2012) demostró en New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era que la guerra interestatal tradicional ha sido suplantada por «nuevas guerras» que mezclan guerra, crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos, impulsadas por políticas de identidad más que por objetivos ideológicos. Las nuevas guerras se caracterizan por economías de guerra criminalizadas, ataques deliberados contra la población civil y la implicación simultánea de actores globales y locales que borran las distinciones convencionales entre combatiente y no combatiente, entre conflicto interno y conflicto internacional. Kaldor propuso la «aplicación de la ley cosmopolita» como respuesta apropiada — una forma de intervención que combina elementos militares, policiales, humanitarios y judiciales bajo principios cosmopolitas, distinta tanto de la guerra convencional como del mantenimiento de la paz tradicional —. En Human Security: Reflections on Globalization and Intervention (2007), Kaldor extendió este marco argumentando que la seguridad humana requiere una «conversación global» — un debate público sostenido entre la sociedad civil, los Estados y las instituciones internacionales — que supere la lógica técnico-burocrática de la seguridad estatal.

La integración del paradigma de seguridad humana con el análisis del orden internacional que este documento desarrolla tiene consecuencias analíticas directas. Primera, redefine el objeto de la seguridad: si la unidad de análisis es la persona y no el Estado, las «amenazas» al orden incluyen no solo la competición geopolítica y la fragmentación geoeconómica sino también la pobreza, la enfermedad, la degradación ambiental, la violencia de género y la migración forzada — inseguridades que el análisis convencional del orden liberal relega a la categoría de «problemas de desarrollo», como si fueran analíticamente separables de la seguridad internacional —. Segunda, amplía el repertorio de actores relevantes: la seguridad humana no puede ser provista exclusivamente por los Estados sino que requiere la participación de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y los propios individuos afectados. Tercera, cuestiona la prioridad ontológica del Estado en el análisis de las relaciones internacionales: si la seguridad de las personas es el fin y la seguridad del Estado el medio, un orden internacional que protege a los Estados pero no a las personas ha invertido la relación entre fines y medios.

11.3. Migraciones, desplazamiento forzado y seguridad humana

El desplazamiento forzado constituye quizás la manifestación más dramática de la inseguridad humana en el sistema internacional contemporáneo. ACNUR documentó en 2025 más de ciento veinte millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo — la cifra más alta jamás registrada —, un dato que ilustra tanto el fracaso del orden existente para proteger a las personas más vulnerables como la insuficiencia de los marcos institucionales vigentes para gestionar la movilidad humana en un contexto de cambio climático, conflicto y desigualdad. La distinción jurídica entre refugiados (protegidos por la Convención de 1951) y migrantes climáticos (sin protección jurídica internacional específica) se ha revelado analíticamente insostenible: las causas del desplazamiento son cada vez más multifactoriales — conflicto, pobreza, degradación ambiental, violencia de género — y las categorías jurídicas unidimensionales no capturan esa complejidad.

11.4. Seguridad humana y potencias medias: ¿una diplomacia de la protección?

La seguridad humana ofrece a las potencias medias un ámbito de acción particularmente adecuado a sus capacidades e identidades. Canadá fue, junto con Japón y Noruega, uno de los principales promotores del paradigma de seguridad humana en la década de 1990 — el ministro de Asuntos Exteriores Lloyd Axworthy articuló una «agenda de seguridad humana» que condujo a la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonal (1997) y a la creación de la Corte Penal Internacional (1998) —. Sin embargo, esta tradición se ha debilitado bajo la presión de la competición geopolítica y la securitización del discurso político. Recuperar el paradigma de la seguridad humana como eje de la diplomacia de potencia media no implica un retorno al idealismo ingenuo de los años noventa sino una integración pragmática de la protección de las personas con la defensa de los intereses nacionales — una combinación que la retórica del «realismo basado en valores» de Carney permite articular sin incurrir en la contradicción aparente entre idealismo y realismo —.

Capítulo 12. Lo que el orden liberal no ve: feminismo, poscolonialidad y raza

12.1. La ceguera epistemológica del canon dominante

El presente capítulo responde a la la necesidad de incluir perspectivas feministas, poscoloniales y decoloniales en un documento que aspira a repensar la gobernanza global. Un análisis que diagnostica el fin de un orden construido desde Occidente y propone su renovación no puede prescindir de las voces que llevan décadas interrogando las premisas de ese orden desde posiciones que la corriente principal de la disciplina ha marginalizado sistemáticamente. Incorporar estas perspectivas no es un ejercicio de corrección política ni una concesión a la diversidad por la diversidad, sino una exigencia analítica: sin ellas, el diagnóstico permanece incompleto y las propuestas de gobernanza renovada corren el riesgo de reproducir, bajo ropajes nuevos, las mismas jerarquías que dicen superar.

12.2. La teoría feminista de las relaciones internacionales

J. Ann Tickner (1992) inauguró el diálogo crítico entre el feminismo y las relaciones internacionales con Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security, publicado por Columbia University Press, donde demostró que las categorías centrales de la disciplina —seguridad, poder, soberanía— están construidas sobre supuestos masculinizados que invisibilizan tanto las experiencias de las mujeres como las estructuras de género que sostienen el orden internacional. La seguridad, argumentó Tickner, no puede reducirse a la protección militar del Estado sin ignorar las múltiples inseguridades —económicas, alimentarias, sanitarias, reproductivas— que afectan desproporcionadamente a las mujeres y que son producidas, no mitigadas, por las políticas de defensa convencionales.

Cynthia Enloe (2014) demostró en Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, publicado en edición revisada por University of California Press (original de 1989), que el orden internacional depende de formas específicas de trabajo feminizado —desde las trabajadoras de las plantaciones bananeras hasta las empleadas de las bases militares, pasando por las diplomáticas esposas de embajadores— que permanecen invisibles en los análisis convencionales. Enloe no «añadió mujeres» a un marco existente sino que demostró que el marco mismo es incomprensible sin atender a las relaciones de género que lo sustentan. Jacqui True (2012) extendió este análisis en The Political Economy of Violence against Women, publicado por Oxford University Press y galardonado con el premio al mejor libro de derechos humanos de la American Political Science Association, donde estableció vínculos causales entre los procesos macroestructurales de la economía global —liberalización comercial, privatización, ajuste estructural— y la violencia de género, demostrando que esta última no es una cuestión «privada» sino un producto de las mismas dinámicas que configuran el orden internacional.

12.3. Colonialidad del poder y decolonialidad

Aníbal Quijano (2000) formuló el concepto de «colonialidad del poder» en su artículo «Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America», publicado originalmente en Nepantla: Views from South y en versión abreviada en International Sociology. La colonialidad del poder designa la persistencia de las estructuras jerárquicas de clasificación racial, epistémica y económica creadas por el colonialismo europeo mucho después de la descolonización formal. Para Quijano, la modernidad y la colonialidad son las dos caras de una misma moneda: no existe «modernidad» sin la explotación colonial que la hizo posible, y el «orden internacional» construido tras 1945 reproduce, bajo formas institucionales renovadas, las jerarquías raciales y epistémicas del período colonial. Esta categoría analítica resulta indispensable para comprender por qué el «orden liberal internacional» nunca fue percibido como liberal ni como ordenado desde amplias regiones del mundo —América Latina, África, Asia meridional— donde las instituciones de Bretton Woods fueron experimentadas como instrumentos de disciplinamiento económico y condicionalidad política.

Walter Mignolo y Catherine Walsh (2018) desarrollaron este marco en On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis, publicado por Duke University Press, donde propusieron el concepto de «pluriversalidad» como alternativa a la universalidad occidental: no un mundo único con una sola verdad y un solo modelo de organización, sino un mundo en el que quepan muchos mundos, cada uno con sus propias epistemologías, ontologías y formas de gobernanza. Gurminder Bhambra (2014) complementó esta perspectiva desde la sociología histórica en Connected Sociologies, publicado por Bloomsbury, ofreciendo la crítica más rigurosa de cómo las formaciones disciplinarias de las ciencias sociales reproducen el eurocentrismo al naturalizar categorías históricamente situadas —Estado, mercado, sociedad civil— como universales.

12.4. Raza y orden liberal: el racismo incrustado

Zoltán Búzás (2021) introdujo los conceptos de «regímenes de diversidad racial» y «racismo incrustado» (embedded racism) en «Racism and Antiracism in the Liberal International Order», publicado en el número especial de International Organization. Su argumento es que las instituciones liberales internacionales no son meramente indiferentes a la raza sino que incorporan activamente jerarquías raciales en sus estructuras de gobernanza, desde las fórmulas de representación en los organismos multilaterales hasta los criterios de condicionalidad de la ayuda al desarrollo. Siba N. Grovogui (1996) había anticipado esta línea de investigación en Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans: Race and Self-Determination in International Law, publicado por University of Minnesota Press, donde documentó cómo el derecho internacional construyó categorías de soberanía diferenciada que asignaban a los pueblos africanos un estatus jurídico inferior. Anievas, Manchanda y Shilliam (2014) ofrecieron en Race and Racism in International Relations: Confronting the Global Colour Line, publicado por Routledge, la primera evaluación colectiva de cómo la «línea global del color» —concepto tomado de W. E. B. Du Bois— ha estructurado las relaciones internacionales desde el siglo XIX hasta el presente.

12.5. La humillación como categoría política: perspectivas francófonas y alemanas

Bertrand Badie (2014) articuló en Le temps des humiliés: Pathologie des relations internationales, publicado por Odile Jacob, una crítica del orden internacional centrada en la experiencia de la humillación como categoría política: el sistema internacional no solo produce desigualdad y exclusión sino que humilla sistemáticamente a quienes no participan en la elaboración de sus reglas, generando resentimiento, radicalización y las «patologías» que los análisis convencionales tratan como aberraciones externas al sistema cuando son, en realidad, productos del mismo. En Rethinking International Relations (Badie, 2020), publicado por Edward Elgar, extendió este análisis proponiendo una reconceptualización de las relaciones internacionales que tome como punto de partida no el poder de los fuertes sino la experiencia de los débiles.

Desde la tradición alemana, Herfried Münkler (2023) ofreció en Welt in Aufruhr: Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, publicado por Rowohlt, una lectura del orden contemporáneo fundamentada en la tradición de la Ordnungspolitik: propuso un modelo pentapolar —Estados Unidos, China, Rusia, India y la Unión Europea como cinco grandes potencias que forman un directorio del orden global— que difiere tanto del unipolarismo liberal como del multipolarismo difuso. Wolfgang Streeck (2014) argumentó en Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, publicado por Verso (original alemán: Suhrkamp, 2013), que los gobiernos occidentales han «comprado tiempo» sucesivamente mediante la inflación, la deuda pública y la deuda privada, y que el capitalismo y la democracia están separándose de forma fundamental. Su concepto de Estados atrapados entre el Staatsvolk (pueblo ciudadano) y el Marktvolk (pueblo acreedor) conecta la crisis del orden internacional con sus fundamentos domésticos de un modo que los análisis exclusivamente sistémicos no captan.

12.6. El Sur Global como sujeto epistémico

Oliver Stuenkel (2016) ofreció en Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, publicado por Polity, una perspectiva brasileña que documenta cómo las potencias emergentes no se limitan a contestar el orden existente sino que construyen activamente instituciones paralelas —el Nuevo Banco de Desarrollo, los mecanismos de pago alternativos a SWIFT, las plataformas digitales soberanas— que prefiguran un orden posoccidental. Arlene B. Tickner (2003), de la Universidad del Rosario en Bogotá, había planteado en «Seeing IR Differently: Notes from the Third World», publicado en Millennium, la pregunta fundacional de cómo se ven las relaciones internacionales desde el Sur Global, concluyendo que la disciplina reproduce un provincialismo disfrazado de universalismo que invisibiliza las experiencias, las teorías y las prácticas de las sociedades no occidentales. Los informes del Valdai Discussion Club y la revista Russia in Global Affairs, dirigida por Fiódor Lukiánov, representan la articulación más sistemática de la visión rusa de un orden multipolar, aunque deben leerse con plena conciencia de su proximidad al poder estatal. Lukiánov sostuvo en su editorial de 2024 que «el orden liberal ha terminado; la decencia ha sido abandonada y las reglas han sido olvidadas», una formulación que, pese a su origen interesado, captura un sentimiento ampliamente compartido fuera de las capitales occidentales.

PARTE VI

REFORMA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA DE LOS BIENES COMUNES GLOBALES

Capítulo 13. Reforma institucional y gobernanza global

13.1. La herencia de Bretton Woods y sus insuficiencias

La arquitectura institucional creada en Bretton Woods en julio de 1944 fue diseñada para un mundo que ya no existe. Como documenta Steil (2013), las instituciones resultantes —el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— reflejaron las relaciones de poder de aquel momento específico, con Estados Unidos como potencia económica dominante y el dólar como ancla del sistema monetario. Ocho décadas después, la distribución del poder económico global se ha transformado radicalmente: China representa ya una proporción del PIB mundial superior a la de Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo, pero su participación en los derechos de voto del FMI permanece muy por debajo de ese peso económico. Ngaire Woods (2010) analizó en «Global Governance after the Financial Crisis», publicado en Global Policy, cómo el poder de veto de facto de Estados Unidos —derivado de su participación superior al quince por ciento en los derechos de voto del FMI, combinada con los umbrales de supermayoría requeridos para las decisiones fundamentales— constituye el principal obstáculo estructural para la reforma de la gobernanza financiera global.

Joseph Stiglitz (2002) ofreció en Globalization and Its Discontents la crítica más célebre de las políticas del FMI desde la perspectiva de un execonomista jefe del Banco Mundial, documentando cómo las recetas de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo durante la década de 1990 agravaron las crisis que pretendían resolver. José Antonio Ocampo (2017) propuso en Resetting the International Monetary (Non)System, publicado por Oxford University Press, una reforma integral de la arquitectura monetaria internacional que incluye un papel ampliado para los derechos especiales de giro, la creación de un verdadero prestamista de última instancia internacional y la reforma de los mecanismos de voto. Ha-Joon Chang (2002) demostró en Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, publicado por Anthem Press, que las políticas de libre comercio y liberalización que las instituciones de Bretton Woods prescribieron a los países en desarrollo contradecían las estrategias proteccionistas e intervencionistas que las potencias industriales utilizaron para su propio desarrollo, una contradicción que mina la legitimidad del orden económico liberal.

Ilene Grabel (2017) ofreció en When Things Don’t Fall Apart: Global Financial Governance and Developmental Finance in an Age of Productive Incoherence, publicado por MIT Press, una lectura radicalmente distinta de la gobernanza financiera global posterior a la crisis de 2008. Frente a la narrativa convencional de fracaso y parálisis, Grabel identificó lo que denominó «incoherencia productiva»: innovaciones institucionales pragmáticas —como los acuerdos bilaterales de canje de divisas, los bancos regionales de desarrollo y los mecanismos de financiación climática— que, sin responder a un diseño coherente, han ampliado significativamente el espacio de política de los países en desarrollo.

13.2. Clubes climáticos, gobernanza digital y nuevos marcos regulatorios

William Nordhaus (2015) propuso en «Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy», publicado en American Economic Review, un mecanismo para superar el problema del polizón en la acción climática: un club de países comprometidos con un precio mínimo del carbono que impondría aranceles a las importaciones procedentes de países no miembros, creando incentivos para la adhesión progresiva. Esta propuesta académica inspiró — aunque de forma sustancialmente atenuada — la iniciativa del G7 Climate Club en diciembre de 2022, aunque la versión del G7, lanzada en diciembre de 2022 bajo la presidencia alemana y definida oficialmente como «abierta, cooperativa e inclusiva», abandonó los dos mecanismos de enforcement centrales de la propuesta original de Nordhaus — el precio del carbono armonizado y los aranceles de penalización a los no miembros —, resultando en un instrumento fundamentalmente diferente y sustancialmente más débil que el club exclusivo que Nordhaus había concebido. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que entró en su fase definitiva el 1 de enero de 2026, responde a una lógica análoga aunque con diferencias institucionales significativas: donde Nordhaus proponía un club voluntario con penalizaciones arancelarias, el CBAM es un instrumento regulatorio unilateral que internaliza el coste del carbono en las importaciones para evitar la «fuga de carbono» —el desplazamiento de la producción emisora hacia jurisdicciones con regulación menos exigente—.

El Pacto Digital Global, adoptado el 22 de septiembre de 2024 como anexo al Pacto para el Futuro en la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, constituye el primer marco global integral para la cooperación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial. Establece un Panel Científico Internacional sobre IA y un Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, instrumentos que, aunque carecen de poder vinculante, crean espacios de deliberación multilateral en un ámbito hasta ahora dominado por la regulación unilateral y la autorregulación corporativa. Katharina Pistor (2019) argumentó en The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, publicado por Princeton University Press, que la codificación jurídica es el mecanismo fundamental mediante el cual los activos adquieren valor y las desigualdades se perpetúan, una perspectiva que resulta esencial para comprender cómo las normas sobre propiedad intelectual, datos y algoritmos configuran la distribución global del poder y la riqueza en la era digital.

Capítulo 14. Gobernanza de los espacios comunes globales: océanos, Ártico y espacio exterior

14.1. Los espacios comunes como test de la gobernanza global

Los espacios comunes globales — las áreas que no se encuentran bajo la jurisdicción soberana de ningún Estado — constituyen un test decisivo de la capacidad del sistema internacional para gestionar bienes colectivos en un contexto de fragmentación geopolítica. La alta mar, el Ártico, la Antártida y el espacio exterior representan el terreno donde las tensiones entre soberanía nacional e interés colectivo se manifiestan con mayor claridad, y donde la erosión del orden multilateral produce sus consecuencias más tangibles. Chester Winston (2024) reconceptualizó los espacios comunes globales en Global Studies Quarterly distinguiendo entre «esferas de control» — espacios nominalmente comunes pero efectivamente dominados por actores poderosos — y «bienes comunes verdaderos» genuinamente accesibles de forma universal, encontrando que solo el espacio exterior y la Antártida califican actualmente como tales.

14.2. Los océanos: el Acuerdo BBNJ como hito de la gobernanza multilateral

El Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (conocido como Acuerdo BBNJ), cuyo texto fue acordado el 4 de marzo de 2023 y formalmente adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, representa el avance más significativo en la gobernanza de los océanos desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) en 1982. El Acuerdo entró en vigor el 17 de enero de 2026 — ciento veinte días después de alcanzar la sexagésima ratificación el 19 de septiembre de 2025 — y constituye el tercer acuerdo de aplicación bajo la CONVEMAR, cubriendo casi dos tercios de la superficie oceánica del planeta.

El Acuerdo se estructura en torno a cuatro pilares: los recursos genéticos marinos y la distribución de beneficios derivados de su utilización; las herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; las evaluaciones de impacto ambiental; y la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina. Daniel Bodansky (2024) caracterizó acertadamente el Acuerdo BBNJ como «cuatro tratados en uno», identificando tensiones internas entre los principios de equidad y acceso libre: ¿gobiernan los recursos genéticos marinos el principio de «patrimonio común de la humanidad» o el de «libertad de la alta mar»? Esta tensión irresuelta refleja una fractura más amplia entre el Norte Global — que defiende la libertad de investigación y acceso — y el Sur Global — que exige el reparto equitativo de los beneficios derivados de recursos ubicados más allá de cualquier jurisdicción nacional —.

14.3. El Ártico: de la gobernanza cooperativa a la competición geopolítica

El Ártico constituye el espacio común global donde la intersección entre cambio climático, competición geopolítica y recursos naturales se manifiesta con mayor intensidad. El deshielo progresivo de la capa de hielo ártica — que ha perdido aproximadamente el cuarenta por ciento de su extensión mínima estival desde los años setenta — abre simultáneamente nuevas rutas de navegación, nuevos campos de extracción de recursos y nuevos escenarios de rivalidad estratégica entre las potencias árticas y las potencias que aspiran a proyectar su influencia hacia el norte.

Griffiths, Huebert y Lackenbauer (2011) presentaron en Canada and the Changing Arctic tres perspectivas contrastantes sobre la soberanía y la seguridad árticas canadienses: la lectura securitaria de Huebert, que enfatiza las amenazas estratégicas y las dinámicas de «carrera polar»; la lectura cooperativa de Lackenbauer, que privilegia la diplomacia y la gobernanza institucional; y la lectura de Griffiths, centrada en la soberanía mediante la participación en instituciones circumpolaras. Greaves y Lackenbauer (2021) actualizaron este análisis en Breaking Through, examinando la soberanía y la seguridad en la intersección de la globalización, el cambio climático y la competición geopolítica, con atención particular a la soberanía indígena — una dimensión habitualmente ausente del análisis de seguridad convencional que resulta analíticamente imprescindible en el contexto ártico canadiense —. Lackenbauer y Lajeunesse (2018) complementaron esta literatura con un análisis específico de las ambiciones chinas en el Ártico desde la perspectiva canadiense, documentando la autodeclaración de China como «Estado casi ártico» (near-Arctic state) y sus inversiones crecientes en investigación y infraestructura en la región.

Para Canadá, el Ártico es simultáneamente un vector de soberanía, un escenario de seguridad y un espacio de cooperación indígena cuya gestión pone a prueba la coherencia de la estrategia de potencia media. La política de defensa Our North, Strong and Free (2024) y el compromiso del cinco por ciento del PIB para 2035 incluyen componentes significativos de modernización de las capacidades de vigilancia y defensa del norte, incluyendo la actualización del North Warning System (sistema de alerta del norte, sucesor de la línea DEW) y la adquisición de capacidades de patrulla marítima ártica. La tensión entre la retórica cooperativa del Consejo Ártico — cuyo funcionamiento ha sido gravemente perturbado por la suspensión de las relaciones con Rusia desde febrero de 2022 — y las dinámicas de competición geopolítica que se intensifican en la región ilustra un patrón recurrente en la gobernanza de los espacios comunes: las instituciones diseñadas para la cooperación funcionan mientras las condiciones geopolíticas lo permiten, pero carecen de la robustez necesaria para operar eficazmente bajo presión.

14.4. El espacio exterior: de la exploración a la competición estratégica

El espacio exterior representa quizás el espacio común global donde la distancia entre los principios normativos de la gobernanza y las prácticas reales de los actores es más pronunciada. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que establece el principio de uso pacífico y la no apropiación del espacio por ningún Estado, fue concebido para un mundo en el que solo dos superpotencias tenían capacidad de acceso orbital. Seis décadas después, más de noventa Estados operan satélites, las corporaciones privadas (SpaceX, Blue Origin, OneWeb) han transformado la economía espacial, y la constelación de satélites en órbita baja terrestre ha pasado de unos pocos centenares a más de diez mil, generando problemas de congestión, basura espacial y seguridad que el marco jurídico existente no puede gestionar.

Morin y Richard (2021) documentaron en su análisis empírico de 1.042 arreglos de gobernanza espacial que pocos de ellos tratan el espacio como un bien común genuino: los actores poderosos tienden a evitar los principios relacionados con los bienes comunes, prefiriendo marcos bilaterales o plurilaterales que preserven su ventaja competitiva. Esta tendencia hacia la fragmentación normativa del espacio refleja una dinámica más amplia de la gobernanza de los espacios comunes: cuando el acceso y la explotación de un espacio común adquieren valor estratégico, las potencias con capacidad de acceso prefieren los arreglos informales y asimétricos sobre los marcos multilaterales vinculantes que limitarían su libertad de acción.

PARTE VII

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Capítulo 15. Hacia una gobernanza global renovada: condiciones, recursos y obstáculos

15.1. Síntesis del argumento

El recorrido analítico de este documento permite articular conclusiones interrelacionadas que responden a la pregunta central formulada en la introducción: ¿qué tipo de orden puede construirse tras el ocaso de la ficción conveniente del orden liberal internacional, y qué papel corresponde a las potencias medias en esa construcción?

En primer lugar, el orden liberal internacional, tal como fue concebido y sostenido desde 1945, ha dejado de existir como sistema operativo de la gobernanza global. Esta afirmación no implica que todas sus instituciones hayan colapsado — muchas conservan funcionalidad y legitimidad parcial — sino que el principio organizador que las dotaba de coherencia — la combinación de hegemonía estadounidense, multilateralismo institucionalizado y apertura económica progresiva — se ha disuelto. La expresión de Carney, «pleasant fiction», captura esta realidad con precisión: el orden era ficticio no porque sus instituciones fueran inexistentes sino porque el relato de su universalidad era insostenible, y era conveniente porque tanto las potencias que lo dirigían como las que lo toleraban obtenían beneficios suficientes para mantener la ilusión.

En segundo lugar, la emergencia de las potencias medias como actores con agencia propia constituye una respuesta estructural a la erosión del paraguas hegemónico, potenciada por vectores de transformación sistémica — la revolución tecnológica, la crisis climática, el populismo — que generan tanto amenazas como oportunidades para los Estados intermedios. El caso canadiense bajo Carney ilustra que la opción de la coalición de potencias medias es viable pero exigente: requiere un compromiso de defensa sin precedentes (el cinco por ciento del PIB para 2035, destinado a requisitos fundamentales de defensa), una diversificación comercial que implica negociar con adversarios estratégicos sin alienar a aliados, una estrategia de minerales críticos y transición energética, y una diplomacia que combine la confrontación selectiva con la cooperación pragmática.

En tercer lugar, la Unión Europea emerge como un actor cuya capacidad de influencia global reside en la regulación, la proyección normativa y la construcción de mercados, pero cuya competitividad se erosiona a un ritmo alarmante. La convergencia entre las estrategias canadiense y europea sugiere que las potencias medias y los bloques regulatorios están encontrando formas de cooperación que trascienden las categorías analíticas tradicionales.

En cuarto lugar, cualquier propuesta de gobernanza renovada que aspire a la legitimidad debe incorporar las perspectivas que el orden liberal silenció: la seguridad humana como paradigma alternativo al estato-centrismo, las perspectivas feministas y decoloniales que revelan las exclusiones constitutivas del orden, y las voces del Sur Global que proponen alternativas teóricas y prácticas al canon occidental. La gobernanza de los espacios comunes globales ofrece un terreno de prueba privilegiado: el éxito del Acuerdo BBNJ demuestra que la cooperación multilateral sigue siendo posible incluso en un contexto de fragmentación geopolítica; la degradación de la gobernanza ártica tras la suspensión de las relaciones con Rusia muestra la fragilidad de los marcos cooperativos bajo presión; la competición en el espacio exterior anticipa las dinámicas que dominarán la gobernanza global en las próximas décadas.

15.2. Condiciones de viabilidad: ¿ficción conveniente o estrategia realizable?

Cabe formular una pregunta que este documento está obligado a confrontar con honestidad: ¿es la propuesta de un nuevo orden articulado por potencias medias otra «ficción conveniente» — esta vez producida por académicos e institutos de estudios globales en lugar de por diplomáticos y estadistas —, o se trata de una estrategia viable con condiciones identificables? La respuesta exige distinguir entre lo que este análisis puede establecer y lo que permanece en el terreno de la incertidumbre.

Lo que el análisis puede establecer es que la estrategia de las potencias medias no requiere condiciones utópicas sino condiciones empíricamente observables, algunas de las cuales ya se cumplen parcialmente. Pueden identificarse seis condiciones de viabilidad para una gobernanza articulada por potencias medias:

Primera condición: masa crítica de potencias medias con cohesión democrática interna. La estrategia presupone que un número suficiente de Estados intermedios — no todos, pero sí un núcleo — mantenga instituciones democráticas funcionales capaces de sostener compromisos multilaterales a través de los ciclos electorales. Como ha documentado el capítulo 10, el populismo erosiona precisamente esta condición, de ahí el interés de Rusia y Estados Unidos en que se asuman esos postulados, desde una perspectiva de hegemonía, y a eso también se le ha llamado “soberanismo”, cuando no existen los medios militares, económicos, sociales, en una palabra, de Federación, que los sostenga, y de eso mismo se trata tanto para Estados Unidos como para Rusia. El grado de cumplimiento actual es parcial: Canadá, los países nórdicos, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda mantienen democracias robustas; Brasil, Indonesia y Turquía presentan fragilidades significativas; y algunos Estados invocados como potencias medias (Arabia Saudita, Emiratos Árabes) no son democracias en absoluto.

Segunda condición: ausencia de veto activo por parte de las superpotencias. La estrategia no requiere el apoyo de Washington, Pekín o Moscú, pero sí que ninguna de estas potencias emplee activamente su poder para sabotear las iniciativas de las potencias medias. Esta condición se cumple parcialmente bajo Trump 2.0: Estados Unidos ha abandonado el liderazgo multilateral pero su capacidad de bloqueo activo de iniciativas que no le involucran es limitada, como ilustran los veintinueve acuerdos alcanzados en la COP30 sin participación estadounidense.

Tercera condición: complementariedad funcional entre las potencias medias participantes. La estrategia de coalición requiere que los miembros aporten capacidades complementarias más que redundantes. El análisis muestra que esta condición se satisface de forma natural: Canadá aporta recursos naturales, minerales críticos y credibilidad diplomática; la UE aporta poder regulatorio y mercado; los países nórdicos aportan innovación y legitimidad en gobernanza; Corea del Sur y Japón aportan capacidad tecnológica; Australia aporta proyección en el Indo-Pacífico; y las potencias medias del Sur Global aportan legitimidad representativa y conocimiento local.

Cuarta condición: instituciones flexibles de geometría variable. La estrategia no requiere una nueva organización internacional formal sino la capacidad de articular coaliciones funcionales de geometría variable — lo que la literatura ha denominado «minilateralismo» (Naím, 2009), «clubes de gobernanza» (Nordhaus, 2015) o «multilateralismo flexible» (Patrick, 2015) — que operen tanto dentro como fuera de las instituciones existentes.

Quinta condición: narrativa legitimadora que trascienda Occidente. Cualquier orden propuesto por potencias medias occidentales que sea percibido como una mera reformulación de la hegemonía liberal fracasará por las mismas razones que el orden que pretende reemplazar. La incorporación genuina — no decorativa — de perspectivas del Sur Global, feministas y decoloniales no es una concesión ética sino un requisito funcional de viabilidad: un orden cuyas reglas solo reflejen los valores e intereses de una fracción del mundo no generará la adhesión necesaria para sostenerse.

Sexta condición: capacidad de producir bienes públicos globales. La legitimidad de cualquier orden depende en última instancia de su capacidad para resolver problemas que los actores individuales no pueden resolver por sí solos. Si las coaliciones de potencias medias demuestran capacidad efectiva para avanzar en la gobernanza climática, la regulación tecnológica, la protección de los espacios comunes y la gestión de la movilidad humana, su legitimidad se construirá sobre resultados y no sobre declaraciones.

15.3. Recursos disponibles y brechas identificadas

Los recursos de que disponen las potencias medias para articular una gobernanza renovada son considerables pero desigualmente distribuidos. En el ámbito material, el compromiso canadiense de invertir el cinco por ciento del PIB en defensa para 2035 — desglosado en tres coma cinco por ciento para requisitos fundamentales de defensa y uno coma cinco por ciento para gasto adyacente a la defensa (infraestructura crítica, ciberdefensa, resiliencia civil) — representaría, de cumplirse, una de las mayores inversiones en seguridad de un país del G7 en proporción a su PIB. El plan ReArm Europe/Readiness 2030 aspira a movilizar hasta ochocientos mil millones de euros adicionales en gasto de defensa europeo hasta 2030. La estrategia canadiense de minerales críticos posiciona al país como proveedor alternativo a las cadenas de suministro dominadas por China. El poder regulatorio europeo — CBAM, Ley de IA, RGPD, Ley de Materias Primas Críticas — constituye un instrumento de influencia global sin equivalente.

En el ámbito institucional, las potencias medias disponen de una red densa de instituciones multilaterales, regionales y funcionales que, aunque debilitadas, proporcionan plataformas de coordinación: el G7 (donde Canadá participa como miembro), el G20 (donde Canadá, la UE, Australia, Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Turquía y otros participan), la OTAN (que integra a varias potencias medias), los mecanismos de cooperación transpacífica (CPTPP) y los acuerdos minilaterales emergentes.

Las brechas, sin embargo, son significativas. Primera, la brecha de financiación: los compromisos anunciados — desde el cinco por ciento del PIB canadiense hasta los ochocientos mil millones europeos — son promesas cuyo cumplimiento depende de condiciones fiscales, políticas y electorales que no están garantizadas. Segunda, la brecha de representación: las coaliciones de potencias medias que se articulan actualmente tienen un sesgo occidental pronunciado que limita su legitimidad global. Tercera, la brecha de coordinación: la proliferación de foros minilaterales (AUKUS, Quad, MIKTA, asociaciones bilaterales) genera fragmentación y duplicación. Cuarta, la brecha tecnológica: pese al poder regulatorio europeo, la capacidad de producción tecnológica de vanguardia sigue concentrada en Estados Unidos y China, lo que limita la autonomía estratégica de las potencias medias en el ámbito digital.

15.4. Obstáculos identificados

Cinco obstáculos principales se interponen entre la situación actual y la materialización de una gobernanza articulada por potencias medias.

Primer obstáculo: la resistencia de las superpotencias. Un orden no hegemonizado por ninguna gran potencia contradice los intereses tanto de Estados Unidos (que perdería su posición dominante) como de China (que aspira a una posición dominante alternativa). Ambas superpotencias disponen de instrumentos — económicos, tecnológicos, militares — para sabotear las coaliciones de potencias medias que amenacen sus intereses.

Segundo obstáculo: la fragilidad democrática interna. Como ha documentado el capítulo 10, el populismo erosiona la capacidad de las democracias para sostener compromisos multilaterales duraderos. Un cambio de gobierno en cualquiera de las potencias medias clave — de los Laboristas australianos a una coalición populista, de los Liberales canadienses a los Conservadores — puede desmantelar en un ciclo electoral las coaliciones construidas durante décadas.

Tercer obstáculo: la asimetría entre costes y beneficios. Los costes de la cooperación multilateral son inmediatos, visibles y concentrados (gasto en defensa, aranceles climáticos, regulación tecnológica), mientras que los beneficios son diferidos, difusos y distribuidos. Esta asimetría genera una presión constante hacia el free-riding que los mecanismos de cooperación de las potencias medias, carentes del poder coercitivo del que disponía la potencia hegemónica, tienen dificultades para contrarrestar.

Cuarto obstáculo: la reproducción de las exclusiones del orden anterior. La observación posible de que el marco analítico de este documento reproduce la lógica que dice criticar, aunque se trata de, al menos, mitigar — centrando el análisis en Estados y élites, privilegiando los discursos de los líderes sobre las prácticas de los pueblos — se aplica con igual fuerza a las estrategias de potencia media que se proponen: si las coaliciones de potencias medias se construyen entre élites gubernamentales sin participación de la sociedad civil, los pueblos indígenas, los movimientos de base y las comunidades más afectadas por las crisis globales, el resultado será una versión más plural pero no menos elitista del orden liberal que pretenden reemplazar.

Quinto obstáculo: la velocidad de las transformaciones sistémicas. La revolución tecnológica, la crisis climática y la fragmentación geoeconómica avanzan a una velocidad que supera la capacidad de respuesta de las instituciones multilaterales, incluso las más flexibles. Las coaliciones de potencias medias operan mediante la negociación, el consenso y la construcción de legitimidad — procesos lentos — mientras las transformaciones tecnológicas y ambientales se aceleran exponencialmente.

15.5. Agenda de investigación futura

El análisis desplegado en este documento sugiere al menos siete líneas de investigación que merecen desarrollo ulterior. Primera, el estudio comparativo sistemático de las estrategias de potencia media — Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Brasil, Turquía, los países nórdicos — ante la fragmentación geoeconómica, con atención específica a los mecanismos de cobertura (hedging) y a las condiciones bajo las cuales la coordinación entre potencias medias se convierte en alianza formal. Segunda, el análisis del poder regulatorio como forma de geoeconomía normativa, con particular atención a los efectos de difusión (o de fragmentación) del modelo regulatorio europeo. Tercera, la exploración de los modelos de «demoicracia» y gobernanza diferenciada más allá de Europa — en la Unión Africana, la ASEAN, el Mercosur y la CELAC — como laboratorios de integración cuyas lecciones permanecen insuficientemente estudiadas. Cuarta, el desarrollo de marcos analíticos que integren las perspectivas feministas, decoloniales y del Sur Global como fundamentos epistemológicos y no como complementos decorativos. Quinta, el estudio de las implicaciones de la inteligencia artificial generativa para la soberanía, la democracia y la distribución global del poder. Sexta, el análisis de los vínculos causales entre erosión democrática doméstica y debilitamiento de la cooperación multilateral, un campo donde la evidencia empírica es aún insuficiente. Séptima, el examen de las perspectivas latinoamericanas sobre el orden internacional — desde la autonomía relacional de Russell y Tokatlian hasta el regionalismo post-hegemónico de Riggirozzi y Tussie, pasando por el interregno de Sanahuja y el regionalismo à la carte de Quiliconi y Salgado Espinoza — como fuentes de innovación teórica y práctica para la gobernanza global.

15.6. Nota final

El orden liberal internacional fue, como dijo Carney en Davos, una ficción conveniente. Su fin no es una catástrofe sino una oportunidad — la oportunidad de construir un orden que no necesite ser ficticio para ser funcional, y que no requiera la conveniencia de unos pocos para merecer el apoyo de todos —. Las potencias medias, si actúan con la ambición estratégica, la humildad epistemológica y la honestidad sobre sus propias limitaciones que las circunstancias exigen, pueden contribuir decisivamente a esa construcción. Pero la honestidad analítica exige reconocer que esta proposición es una hipótesis que requiere verificación empírica, no una certeza. Las condiciones de viabilidad son identificables pero no están garantizadas; los recursos son considerables pero insuficientes por sí solos; los obstáculos son formidables y algunos de ellos — la velocidad de las transformaciones tecnológicas y ambientales, la fragilidad democrática de las propias potencias medias — pueden resultar insuperables. Lo que este documento puede ofrecer no es la certidumbre de que las potencias medias construirán un nuevo orden, sino la demostración razonada de que la empresa es teóricamente coherente, empíricamente informada y estratégicamente necesaria — y que el fracaso en intentarlo garantiza, con un grado mucho mayor de certeza, la prevalencia de un desorden que no beneficiará a nadie excepto a quienes disponen del poder bruto para imponerse —.

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