Sobre la cuestión de Irlanda del Norte, un territorio de 14.130 kilómetros cuadrados, y 1,88 millones de habitantes en 2019, es uno de los caballos de batalla dentro de la cuestión del Brexit, de la que iremos aportando documentos de estudio sobre el conjunto o partes del mismo, es la posible creación de una oficina técnica, una suerte de embajada de la Unión Europea en Belfast.
En definitiva, la salida del Reino Unido de la Unión Europea significaría que la frontera de la UE se ubicaría entre las dos Irlandas. Si al final de este proceso, el Brexit se llevara a cabo el 31 de diciembre de 2020, en caso de no establecerse prórroga ni alcanzarse acuerdo; es decir, en caso de Brexit duro, se establecería una frontera rígida y fija de 499 kilómetros de longitud, la misma que quedó fijada en 1922 con la independencia de Irlanda y que se había restañado a partir de 1973 cuando ambos Estados estaban en el Mercado Común. De no alcanzarse acuerdo y se siguiera adelante con un Brexit duro se socavarían los Acuerdos del Viernes Santo de 1998, que pusieron fin formal al conflicto que azota desde la década de los 60 del pasado siglo. El propósito ha sido hallar una solución mixta que prevé que Irlanda del Norte permanezca en la misma zona aduanera que el Reino Unido, pero que seguirá aplicando una parte completa de la legislación europea, incluso después del período de transición, porque, si nos fijamos en el fondo tenemos una suerte de frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido en el Mar de Irlanda.
Además, se prevé que las autoridades de Irlanda del Norte tendrán la posibilidad de votar y elegir por mayoría simple si desean seguir utilizando la legislación europea o no, cada cuatro años. Este procedimiento de consentimiento puede crear un factor adicional de inestabilidad, pero también convertirse en un factor que facilite la reunificación de las dos Irlandas a medio o largo plazo.
Tal propuesta cuenta con la oposición frontal del gobierno del Reino Unido, pero se busca por la Unión Europea, que se ve apoyada por la mayoría de los parlamentarios de Irlanda del Norte en Westminster, a los que cabría sumar quizás a los del SNP y otros diputados de circunscripciones como la de Escocia aunque pertenezcan a otras fuerzas políticas, y con ello preparen su ofensiva para proponer un segundo referéndum para desvincularse de la unión de Reinos que es el Reino Unido, recuperar su independencia como sujeto político y solicitar entonces la entrada en la Unión Europea. Para los parlamentarios de Irlanda del Norte es un elemento absolutamente fundamental para asegurar los derechos de los ciudadanos del Ulster, que podrían contar de esta manera con pasaportes británicos, pero también irlandeses, y como tales, de la Unión Europea. Para los diputados protestantes y por ende unionistas del DUP de Irlanda del Norte se trata de un elemento divisivo y se oponen a tal con tanta contundencia por lo menos como el gabinete dirigido por Johnson.
El conflicto de Irlanda del Norte: algunas consideraciones
Para seguir hablando de esta cuestión se hace preciso el abordar el Acuerdo del Viernes Santo, pero antes de llegar a él, y para entenderlo en el conjunto del Brexit y la construcción europea, creo que es preciso que hablemos de un elemento fundamental: las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y la República de Irlanda, construidas sobre la piedra angular puesta por Margaret Thatcher en junio de 1984, y que permitía superar el aspecto local a la hora de arrostrar al IRA.
El 15 de noviembre de 1985, al cabo de prácticamente un año desde que el IRA atentó en Brighton y que casi le costó la vida a la primera ministra, contra las instalaciones donde se desarrollaba el Congreso del Partido Conservador Británico, elemento central de la conciencia británica y de cómo se manifiesta ésta en el Estado-Nación, de la que hablaré más adelante, y alrededor de cuatro años más tarde del atentado con bomba contra los miembros del IRA en huelga de hambre, Margaret Thatcher firmó el Acuerdo Anglo-Irlandés con el carismático primer ministro irlandés Garret Fitzgerald, fue la plasmación del reconocimiento de la dimensión irlandesa en la política del Reino Unido en lo que a Irlanda del Norte se refería, y que la República de Irlanda era un elemento imprescindible en ella.
El 10 de abril de 1998 el ejecutivo liderado por Blair, los principales partidos norirlandeses y el gobierno de la República de Irlanda, entonces encabezado por Bertie Ahern firmaban en Belfast el Acuerdo de Viernes Santo, por el que la región de Irlanda del Norte encontraba al fin la paz, tras sufrir el conflicto europeo más destacado de la posguerra.
Recordemos también que fue clave el compromiso de todas las partes en unas negociaciones intensas y, cómo no, el alto el fuego de los diferentes grupos paramilitares con una supervisión del senador estadounidense del partido demócrata y entonces líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, en nombre de Estados Unidos. El proceso de integración en Irlanda del Norte, entre las comunidades católica nacionalista y protestante unionista se inició tras unas tres décadas de conflicto y más de 3.200 muertos en la región, pero este proceso dista de estar finalizado en estos 22 años. Es preciso señalar que el acuerdo dista de ser perfecto, pues es un acuerdo de máximos, y no estaba dotado de los medios adecuados para normalizar la situación en el Ulster.
En estos 22 años se pueden presenciar cambios en los actores afectados, es decir Irlanda del Norte, el conjunto del Reino Unido y la República de Irlanda. Para plantear la cuestión del Brexit y el impacto en la región conviene que empecemos por señalar que en la región del Ulster los partidos políticos al final alcanzaron un acuerdo para formar nuevo gobierno este enero pasado, tras tres años de cierre e inactividad del Parlamento de Stormont. Las últimas elecciones se celebraron en junio de 2017 dentro del contexto del arco marcado por el referéndum del Brexit y las elecciones anticipadas que llevaron a Theresa May a ser primera ministra. En Irlanda del Norte han ido configurándose nuevos equilibrios sociales sobre la base del crecimiento de la población que es nacionalista y reduciendo prácticamente hasta la eliminación la distancia cuantitativa del históricamente predominante lado sindicalista.
Arlene Foster, que lidera el DUP, recordemos siglas de Partido Unionista Democrático, fue nombrada primera ministra, y su segunda, investida prácticamente con los mismos poderes que la primera ministra, es la figura emblemática de la renovación del Sinn Féin, Michelle O’Neill. El mencionado Acuerdo de Belfast o de Viernes Santo de 1998 estableció las líneas del reparto de poder entre ambas comunidades.
El gobierno instaurado este año en la República de Irlanda
La República de Irlanda presenta la situación derivada de las elecciones del 8 de febrero de 2020, en las que el Sinn Féin ha pasado a ser el primer partido, estableciéndose un proceso para formar un nuevo gobierno en el que se ha visto perjudicado por lo inesperado de su posición final. El Sinn Féin ha logrado aunar en su candidatura el voto de una parte considerable de los descontentos en aspectos como el coste de la vida, la emergencia habitacional y el mal funcionamiento de la salud pública antes de la pandemia. No obstante, el hecho de no haber presentado suficientes candidatos en su lista electoral, 42, mientras que los dos principales partidos de Irlanda presentaron listas de 84 candidatos, supuso que su primer lugar en los sufragios (535.595 votos), con un 24,5% no se reflejara en la presencia en el Parlamento, quedando con 37 escaños, empatando a escaños con el Fianna Fáil de Micheál Martin (484.320 votos, 22,2%) y sacando dos escaños al Fine Gael de Leo Varadkar, que quedó con 35 escaños (455.584 votos, 20,9%). En las negociaciones para formar gobierno también entró el Partido Verde de Eamon Ryan que logró 12 escaños y 155.700 votos (7,1%). Para formar gobierno es preciso alcanzar los 80 diputados en el Dáil Éireann, que tiene 160 asientos. Los líderes del Fianna Fáil, el Fine Gael y el Partido Verde (84 diputados en total) acordaron un borrador de programa de gobierno y que la figura del Taoiseach o primer ministro sería rotativa entre Micheál Martin y Leo Varadkar, quedando así excluido el principal partido de Irlanda, el Sinn Féin, cuyas condiciones para su participación en el gobierno incluían la solicitud de la organización de un referéndum sobre la reunificación de la isla para 2025. La cuestión de la reunificación se presenta de una manera más consensuada en la República de Irlanda que en Irlanda del Norte, pero realmente tan sólo el Sinn Féin lleva un mensaje voluntarista sobre el objetivo de la reunificación de las dos Irlandas. La idea misma de que se le dejara fuera del gobierno en este contexto indica por parte de los partidos que han formado gobierno poca voluntad de proceder a este escenario.
Así que, debido a varios factores, los riesgos de un referéndum a corto o medio plazo y, por tanto, de reunificación son bastante bajos. Por un lado, el apoyo a la reunificación sigue siendo demasiado bajo en Irlanda del Norte, a pesar de un aumento notable del apoyo a esta hipótesis en las encuestas de opinión, que esto es indiscutible, y que quieren jugar la carta de la Unión Europea para lograr este fin si entre la opinión pública se van mostrando más acordes con este escenario a medida que se consolide. Y, por otro lado, hay demasiadas incertidumbres sobre la forma que podría tomar esta reunificación.
No obstante, el Reino Unido debe ser perfectamente consciente de que ha de afrontar un doble escenario en lo que se refiere a los irlandeses, pues se suma la disminución de población unionista (pro británica) en Irlanda del Norte, y el crecimiento de nacionalistas en el conjunto de toda la isla que desean ver la unidad política de la isla bajo la República de Irlanda, a pesar de ser hasta el momento un objetivo a medio o largo plazo, pero la crisis, la pandemia de Covid-19 y un gobierno cuestionado y con acento marcado en la población de Irlanda en la unidad política de la isla puede llevar a activar la carta nacionalista para reafirmarse en el poder, a lo Helmut Kohl y con ello cohesionar su poder. Es decir, hagamos nosotros la reunificación con nuestros pactos con el Reino Unido, antes de que lo haga el Sinn Féin. Se suma el hecho de que en el referéndum de 2016 Irlanda del Norte votó permanecer en la Unión Europea con un 56%, mientras que en Escocia la cifra alcanzó el 62%, algo que dista del sí al Brexit del 51,7% de Gales y el 53,2 % de Inglaterra.
El impacto del Brexit en Irlanda del Norte
Si nos decidimos a ampliar la instantánea del referéndum del Brexit en Irlanda del Norte tenemos una serie de datos que merecen observarse entre dos comunidades que conviven, pero separadas y con cierta tensión entre ambas. Así, el 60% de los protestantes de Irlanda del Norte apoyaron el Brexit, mientras que el 85% de los católicos apoyaron el Remain.
Estos resultados en Irlanda del Norte, como conjunto, cabe entenderlos en clave de los cambios permitidos por Europa sobre el "borrado" de la frontera, en particular con los programas "INTERREG", dotado, por ejemplo, con 810 millones de euros entre 1991-2010, y también con el programa sobre pacificación con la iniciativa "PEACE" de la Comisión Europea, financiando por valor de 1.600 millones de euros para 1995-2020. Se trata, en definitiva de una serie de actuaciones por parte de la Unión Europea en diversos proyectos, aquí hemos mencionado dos, para acercar a las diferentes comunidades y que han tenido un impacto económico considerable.
Si nos fijamos en las últimas elecciones generales, de 2017 y 2019, también percibimos un aumento en el poder de los republicanos, incluso con acuerdos con los partidarios del Remain, y percibimos que la brecha entre el partido unionista, el DUP (partido pro Brexit para mantener la unidad y el Estado), y el partido nacionalista nunca ha sido tan escasa ni se habían visto los últimos resultados.
Antes de pasar a la cuestión de Escocia y por cerrar Irlanda del Norte, tenemos el indicador de las elecciones ganadas por Boris Johnson el diciembre de 2019. En esas elecciones y con el contexto del Brexit, por primera vez en las demarcaciones de Irlanda del Norte se eligieron más diputados republicanos que unionistas, donde el Partido Unionista Democrático o DUP perdió dos escaños, incluido el histórico del norte de Belfast, en manos de unionistas desde su creación en 1885 y desde 2001 en manos de Nigel Dodds, que le fue arrebatado por el alcalde de Belfast, el republicano John Finucane, del Sinn Féin, e hijo de Pat Finucane, abogado asesinado por los paramilitares anglicanos, leales a la Corona y al Reino Unido. Tanto el Sinn Féin como el SDLP alcanzaron victorias impresionantes e históricas en toda Irlanda del Norte, en una línea doble: permanecer en la Unión Europea y reunificación con la República de Irlanda, en una estrategia que construyó una alianza entre el Sinn Féin, el SDLP y el Partido Verde y con el eje en mantenerse en la Unión Europea.
Siguiendo lo establecido en el Acuerdo del Viernes Santo, la ley del Reino Unido preveía explícitamente la celebración de un referéndum. La Ley de Irlanda del Norte de 1998 establece que "si en algún momento parece probable que la mayoría de los votos exprese el deseo de que Irlanda del Norte deje de ser parte del Reino Unido y desee ser parte de una Irlanda unida", el Secretario de Estado pasaría a emitir una orden en el Consejo que permite un escrutinio. Quizás se está llegando al punto en ambos lados de la frontera para encarar un proceso de reunificación de Irlanda, aunque hay factores que conviene tener presentes: la República de Irlanda ha sido una economía en el aspecto macroeconómico que ha resultado dinámica y competitiva, registrando unas tasas de crecimiento muy destacadas, de hecho, las más altas de los últimos cuatro años de la Eurozona. Irlanda del Norte presenta una economía subsidiada por el Estado, con un sector público que representa el 60% del PIB de la región. Esta cuestión puede tener una doble lectura, que quizás se ha manifestado en el resultado del Brexit y de las últimas elecciones para Westminster. Mientras para los protestantes es suficiente argumento para mantenerse en el Reino Unido y utilizarse como aliciente en su pugna con la comunidad republicana irlandesa, para los católicos por el contrario es un estímulo más para buscar la reunificación con Irlanda y abandonar el Reino Unido. El lector interesado puede profundizar con un informe de los datos del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea en Irlanda del Norte elaborado por la Northern Ireland Assembly, en cooperación con la Queen’s University Belfast, The Open University y la Ulster University, liderado por John Garry.
Recordemos que hay un movimiento de fondo que puede marcar un crescendo cada vez más marcado. Hablo del autoproclamado Nuevo IRA. En el contexto del Brexit, los republicanos han instrumentalizado como una suerte de nuevo punto de apoyo para una estrategia basada en el terror. Desde el 2014 el MI5 monitorea ataques en Irlanda del Norte, tal y como se recoge en noticia del Belfast Telegraph, o la BBC. A pesar de que el Nuevo IRA se formó en 2012, se le han atribuido la autoría de varios asesinatos, como los de los dos guardias de prisión, David Black y Adrian Ismay. No obstante, los tiempos son diferentes, y el asesinato que más atención centró en el Nuevo IRA fue el de Lyra McKee durante una oleada de protestas en el barrio de Creggan en Londonberry, barrio este donde se daría otro incidente relacionado con el Nuevo IRA el 10 septiembre de 2019, al hallarse en las cercanías de una comisaría varios artefactos explosivos. A ello se sumó que el 19 de agosto de 2019 una bomba explotó en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La última acción atribuible corresponde al 4 de diciembre de 2019 cuando una granada detonó al paso de un patrullero en el oeste de Belfast. Es decir, de 1969 a 2002, hubo 3.349 muertes (incluidos 2.392 civiles, 302 policías y 655 militares). Desde 2002, es decir, cuatro años después de la firma del Acuerdo del Viernes Santo, todavía hay cerca de un centenar de muertos vinculados al conflicto, y con cierto repunte de actividad desde 2014.
Al respecto, el Reino Unido planteaba en septiembre de 2020 prescindir de la legalidad internacional, y del principio del derecho que afirma pacta sunt servanda, es decir que los pactos obligan, y que pretende vulnerar este principio del derecho fundamentado en la norma estructural del ius cogens, en una reformulación de la fase final, aún admitiendo que esta acción vulnera el derecho internacional. Su idea se centra en no aplicar de forma unilateral el Protocolo sobre Irlanda del Norte fechado el 27 de enero de 2020, que forma parte del Acuerdo de Salida negociado por el francés Michel Barnier el 17 de octubre de 2019. El pretexto aducido por Londres es la del mantenimiento de la integridad del mercado interior británico ante injerencia europea, que no norteamericana, y además, pretende asegurarse en caso de un no un ruptura de Londres que sitúe al Reino Unido bajo las normas básicas establecidas por la OMC. En un apartado más abajo hablaremos de una manera más detenida al respecto de este punto.
Conclusión del apartado
En el caso de Brexit duro, es decir sin un acuerdo, el restablecimiento ya mencionado de los controles fronterizos, implicaría un primer impacto en la libre circulación de los ciudadanos británicos e irlandeses. Se estiman en unos 110 millones de cruces de personas y 72 millones de vehículos cada año. Si se reintroducen los derechos y controles de aduanas el comercio tendrá un doble impacto evidente: será menos fluido y más costoso, cosa que tendrá un impacto en las economías irlandesa y británica, que comparten ciertas sinergias.
La situación actual se desenvuelve dentro del contexto negociado llamado la "barrera" o la "red de seguridad", una propuesta de la UE introducida en noviembre de 2018 por la que el Reino Unido permanece en la unión aduanera como solución provisional hasta que se adopte un acuerdo comercial entre las dos Irlandas. Esta cuestión fue rechazada por los diputados británicos, lo que provocó la caída del gobierno de Theresa May. A continuación llegó el 17 de octubre de 2019 el acuerdo alcanzado por el nuevo Primer Ministro, Boris Johnson (desde julio de 2019) que contempla que los bienes producidos en Irlanda del Norte entren en la UE sin controles, y que los productos del resto del Reino Unido o de fuera de la UE sean controlados en el Mar de Irlanda en todos los puntos de entrada, creando de esta forma en realidad una nueva frontera marítima de facto.
Escocia ante el Brexit. Primer escenario
En lo que respecta a Escocia, el 29 de enero de 2020 el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el acuerdo alcanzado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De manera prácticamente consecutiva, el Parlamento de Escocia aprobaba la solicitud de un nuevo referéndum sobre la independencia con 64 votos a favor y 54 votos en contra, y acordó mantener la bandera de la Unión Europea ondeando a la entrada de Holyrood, la primera ministra, Nicola Sturgeon afirmó que “la independencia es un medio para moldear nuestro futuro y construir una Escocia mejor”.
Obviamente, el primer ministro del Reino Unido ha rechazado las demandas escocesas encaminadas hacia un nuevo referéndum de independencia, pero Sturgeon se reafirma en que su partido, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) tiene un mandato ineludible e inequívoco para celebrar un segundo referéndum, y que Londres no puede mostrarse sordo a esta incuestionable realidad.
Recordemos que el primer referéndum sobre la independencia de Escocia se celebró el 18 de septiembre de 2014 con el liderazgo de Alex Salmond, pero que resultó en una derrota para los independentistas escoceses, que comprobaron cómo el 55,30% de los votos era negativo a abandonar el Reino Unido, pero quedando supeditada tal pertenencia a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. David Cameron, pero comprobó algo que hacía tiempo que se estaba fraguando dentro del Reino Unido, la demanda de mayores poderes para todas las naciones que lo componen: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.
En diciembre de 2019 Nicola Sturgeon trasladaba a Johnson el deseo de pedir un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, sobre la premisa evidente de que los escoceses no quieren en modo alguno abandonar la Unión Europea. A esta demanda Londres replica que no es el momento y que todo ello no es más que una distracción innecesaria y que afecta negativamente al conjunto del Reino Unido. Sturgeon, como hemos visto, decide presentar su proyecto de ley en Holyrood, que es apoyado por la cámara el 29 de enero y Escocia consagra con esta acción legal su derecho a un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, esta vez sobre la base por la que, precisamente en 2014 fue derrotada: la Unión Europea. Dado que el Reino Unido abandona la Unión Europea, y fue el caballo de batalla que decidió el primer referéndum en un sentido negativo, ahora precisamente el sí a la independencia es el sí a la Unión Europea. Esta decisión se vio, además, refrendada por los resultados del Partido Nacional Escocés, que logró 48 escaños en las elecciones ganadas por los conservadores de diciembre de 2019.
La cuestión de la Covid-19 es también un factor que conviene que sumemos a las variables. Si la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva ya solicitó una extensión del periodo de transición para cooperar en la lucha contra la incertidumbre económica tras la primera oleada global de la Covid-19, el escenario que abre una segunda oleada en Europa y Estados Unidos, con una fase de mayor dureza en el binomio otoño-invierno, están sobre la mesa. Sobre el escenario mencionado por Georgieva recomiendo encarecidamente, para el lector interesado, el estudio del documento del Gobierno de Escocia al respecto, que se considera esencial y sobre el que se extiende en unas 61 páginas, fechado el 3 de junio de 2020. En ello ha insistido Michael Russel, secretario del Gabinete de Escocia, quién pidió una prórroga en las negociaciones de dos años, con la finalidad de que los escoceses y su economía se hallen en la tesitura de tener que hacer frente tanto a la emergencia global, que como vemos los previsiones se endurecerán en sus consecuencias y nefastas resultados sobre muchos indicadores fundamentales para la economía, el empleo y el conjunto de la sociedad, es que además pende la amenaza de un Brexit duro. Añadió Russel que el gobierno de Johnson debería tomarse más en serio las solicitudes de los gobiernos de las naciones británicas, en particular la de Escocia.
Es evidente que el choque entre Edimburgo y Londres está servido, y aumentará en intensidad a medida que avance el tiempo, convirtiendo a Edimburgo en un actor creciente en la política británica, no ya en Gran Bretaña, más allá, tanto en este lado del Canal de la Mancha y en su proyección en el Atlántico Norte y el Ártico, y que ha de conducir a un choque en forma de demandas de independencia sincronizado con las comunidad nacionalista católica de Irlanda del Norte. De todas formas, tendremos ocasión de hablar más al respecto en siguientes documentos en otro contexto de análisis.
No obstante, aunque no sería técnicamente el mismo caso, ya que el referéndum de independencia de Escocia se daría ya con el Reino Unido totalmente desvinculado de la Unión Europea, es cierto que el precedente de Cataluña supone una losa difícil de obviar en términos pragmáticos y certeros para los independentistas escoceses, si quieren valorar correctamente la situación. Es un elemento con el que deben contar, tal y como también está la cuestión de Flandes en Bélgica o de los corsos con Francia, entre otras varias.
Foto de portada: Un camión de mercancías sale del puerto comercial del puerto de larne, irlanda del norte | Charles McQuillan / Getty Images. Imagen usada sin fines comerciales.
